Caso mochilas lleva a Leyes a celdas de la Felcc y su partido ve consumarse golpe

“¡Detención ilegal, detención ilegal, viva Bolivia!”, gritaba José María Leyes desde el bus policial que lo transportaba desde la Fiscalía Departamental de Cochabamba hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Alalay. Habían pasado pocos minutos de las 18:00 y en el atardecer del centro cochabambino aún picaba la garganta al respirar el resto de los gases lacrimógenos. Leyes, el alcalde de los Demócratas, salía sonriendo: su profecía se había cumplido: no quedaría en libertad tras declarar por la compra de 92.000 mochilas con un supuesto sobreprecio de Bs 10 millones. De hecho, Leyes no declaró. Se abstuvo, pero el fiscal anticorrupción ordenó su detención por posible obstaculización de la investigación.

Un día agitado
Parecía que Leyes quería que el viernes fuera interminable. Comenzó la jornada a las 6:45 con una conferencia de prensa en la que se denunció un plan de fiscales para favorecer a su predecesor Edwin Castellanos, por el proceso que le siguen por el derrumbe de un puente que costó Bs 14 millones. Luego, debió presentarse ante el juzgado que lleva el caso mochilas para la apertura de las computadoras incautadas la última semana de la Secretaría de Desarrollo Humano. 

Fue como un calentamiento para lo que sucedería en la tarde: los seguidores de Leyes cercaron el juzgado, forcejearon con la Policía, que respondió rociándolos con gas pimienta. Por la tarde, no fueron tan ‘quirúrgicos’ con el gas. Cargaron con todo.

A las 15:00, dos horas antes de la declaración de Leyes, la Fiscalía estaba completamente cercada. Unos 20 policías antimotines resguardaban la puerta para que comerciantes, funcionarios municipales, transportistas y simpatizantes de Demócratas no cayeran en la tentación de ingresar.

A las 16:00, el grupo más organizado de seguidores de Leyes se hizo presente con tres muñecones destinados a la pira. Uno representaba a Rocío Molina, la concejala masista que presentó la denuncia contra Leyes; otro a Celima Torrico, la concejala que creen que sucederá a Leyes, y el tercero al vicepresidente Álvaro García Linera, de quien suponen está detrás del caso.

Tres cuartos de horas más tarde, Leyes entró a la Fiscalía sonriente, con los brazos levantados en señal de victoria, consciente de su destino: quedar detenido.

Afuera, en la hora que separó el ingreso del alcalde al anuncio de la detención, todo se fue calentando. Primero ardieron los muñecones en medio de insultos para los que representaban: chola, para Torrico; birlocha, para Molina, e ‘imilla’ para García Linera. A medida que la hora del anuncio de la detención de Leyes se acercaba, sus seguidores más jóvenes explotaban petardos de 12 tiros cada vez más seguido, como si se tratase de las contracciones que preceden a un parto. No los disuadió que, accidentalmente, hayan impactado en un grupo de discapacitados que apoyaba al alcalde: los cohetes siguieron.

Tampoco importó que la detención de Leyes era muy previsible. Las computadoras que se habían abierto por la mañana en el juzgado, según denuncias de funcionarios municipales, fueron borradas el fin de semana anterior, lo que derivó en otro proceso por obstaculización de la justicia y encubrimiento. El propio Álex Contreras, secretario ejecutivo de Leyes, admitía que este caso es distinto a los otros 21 juicios abiertos contra su jefe, que esta vez se metió el Ministerio de Justicia y que había un plan para encarcelarlo por haber acompañado al gobernador Rubén Costas a La Haya.

Cinco minutos antes de conocerse la decisión del fiscal, los discapacitados se retiraron de la cabecera de la protesta. Los petardos estallaban uno sobre el otro, provocando una lluvia de cartón quemado sobre los que estaban en la calle. Los jóvenes que estaban al otro lado de la calle, frente a frente con la Policía, comenzaron a tirar los cartuchos vacíos a los uniformados. Cuando se acabaron, continuaron con piedras y cuando los antimotines respondieron con gases lacrimógenos, todos corrieron, atropellando niños y venteras ambulantes que no podían evadir el gas ni el llanto ni el ahogo. Ahí la Policía estableció un perímetro y dispersó a los seguidores para poder transportar a un sonriente Leyes que salió jurando su inocencia, denunciando detención ilegal y gritando “viva Bolivia”.

“Golpe municipal”
En el momento en que Leyes llegaba a las celdas de la Felcc, sus secretarios se encontraban reunidos en la Alcaldía para preparar un comunicado. “Queremos denunciar el abuso, el atropello y la arbitrariedad con la que se ha actuado”, decía un parsimonioso Ricardo Pol, secretario general de la comuna. “Se ha producido un golpe de Estado orquestado, planificado y ejecutado por el MAS”, dijo Álex Contreras. 
Pol, con mueca de asco, dijo que estamos en manos de una justicia corrompida y podrida, y explicó que Leyes se abstuvo de declarar “para no exponerse a distorsiones” y que no tiene asidero la detención preventiva porque no hay cómo Leyes interfiera en la investigación. Ahora, el fiscal tiene 24 horas para pasar a Leyes a disposición de un juez y este tendrá otro día para llevar al alcalde a una audiencia de medidas cautelares. Hasta el final de la tarde del domingo se sabrá si se defenderá en libertad o tendrá que buscar la forma de gobernar desde la cárcel.

Desde el Valle

Comunicado demócrata
Demócratas salió en defensa de Leyes, que es su segundo vicepresidente. A través de un comunicado, consideró que esta es una muestra más de la persecución judicial contra los opositores y que ha sido aprehendido por decisión política. 

Un secretario investigado
Hasta ahora, el caso mochilas ha cortado una cabeza en la administración de Leyes: la del secretario de Atención Ciudadana José Miguel Padilla. El abogado pidió vacaciones y luego renunció a su cargo, y el mismo alcalde pidió que sea citado a declarar, pese a que es su amigo.

Denuncian la exclusión del abogado de confianza del alcalde en la audiencia de apertura de pruebas

Para José María Leyes, las dificultades que enfrentó ayer empezaron en la mañana, poco después de las 9:00, cuando al asistir a la audiencia de apertura de pruebas recabadas por la Fiscalía en el caso mochilas, la Fiscalía excluyó como abogado defensor a Sergio Coca, hombre de confianza del alcalde. Así lo denunció el munícipe poco después del mediodía, luego de que la justicia declaró la audiencia en cuarto intermedio.

"El MAS me deja sin mi abogado de confianza, la juez, en audiencia impide que me defienda mi abogado y se trae abogados de Defensa Pública. No solo me enjuician con mentiras, sino que me prohíben tener abogado defensor de mi confianza”, denunció Leyes en su cuenta de Twitter.

Ya de por sí la audiencia de Leyes en oficinas de la Fiscalía había despertado el malestar de sus seguidores, pues en un primer momento supusieron que se trataba de alguna maniobra judicial para apresarlo antes de las 17:00, hora prevista para su declaración en la investigación. 

Entonces, los micreros y los gremialistas, que un día antes habían recibido la promesa de Leyes de beneficiarse con el derecho propietario de sus puestos en los mercados de Cochabamba, se movilizaron alrededor de la Fiscalía desde la mañana. 

"Se ha excluido a mi persona indicando que yo soy partícipe del hecho, cuando el año 2017 yo no fungía como servidor público", se quejó el abogado Sergio Coca.

El jurista dijo que la notificación judicial respectiva se le entregó durante la apertura de documentos y computadoras secuestrados, que se inició en horas pasadas.

Así las cosas, la jueza del Juzgado Anticorrupción Primero de Cochabamba, Sara Céspedes, determinó por la tarde un cuarto intermedio en la audiencia para desprecintar el material decomisado el 12 de abril de la Alcaldía de Cochabamba. 

El periódico cochabambino Opinión reveló que en la sesión para desprecintar el material solo participa el perito del Ministerio Público, dejando a la Alcaldía en “clara indefensión técnica”.

La audiencia de pruebas en la que se revisarán los 14 equipos de computación secuestrados por la Fiscalía con fines investigativos continuará la siguiente semana.