Representantes de dos empresas fueron enviados a la cárcel en la investigación del caso

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19 de enero de 2019, 9:00 AM
19 de enero de 2019, 9:00 AM

La médica Fanny Mollendo fue una de las primeras implicadas en el caso Anapol que fue remitida a la cárcel. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó ayer que encontraron más de un millón de bolivianos en su cuenta bancaria.

Mollenda fue enviada al centro de orientación femenina de Obrajes, tras ser acusada de ofrecer a los postulantes a la Anapol el ingreso irregular, a cambio de dinero. Previamente, en su casa se encontró 211 mil bolivianos y 2.500 dólares, además de certificados ya firmados.

El coronel Aguilera informó que otras personas, y específicamente la hermana de la implicada, pretendieron retirar el dinero de esa cuenta y por ese motivo, la policía procederá a su aprehensión.

Además, relató que la hermana avalaba las pruebas del proceso de admisión y que tiene la profesión de oftalmóloga”, relató el director.

Fanny Mollendo participaba por tercera vez consecutiva en el proceso. Era la doctora encargada de las evaluaciones médicas a los jóvenes.

Mientras tanto, Luis F.D.J y Juan D.G.M, representantes de las empresas Anstrangung y Sipcoes, las cuales se adjudicaron la elaboración de exámenes de ingreso para la Academia Nacional de Policía (Anapol) y la Escuela Básica Policial (Esbapol), este viernes fueron enviados al penal de San Pedro con detención preventiva.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que los delitos por los que son procesados estos implicados son asociación delictiva, receptación proveniente de delitos de corrupción, incumplimiento de contratos, información privilegiada y falsedad material.

En diciembre de la gestión pasada, Ruth Nina, representante de las esposas de los policías, denunció que se alteraban notas en el examen de conocimiento y resistencia física de la academia de policías, esto con la finalidad de favorecer a aproximadamente 350 postulantes. Tras ello y luego de que el Ministerio Público y la Policía con las investigaciones del caso, se pudo constatar que existió una organización criminal que manipulaba los documentos de admisión y realizaba cobros irregulares.