POLÍTICA

Candidatos al Supremo y al Constitucional prometen tareas que no les competen


Desde ‘vivienda digna’ hasta cuestiones que necesitan el cambio de alguna norma o que son funciones del Consejo de la Magistratura. Los analistas consultados ven falta de ubicación o que los candidatos fueron empujados a un rol complejo

El TSJ tiene como principal atribución revisar los fallos de los tribunales departamentales

01/11/2017

Se los escucha todos los días en la radio. Son ocho candidatos -cinco mujeres y tres hombres- y dos de ellos tendrán sillón asegurado en el Tribunal Supremo de Justicia o en el Tribunal Constitucional después de las elecciones del 3 de diciembre.  Eso sí, cuando asuman sus cargos en enero del próximo año, difícilmente  podrán cumplir sus promesas electorales. Por más voluntad y compromiso que  tengan, honrar sus ofertas  no dependerá exclusivamente de ellos. No está en sus manos, sino que dependerá de otras autoridades. 

Según los analistas consultados, los postulantes cruceños a jueces del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional ofrecen cosas que corresponden al Órgano Ejecutivo, que deben ser resueltos a través de leyes del Órgano Legislativo y, si corresponden al Órgano Judicial, dependen del Consejo de la Magistratura y no de los máximos tribunales de justicia del país. “Lo único que de verdad podrían ofrecer los candidatos es ser probos, no corromperse al llegar a su tribunal”, opinó Joadel Bravo, abogado penalista  y exfiscal. 

Con voz propia
La cuña radial del Tribunal Electoral Departamental define al Tribunal Constitucional Plurinacional como el garante, contralor e intérprete de la Constitución Política del Estado, cuyas normas son de cumplimiento obligatorio. 

Para esta institución se postularon Carlos Alberto Calderón Medrano, Isidora Jiménez, Tania Cabrera y Lesly Cedeño, que tienen promesas de reformas al tribunal abriendo salas especializadas departamentales, cambiar la justicia o combatir la corrupción, acciones que dependerán, sobre todo, del Consejo de la Magistratura en algunos de los casos, y en otros se necesitará una reforma de la Ley del Tribunal Constitucional para incluir los tribunales departamentales especializados.

A esto se suma las promesas que corresponden a otros órganos del Estado, como proteger el derecho a la vivienda digna o defender a la familia con valores y principios. Para Bravo, el tema de vivienda depende del Órgano Ejecutivo.

Incluso la difusión de méritos es dispareja. Mientras unos candidatos recitan su currículum  otros tratan de ganar votos con su lugar de nacimiento o haciendo referencia a sus orígenes humildes.

Gualberto Cusi, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional que resultó elegido en los comicios judiciales de 2011, recuerda que en esa elección no les permitieron hacer ninguna promesa. “Por ese entonces no podíamos ofrecer nada. A mí me han votado por ver mi cara. Eran coyunturas distintas, cuando estaba  en ascenso la visión indígena y la gente sin conocerme me votó. No podíamos hacer nada y la población votó por lo que le dijo un partido político”, confiesa.  
En su opinión, para que el voto sea de verdad consciente los electores deberían saber cómo eran los candidatos en su trabajo antes de postularse, si eran “abogados sacaplata que hacían llorar a los más pobres” o si de verdad tenían “sensibilidad humana”. Cree que toda elección política convierte a los seres humanos en estafadores y mentirosos, porque los obligan a prometer cosas que difícilmente podrán cumplir.

En el Supremo

La cuña radial del TED define al Tribunal Supremo de Justicia como la máxima instancia de la justicia ordinaria, encargada de revisar los fallos emitidos por los tribunales departamentales de justicia. En la Ley 025, que reglamenta su funcionamiento, se separa claramente sus funciones de las del Consejo de la Magistratura. Mientras el TSJ imparte justicia y puede proponer leyes que se apliquen en el ámbito de la justicia ordinaria, el Consejo se encarga de la parte administrativa, de seleccionar jueces y destituirlos en casos de corrupción. Los dos confluyen en el nombramiento de los vocales de los Tribunales
Departamentales, cuya terna es sugerida por la Magistratura y votada por el Supremo. 

Sin embargo, los candidatos William Tórrez, Olvis Égüez, Lizeth Choquerive y Lourdes Ardaya, proponen reformas que, según analizan Cusi y Bravo, corresponden más al Consejo de la Magistratura que al Tribunal Supremo de Justicia. Hay una especie de matriz común a los cuatro candidatos. Todos se refieren a luchar contra la corrupción, a implementar un sistema meritocrático de jueces y a modernizar la justicia a través del uso de tecnología. 

“Están prometiendo cosas que no son sus competencias. Estos señores están equivocados y deberían postular al Consejo de la Magistratura. Si hay candidatos desubicados ahora, cómo será cuando sean elegidos. Imagínese, van a llegar a su tribunal y van a estar igual”, vaticina Cusi.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia sí tiene la potestad de presentar proyectos de ley para el funcionamiento de la justicia ordinaria, por lo que el defensor del litigante, una de las propuestas  realizadas, sí podría hacerse efectiva, aunque ya figura en el ordenamiento jurídico y es parte de los nuevos códigos aprobado por la Asamblea Legislativa. 

Para Bravo, tal vez la explicación esté en que los postulantes se han quedado con las viejas atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, antes incluso del Consejo de la Judicatura, cuando administraba tanto los recursos como los nombramientos judiciales de todo el país. 

Eso no quiere decir que considere las propuestas fuera de lugar. Bravo cree que es necesario que se implemente el expediente electrónico y las salas constitucionales departamentales, cree que serán muy útiles, lo único es que su implementación no depende de estos dos tribunales, que se encargan de administrar justicia ordinaria y constitucional.

Costas dice que elecciones judiciales están "fraguadas"
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, criticó la realización de las elecciones judiciales y señaló que la organización política que encabeza rechaza este proceso. Además aseguró que existe molestia en el Gobierno por las críticas que llegan desde diversos sectores de la población. Las declaraciones de Costas se dan luego de que el lunes se viera a operadores políticos de Demócratas en un debate de candidatos judiciales. 
"Los opositores, la prensa, la Iglesia molestamos a los que concentran el poder y la justicia. Demócratas rechaza estas elecciones judiciales fraguadas", escribió Costa en su Twitter.
También se refirió al segundo aguinaldo, beneficio que este año no se pagará y que Costas espera que en el futuro la medida no se use políticamente.  

Promesas de campaña

Willian tórrez - TSJ
“Propongo lucha frontal contra la corrupción, lucha frontal contra la retardación en la administración judicial, independencia, acceso y modernización total de la justicia”. 

Isidora jiménez-TCP
“Decidí ingresar al Cema para salir bachiller. (...) Mi propuesta es defender a la familia con valores y principios, garantizar el derecho de la vivienda digna”.

Lizeth choquerive - TSJ
“Quiero cambiar la justicia, remitiendo el proyecto de ley del defensor del litigante, dignificando la carrera judicial con meritocracia, y modernizando la justicia”.

Lesly Cedeño - TCP
“He apoyado la defensa de las mujeres, desde la Casa de la Mujer he conocido el difícil acceso a la justicia. Propongo, humanizar el Tribunal Constitucional”.

Advierten con purga en el MAS
La dirigencia del MAS advirtió que promoverán la expulsión de los militantes que realicen actos de proselitismo en los foros de candidatos judiciales que realizarán los movimientos sociales.

Asimismo aseguraron que existe un afán de desprestigiar al Gobierno con falsos documentos de apoyo a postulantes.

La reacción surge luego de denuncias que aseguran que grupos del MAS organizan foros solo para algunos postulantes, discriminando a otros. 



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