Los pobladores dicen que los agresores eran protegidos por la Policía, la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Hay tres denuncias, pero habría más casos. Amenazaban a las víctimas con publicar fotos o matar a sus familias

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20 de enero de 2019, 10:17 AM
20 de enero de 2019, 10:17 AM

El médico que es acusado por el delito de violación agravada, hecho denunciado por varias víctimas del municipio de Mairana, fue detenido ayer en territorio brasileño luego de un trabajo coordinado entre los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz y los equipos de seguridad del vecino país.

La información sobre la detención del galeno Robert Mendoza Guzmán fue confirmada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que felicitó el trabajo policial y la cooperación de los agentes brasileños. “La Policía boliviana ha estado en permanente coordinación con la Policía brasileña para lograr la detención de esta persona en territorio brasileño”, apuntó la autoridad.

Mendoza, que en el momento de ser interceptado por los policías vestía pantalón jean, zapatillas deportivas, una polera sin cuello y una camisa manga larga, además de una gorra, se había quitado la barba y su aspecto físico era distinto al de la fotografía que la Policía hizo circular, donde se lo identificaba como una persona prófuga de la justicia y que estaba siendo buscada.

Los primeros informes dan cuenta de que el galeno estaba en Porto Velho, en la ciudad de Guajara-Mirim, que es parte del estado brasileño de Rondonia. Videos del momento de la llegada de Mendoza hasta Guayaramerín, población boliviana fronteriza con la comuna del vecino país, muestran a agentes policiales bajando al detenido de una lancha que utiliza la gente de la zona para cruzar de un lado al otro el río Mamoré.

A su llegada, los medios de comunicación no recibieron mayores informes sobre la captura de este acusado de violación, ni tampoco el hombre hizo ningún tipo de declaración.

Se espera que hoy llegue hasta nuestra capital para responder ante las autoridades por la investigación sobre las múltiples violaciones denunciadas en Mariana y que no avanzaban por supuestas presiones que recibían las autoridades de la zona.

Desde el lugar de las denuncias

Cuando un grupo de pobladores se aprestaba a viajar a Santa Cruz para protestar en la Fiscalía por las irregularidades en las investigaciones de los casos de violación en Mairana, según N.N., hermana de una de las víctimas, uno de los sindicados se reía de ellos.

“Esa familia tiene mucha influencia con las autoridades en Mairana y los pobladores nos sentimos amedrentados. Ese día terminamos yendo a Santa Cruz unas 35 personas, la mitad de las que se habían comprometido. Incluso el conductor del micro, que solo nos iba a cobrar la gasolina, al ver que miembros de esa familia nos miraban, desistió de llevarnos”, aseveró la joven.

El abogado Bello M., además de su hermano Selim M. y su sobrino Jhonny M., fueron sindicados en 2016 de la violación a una adolescente que entonces tenía 16 años.

Ese es uno de los tres casos con denuncia contra esa familia, según explicó el fiscal departamental Mirael Salguero. Las otras denuncias son contra el médico Robert Mendoza (hermano del abogado) y el farmacéutico Rubén D.G.Ch.; y el tercero es contra un primo del médico y del abogado, Eliseo G.G., por abusar de una menor de 14 años, que dio a luz a una criatura suya fruto de la violación, caso que se encuentra en etapa de acusación y el imputado está con libertad bajo medidas sustitutivas.

Lo que dicen los pobladores

A la pregunta: ¿cómo es que estos casos ‘explotaron’ recién gracias a la difusión de un video de uno de los abusos?, en un sondeo realizado por EL DEBER a 10 personas en Mairana, coincidieron en que los miembros de este clan familiar denunciado por los casos de violación apelaban a dos estrategias para mantenerse impunes: hacer amistad con las autoridades locales y amedrentar a las víctimas que se animaban a denunciarlos.

La costumbre de invitar churrascos y compartir reuniones con autoridades locales, principalmente de la Policía y la Fiscalía, puede no tener nada de malo, dice N.N., pero si se toma en cuenta que estos sujetos debían ser investigados por las autoridades a las que invitaban, la figura cambia.

“De esa forma, cuando había alguna denuncia contra ellos no prosperaban porque las autoridades eran sus amigos y los protegían”, señaló uno de los sondeados, que pidió no ser identificado. Refirió con exactitud, y varias personas lo corroboraron, que el médico Mendoza, el que sale en la filmación de una violación en su centro médico, se hace ‘amiguísimo’ de los comandantes de la Policía que son asignados al lugar.

Los padres de la chica de 15 años que logró filmar el abuso que le cometieron antes de quedar inconsciente, señalan que la fiscal que conoció el caso, Aidé Banegas, los increpó por buscarse una abogada diciéndoles que “eso se podía arreglar aquí”.

Para la abogada Darly Franco y pobladores que acompañan las protestas de las víctimas, esa es la explicación que se puede tener a que las denuncias contra esa familia no prosperen en la Fiscalía y que, en este último caso, por ejemplo, la fiscal Banegas no haya realizado ninguna acción investigativa desde el 30 de enero, cuando se sentó la denuncia contra el médico, y que el 11 de enero, cuando apareció el video de la violación, haya pedido licencia y abandonara Mairana.

Las amenazas

N.N. señala que en 2016 su hermana, de 16 años, fue llevada por Johnny M. (sobrino del médico filmado violando a otra chica) a la casa del abogado Bello M. y su hermano Selim M. Allí, fue dopada y abusada por los tres.

Al haber estado inconsciente, la muchacha no sabía lo que había ocurrido y recién se enteró cuando una mujer le reclamó por qué su marido tenía fotos de ella desnuda en su teléfono. Así fueron tejiendo lo que había ocurrido, sentaron la denuncia, pero señalan que el fiscal Cándido Blanco no dio curso a las investigaciones.

“Nosotros pedimos que se llame a declarar a los denunciados, que les secuestren sus teléfonos y los sometan a peritaje, pero nunca se hizo nada para investigar, hasta que la denuncia fue rechazada supuestamente por falta de pruebas”, contó N.N.

Lo que siguió fue que los autores del hecho amenazaron a la víctima con que si continuaba con la denuncia, difundirían a través de redes sociales las fotos que le tomaron desnuda cuando estuvo inconsciente y fue abusada.

La cosa no terminó allí, puesto que ella y su esposo, que se dedicaron a buscar justicia para su hermana menor, fueron desde un inicio amedrentados. “Miembros de esa familia andaban con colombianos prestamistas de dinero. Iban en vehículos y se paraban frente a mi tienda en el mercado. Luego nos seguían y rondaban nuestra casa para amedrentarnos”, señala. La víctima afirma que aún siguen las amenazas.

Uno de los sindicados, el abogado Bello M.G., habló con EL DEBER y negó las acusaciones en su contra. El jefe de la Policía mairaneña, Juan Pérez, por los cuestionamientos de los pobladores señaló que está dispuesto a someterse a las investigaciones.