BOLIVIA

Bolivia tramita tres recursos para liberar a presos en Chile


Se puede exigir la revisión del dictamen, pedir a la Fiscalía las diligencias probatorias y la cesación de detención. Hoy es la audiencia en Santiago   

Entre los nueve bolivianos detenidos hay dos militares. La justicia chilena los acusa de contrabando

20/04/2017

El equipo jurídico que defiende a los nueve funcionarios bolivianos recluidos en el penal de Alto Hospicio (Iquique) baraja tres opciones legales en caso de que la Corte Suprema de Justicia de Chile rechace hoy el recurso de apelación, dentro del amparo constitucional que presentó la parte boliviana. La primera es la solicitud de revisión a la detención preventiva; la segunda, requerir diligencias probatorias a la Fiscalía de Pozo Almonte con el objetivo de desvirtuar la imputación y, por último, el recurso de cesación a la detención.     

El abogado chileno Roberto Celedón, en contacto telefónico con EL DEBER, explicó sobre las dos primeras vías y, a la vez, cuestionó que en este caso no se haya aplicado la Ley sobre Extranjería por ingreso ilegal a territorio chileno. 

“En caso que la Corte Suprema rechace la apelación, proceden al menos dos cosas: solicitar que se revisen las medidas cautelares de prisión preventiva, y aportar elementos de pruebas y requerir diligencias probatorias al Ministerio Público a fin de esclarecer y desvirtuar las imputaciones formuladas en contra de los nueve funcionarios”, detalló Celedón. 

El jurista, que será parte del equipo boliviano en la audiencia que se desarrollará hoy en Santiago, calificó de ‘injusta’ la detención de los nueve funcionarios y expresó su deseo de que este caso se resuelva a favor de la parte boliviana.  

Distorsión
“Hay una distorsión de los hechos: los funcionarios (bolivianos) cumplían funciones legales de represión y control al contrabando, que es considerado por Bolivia y Chile como un delito internacional, países que han convenido reprimirlo en forma mutuamente solidaria. Lo frecuente en estos casos es que el conflicto se solucione por la vía diplomática y no en estrados judiciales”, consideró el abogado Celedón.  

El ministro de Justicia, Héctor Arce, explicó que una tercera alternativa jurídica es el pedido de cesación de detención, que va en contra de la jueza Isabela Peña, del tribunal de Pozo Almonte, que dictó la detención preventiva contra los nueve funcionarios.  
“El viernes (mañana) se llevaría una audiencia para la modificación o cesación de la medida precautoria de detención preventiva en Iquique”, informó Arce. 



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