Pablo Menacho aseguró que un precio promedio por estos litigios ronda los $us 8 millones. Carlos Mesa denuncia que le ocultaron información para su defensa

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18 de julio de 2018, 4:00 AM
18 de julio de 2018, 4:00 AM

Pablo Menacho, procurador general del Estado, aseguró que el Estado boliviano pagó $us 1,85 millones por la defensa del caso Quiborax, en el que Bolivia pagó más de 42 millones de indemnización a la compañía de capitales chilenos y locales.

Según documentos del Sistema de Contrataciones Estatales, solo uno de los consorcios de abogados, Dechert LLP, cobró 450.000 dólares por año de asesoría jurídica y trabajó con Bolivia entre 2010 y 2013. Solo con ellos, se habría gastado 1.3 millones de dólares en tres años.

Sin embargo, Menacho aseguró que fue una defensa “austera”, ya que en promedio un país suele pagar $us 8 millones por los litigios de controversias ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, pero que ha habido casos en los que las naciones han pagado hasta 12 millones, como el caso entre Bulgaria y Argentina. 

A finales de mayo, el Ciadi condenó a Bolivia a pagar una indemnización millonaria a Quiborax por haberla expulsado de una concesión de explotación de borax del salar de Uyuni. Producto de esta sentencia, la Procuraduría solicitó a la Fiscalía General del Estado iniciar un juicio contra el expresidente Carlos Diego de Mesa, por haber echado a la empresa sin cumplir su propia ley.

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Esto desembocó en una solicitud de juicio de responsabilidades contra Mesa y tres de sus exministros. Por su parte, el expresidente denunció que el Estado pudo cerrar la controversia con Quiborax por $us 3 millones, en una primera instancia, y por $us 27 millones, en una segunda instancia, pero no concretó los acuerdos. Además, consideró que no debió pagar un solo dólar, ya que Quiborax había falsificado un documento para poder llegar al litigio internacional.

Ayer, luego de esta conferencia del procurador, Mesa hizo público un memorial en el que acusa a Ramiro Guerrero, fiscal general del Estado, de ocultarle información vital para su defensa. El expresidente y aún vocero de la demanda marítima aseguró que no fue informado sobre el desistimiento de la Fiscalía contra Allan Fosk y otros ejecutivos de Quiborax, por el delito de falsificación de documentos, así como la recepción extemporánea de la declaración del también exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé.

El memorial estuvo dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, fue presentado el 12 de julio y trata de advertir  de “nuevos elementos de la actuación ilegal del fiscal general del Estado en la investigación preliminar del caso Quiborax".

Argumentos

Según el Gobierno
Mesa es responsable del juicio contra Quiborax en el CIADI, por no cumplir sus propios procedimientos para expulsarla.  

Según mesa
Los errores procedimentales fueron subsanados. Quiborax solo invirtió $us 0,8 millones y se llevó más de 40 millones. 

Lo que se viene
Ahora el juicio pasará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá autorizar el proceso de responsabilidades ante el Tribunal Supremo de Justicia.