DENUNCIA

Bolivia enfrenta 52 juicios en la CIDH y la ONU por la violación de DDHH


El Sistema Interamericano de Derechos Humanos comprende a la Comisión IDH y a la Corte IDH. La Procuraduría afirma que Bolivia es el país que menos denuncias tiene en la región ante estas instancias

Foto: EL DEBER
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01/07/2018

La Procuraduría General no solo atiende los arbitrajes por las nacionalizaciones, el Estado boliviano enfrenta también 52 procesos internacionales por la violación de derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; aunque la Procuraduría reconoce solo 50 casos.


El Gobierno anunció este mes que la CIDH sesionará en Bolivia el mes de noviembre. La oposición envió una carta para pedir que se trate este tema que tiene cifras delicadas, pero la organización dependiente de la Organización de Estados Americanos respondió que “por ética no puede hacerlo”.


Información oficial de la Procuraduría General del Estado (PGE) refiere que el Estado tiene 50 casos ante la CIDH en distintas etapas de las siete que fija la comisión; y otras dos demandas ante el Comité de Naciones Unidas, impulsadas por los exasambleístas y excandidatos a alcalde de Cochabamba y Potosí, Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado.


El reporte de esa institución dice que son 27 peticiones en etapa de admisibilidad, lo que significa que la comisión ha solicitado mayor información sobre los procesos; otros seis casos están en etapa de solución amistosa, aunque dos de ellos ya decidieron ir a juicio; también hay seis casos en los que las víctimas piden un informe de fondo a la comisión.


En todos los casos existe dos tipos de fallo, explicó el abogado Karlo Brito, quien patrocina una demanda contra el Estado por el caso del exprefecto Leopoldo Fernández, una de condena del país demandado por la violación de derechos humanos y la segunda, que es pecuniaria, con la reparación de los daños ocasionados a las víctimas o demandantes.


Solo para el caso I.V. contra Bolivia, el fallo de noviembre de 2016, llevó al Estado a pagar 69.000 dólares a esta persona como reparación y el Gobierno tuvo que emitir un decreto autorizando el pago de este resarcimiento.


En otros casos como el de la exalcaldesa Lupe Andrade;  Carlos Trujillo Oroza y Renato Ticona Estrada, también el Estado tuvo que reparar los daños además de tomar medidas; la Procuraduría no informó de cuánto fue la reparación, sin embargo el Gobierno a través de decretos autorizó el pago de 898.439 dólares, en las gestiones de Carlos Mesa y de Evo Morales.


La justicia
En todos los casos la observación principal es la ausencia de protección judicial y la falta de garantías judiciales como principales falencias y por lo que las víctimas decidieron acudir a esta instancia.


Para la Procuraduría, que respondió un cuestionario enviado por este medio sobre el tema, estas demandas “de ninguna manera denotan una ausencia de Estado de derecho. Todos los casos en materia de derechos humanos, de alguna manera, están ligados a los órganos de administración de justicia, puesto que son estos los que en primera instancia están llamados a proteger y garantizar los derechos de las personas. Esto sucede en Bolivia como en cualquier otro Estado democrático”.


Los demandantes reclaman por los operadores de justicia que son los que violentaron los DDHH de las personas y al final, debe ser el Estado boliviano quien corra con los gastos de la reparación económica. La exdiputada y demandante Rebeca Delgado dijo que esta situación es alarmante porque a este paso el Gobierno tendrá que crear una partida para el pago de las reparaciones porque todos los juicios implican una indemnización.


Asimismo, dijo que hay informes del Alto Comisionado de NNUU para los DDHH que ya alertaban sobre la precaria situación de los derechos y acceso a la justicia en el país.
 Delgado dijo que el Estado tendrá que aplicar el principio de repetición que significa que deben ser los funcionarios públicos que ocasionaron el daño los que paguen las multas que imponen los tribunales internacionales, tal como ocurrió en su caso y el del exsenador Eduardo Maldonado para quienes los legisladores del MAS dijeron que deben ser los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) los que paguen los daños que ocasionaron a los dos candidatos en los comicios subnacionales de 2014.

Ante NNUU
Precisamente sobre su caso, Delgado dijo que ellos no recibieron ninguna invitación a dialogar o buscar una solución amistosa con el Gobierno y explicó que ellos como demandantes se reunieron con los abogados y definieron su propia estrategia.


Explicó que el Estado tenía dos meses de plazo para buscar una solución amistosa y que el mismo venció el 19 de junio pasado, por eso decidieron esperar hasta mediados de julio para tomar una iniciativa entre los dos.


En la CIDH hay casos incluso que vienen desde la década de los 90 del siglo pasado y que por los tiempos que lleva el tribunal internacional o el descuido de los demandantes no se pudo avanzar.


Olga Flores, hermana de Juan Carlos Flores, dijo que su caso estaba para solución amistosa y que ellos como familia habían pedido al gobierno no solo la reparación económica sino la celeridad de las investigaciones para encontrar el cuerpo de su hermano que fue desaparecido en el gobierno de Luis García Meza.


Olga Flores dijo que incluso ya falleció el principal acusado, que era el general García Meza y nunca se supo dónde está el cuerpo de su hermano y el Gobierno tampoco avanzó en ese tema y por tanto ahora se espera el informe de fondo y tendrá que irse a un juicio.

Los casos
En etapa de admisibilidad se encuentran los casos de: Marcelo Quiroga Santa Cruz cuya última actuación judicial fue el 12 de octubre de 2017; Odón Mendoza, que denuncia vulneración de derechos, protección de la honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial, el último actuado es octubre de 2017.


Los casos de los periodistas Carlos Quispe Quispe y Juan Carlos Encinas, en el primer caso el Estado respondió sobre las observaciones de los demandantes y espera una respuesta de estas observaciones; en el segundo caso, el Estado pidió el archivo del mismo por la inactividad que tiene el peticionario. Ambos casos fueron presentados por la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP).


El caso P-211-12-64 comunidades del Tipnis también está en etapa de admisibilidad y según el informe de la Procuraduría el Estado planteó las excepciones, las que fueron respondidas por los demandantes y el 18 de noviembre de 2017 el Estado respondió a las observaciones de los demandantes.


La demanda de UD sobre las inhabilitaciones de las candidaturas de 228 personas en 2015 también están en esta fase y el Estado debía responder hasta diciembre de 2017; lo mismo sucede con el caso del exprefecto Leopoldo Fernandez, quien lanzó cinco acusaciones contra el Estado, la Procuraduría pidió no admitir el caso porque el mismo sigue en los estrados judiciales.


Jacob Ostreicher también demandó al Estado por cuatro delitos y la Procuraduría presentó sus excepciones de admisibilidad, la última actuación fue en junio de 2016. 


Ya fue admitida la demanda P-1172-09 Mario Tadic Astorga y otros contra Bolivia por cinco violaciones y en junio del pasado año el Estado respondió a las observaciones de los demandantes.


El exprefecto de Tarija Mario Cossío también demandó al Estado y este pidió no admitir el proceso; lo mismo el excívico Branko Marínkovic, que dijo que violaron seis derechos.
Solo un caso, el de los generales José Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados, fue rechazado porque no pudieron demostrar las supuestas faltas  en el caso Octubre Negro.

El EGTK y Leopoldo llevarán a juicio al Estado 

La falta de acuerdo interno entre los 12 denunciantes del caso EGTK en la CIDH, llevó a iniciar juicio al Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; los demandantes no se pusieron de acuerdo sobre la solución amistosa que recomendó ese tribunal y ahora irán a juicio, lo confirmó Juan Carlos Pinto, uno de los demandantes.


 Lo mismo sucederá con el caso del exprefecto Leopoldo Fernández, cuyo abogado, Karlo Brito, dijo que no existe nada que negociar con el Estado porque sus autoridades vulneraron los derechos de su cliente por un decenio y que el juicio dejará claro lo que sucedió con Fernández por los hechos de Porvenir en 2008.


 Pasó más de un año desde que la CIDH recomendó al Estado boliviano buscar una solución amistosa con los demandantes del EGTK, este caso es especial porque uno de ellos es el vicepresidente Álvaro García Linera.


“En casi dos años la comisión no logró que las partes logren un arreglo amistoso. Es un tema que llega al Estado porque estuvimos detenidos más de cinco años y se cerró el caso sin probar nada”, dijo Pinto.


El abogado Brito dijo que la única forma de evitar un juicio sería que el Estado y el Gobierno reconozcan que acusaron falsamente a su cliente, Leopoldo Fernández, exprefecto de Pando.

Los emblemáticos

Blas valencia
El coronel Valencia que en el 2000 protagonizó el asalto a la empresa Prosegur denunció la violación de sus derechos y el caso está en estudio de la CIDH. 
Los periodistas
Ninguna entidad que aglutina a los periodistas conoce el caso de Carlos Quispe y Juan Carlos Encinas y los abogados que patrocinaban ya se retiraron.
NNUU
Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado recurrieron ante el Comité de DDHH de NNUU y lograron que el caso sea admitido, esperan la convocatoria para una solución amistosa.
Menos casos
La Procuraduría afirma que el resto de los países de la región tienen más denuncias de violación de derechos y según sus datos Argentina tiene 170 denuncias y Brasil 131 casos.  
En Bolivia
El diputado Wilson Santamaría pidió audiencia a la CIDH para la sesión de noviembre en Bolivia, aunque esta entidad ya adelantó que no tratarán ningún caso vinculado al país en esos encuentros por ética.



 




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