Bolivia aún tiene cinco arbitrajes pendientes y pagó $us 828 millones
El Gobierno resaltó en varias oportunidades la resolución amistosa de los conflictos. Se destaca que los pagos fueron un 76 por ciento menos a lo demandado por las firmas extranjeras
Bolivia aún encara cinco arbitrajes con firmas extranjeras por procesos de nacionalización y reversión a favor del Estado. Hasta la fecha fueron pagados 828,3 millones de dólares a 12 trasnacionales que acudieron a tribunales internacionales por considerar afectados sus intereses.
Datos difundidos en por la Procuraduría General del Estado en enero de 2017 indican que se lograron acuerdos para pagar un 76 por ciento menos de lo demandado, en negociaciones calificadas como "exitosas y amigables". Dichas empresas demandaban unos 3.404 millones de dólares.
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Ayer se oficializó el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que sentenció a Bolivia a pagar 48,6 millones de dólares a la chilena Quiborax, empresa propietaria de Non-Metallics Mineral, que poseía una concesión para explotar el salar de Uyuni hasta 2004, cuando el Gobierno boliviano se la revirtió.
Sin embargo, son otros cinco procesos de arbitraje pendientes, cuatro activos y uno en suspenso: Glencore, por la expropiación del Complejo Metalúrgico Vinto, la Planta de Antimonio Vinto y el centro minero de estaño de Colquiri; South American Silver, por la reversión de 10 concesiones mineras a Mallku Khota; caso Abertis Infraestructura S.A.; Air BP, por la nacionalización de 12 estaciones de servicio de venta de jet fuel en aeropuertos; y Jindal Steel, aunque en ese caso ya existió una decisión, del 6 de agosto de 2014, que dispuso el pago de 22,5 millones de dólares: 18 millones de dólares por la ejecución de las garantías y 4,5 millones de dólares de intereses, pero luego se inició otra demanda.
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Las pretensiones de los demandantes, en el caso Quiborax, llegaban a 150,8 millones de dólares, pero se logró reducir ese monto a 48,6 de dólares y actualmente se entablan negociaciones para ver la forma de pago. Se solicitó a la Fiscalía investigar al expresidente Carlos Mesa y otros tres exministros porque en su gestión tuvo lugar la reversión.
