Blanco sale mal parado en entrevista para la Fiscalía

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, no causó la mejor impresión por el nivel de sus respuestas durante la entrevista que le hicieron como aspirante a fiscal general del Estado. Mientras tanto, los opositores consideran que el Gobierno ya introdujo a la recta final de la carrera a cinco abogados ‘elegibles’ para asumir el cargo.

La Comisión Mixta cerró ayer la penúltima fase de selección de candidatos que pugnan por el Ministerio Público con la entrevista a los 36 postulantes, que se completó entre las 9:30 y las 16:30. Sin embargo, declaró un cuarto intermedio para leer hoy, a las 10:00, el informe final con los resultados que pasarán al pleno del Legislativo, que definirá el nombre de la nueva autoridad.

Las 13:30 de ayer fue un horario estelar: todos los canales televisivos se encontraban en instalaciones de la Comisión Mixta de Justicia Plural con sus unidades móviles. Eso le dio más palestra a la comparecencia del fiscal Edwin Blanco, quien además fue el postulante más esperado por los medios. Pero sus respuestas en la parte técnica hicieron que varios de los integrantes de la comisión, tanto del oficialismo como de la oposición, coincidieran en su mala impresión y que le pusieron una baja calificación.

La primera pregunta fue la técnica y la contestó de forma incompleta: “¿Cuáles son los requisitos propios del dolo eventual?”, se le preguntó. “Los requisitos propios del dolo eventual están precisamente en la posibilidad que tiene el autor de cometer un delito y saber que existen esas consecuencias al cometerlo, pero sin embargo también se tiene la idea de evitar el resultado”. Se produjo un silencio de unos 10 segundos y luego la presidenta de la comisión, Adriana Salvatierra, cerró con un: “Gracias”.

La segunda consulta tuvo que ver con qué modificaciones debieran realizarse respecto a la estructura organizativa de la Fiscalía General y optó por un análisis muy general. “Es importante realizar la ejecución de la carrera administrativa, la carrera de los directores, varios de ellos son todavía designados sin respetarles la carrera. Debiera incluirse equipos de reacción inmediata para controlar las diferentes actuaciones en las fiscalías. Debieran ser formados por elencos de acción fiscal que tengan la intención de evaluar y darle curso procesal a los casos, especialmente a los relevantes que se presentan en las fiscalías departamentales”.

Finalmente, se le solicitó que plantee criterios para designar fiscales departamentales, pero su respuesta fue polémica. Primero consideró que los valores, la iniciativa, el liderazgo y la proactividad deben estar en el perfil. Al hablar de la carga procesal, deslizó que “el fiscal departamental y los de materia deben mostrar mayor ‘humanitarismo’, la gente ingresa a la Fiscalía con miedo, precisamente porque tenemos una imagen muy rigurosa, creo que hay que humanizarnos; es más, considero que se debería implementar un plan para que los fiscales vayan a ver cómo están las cárceles por dentro y que pernocten obligatoriamente”.

De hecho, en las últimas semanas su imagen se vio perturbada porque lo involucraron en un caso en el que el médico Jhiery Fernández fue condenado a 20 años de prisión, pero la jueza que lo sentenció reveló, en un audio que se grabó sin que ella lo supiera, que cuando lo hizo sabía que era inocente”. La ahora exmagistrada Patricia Pacajes denunció que recibió presiones de autoridades, entre ellas de Blanco.

El diputado oficialista Édgar Montaño dijo que “si esa es su propuesta tendrá que echar a todos”, mientras que Luis Felipe Dorado, de UD, lo conminó: “El primero que debe humanizarse es él con el caso Alexander”.

‘Cocinado’

A su turno, la oposición ha identificado al menos a cinco postulantes que tienen relación con el Gobierno, porque son o fueron funcionarios públicos o trabajaron en temas relacionados.

El diputado opositor Amilcar Barral argumentó lo siguiente: “Se han debido dar cuenta ustedes de que hay gente muy identificada con el MAS, que se perfila para estar en la lista final y que, con seguridad, el presidente elegirá a alguien que sea funcional”.

Barral mencionó como dos de ellos al exdirector de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) Juan Lanchipa y al exministro de Gobierno Jorge Pérez Valenzuela.

El primero propuso reencauzar la tipificación de conductas penales que surgen en la sociedad y generar una ley que las enmarque en el Código Penal, porque actualmente están dispersas. Dio una opción alterna al código que fue aprobado y luego suspendido por el presidente Morales.

Pérez, por su parte, propuso desconcentrar el Ministerio Público. “Debemos crear los subfiscales departamentales distritales con el objetivo de que no se acumulen montañas de casos en las fiscalías departamentales y que se reduzca la carga en no más de 500 fiscales que hay en el país”, dijo.

Barral también mencionó a William Alave, que en 2014 dejó un cargo en la Corte Suprema de Justicia para convertirse en asesor de YPFB. Luego estuvo señalado por el caso taladros.

La oposición apuntó también a Laslo Juan de la Cruz Vargas Vilte por ser un funcionario gubernamental que se desempeña como director departamental de la Procuraduría de Cochabamba, como a Ever Veizaga, que es representante del Viceministerio de Transparencia en esa misma ciudad. El senador Yerko Núñez denunció que una audiencia programada para ayer en contra del alcalde suspendido José María Leyes se truncó porque ambos estaban en La Paz.

La diputada Rose Marie Sandóval coincidió con esta posición y admitió que algunos de ellos dieron muy buenos exámenes y consiguieron notas altas.