La diputada opositora Rosemarie Sandoval (UD) denunció que 42 de 46 contratos fueron dirigidas a un grupo de empresas representadas por una sola persona. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que la acusación tiene poco sustento

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19 de marzo de 2019, 4:00 AM
19 de marzo de 2019, 4:00 AM

Un equipo de ocho auditores ingresó ayer por la mañana a las oficinas de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn). Los funcionarios del Ejecutivo iniciaron la investigación dispuesta por el Ministerio de Gobierno para confirmar o descartar las presuntas irregularidades cometidas por esa repartición entre 2013 y febrero de 2019, cuando adjudicó 42 de 46 contratos a un grupo de empresas para el mantenimiento de las aeronaves de los Diablos Rojos y los Diablos Negros.

La diputada opositora Rosemarie Sandoval (UD) ratificó ayer en Santa Cruz que el conglomerado de empresas conformada por Horizontal de Aviación Bolivia, Línea Central de Aviación SRL, Aeroend SRL, AM&M Bolivia SRL y Centerline Service, resultaron favorecidas con todos los contratos para el mantenimiento de la flota de helicópteros UH-1H y de aviones Hércules que corresponden a las fuerzas que luchan contra el narcotráfico.

La legisladora opositora mencionó que ha remitido cinco peticiones de informe escrito al Órgano Ejecutivo sobre este tema. Además, dijo que los ministerios de Defensa, de Gobierno, de Economía, la Contraloría y la Procuraduría deben responder por este tema porque considera que están involucrados de algún modo en la presunta irregularidad.

Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, la denuncia sentada por la diputada es muy débil y, en su criterio, el único error detectado en una revisión rápida es el depósito de dineros en cuentas particulares de dos funcionarios de la empresa Horizontal de Aviación Bolivia SRL, y hasta el momento no hay otro hecho irregular.

“El error es que han admitido el depósito en una cuenta individual, eso despierta la susceptibilidad por eso hemos instruido una investigación; lo otro es por qué la misma empresa se ha beneficiado todos los años, y la respuesta llega por el problema de mercado; las empresas vienen para trabajar con unas cuantas aeronaves y en el exterior tienen decenas”, justificó la autoridad.

El trabajo

Los auditores ingresaron en horas de la mañana a las oficinas de la Uelicn, ubicadas en la zona residencial de Sopocachi. Según las fuentes del Ministerio de Gobierno, comenzaron a revisar la documentación y ese trabajo demorará unas dos semanas, luego empezarán con la auditoría.

Las autoridades de esa oficina relataron que la encargada de licitaciones de esa unidad, Vivian Flores, ya no era parte de la Uelicn, pero ella acudió ayer por la mañana para entregar toda la documentación. Una funcionaria indicó que nadie podía hacer declaraciones a la prensa porque la oficina estaba intervenida.

La custodia de la oficina está a cargo de un efectivo de la Felcn, que hace de seguridad y vigilancia de todos los ambientes. No se restringe el ingreso a las personas y, según los funcionarios, la atención es normal, por el momento. Mientras los auditores se concentran en una oficina ubicada al fondo del inmueble.

Usaid y NAS

La diputada Sandoval saludó que el ministro Romero haya actuado con celeridad sobre este caso, pero dijo que se requieren de respuestas concretas sobre varios casos que se descubrieron a raíz de este escándalo, como por ejemplo, qué tipo de inventario dejó la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) que estaba a cargo de este rubro cuando trabajaba en Bolivia. La División de Asuntos Antinarcóticos (NAS, por sus siglas en inglés), era en realidad la responsable del financiamiento de las aeronaves.

Según la diputada opositora, nunca se conoció qué tipo de maquinarias y qué tipo de repuestos dejó esa agencia de cooperación estadounidense, pero ahora se manejan millones de dólares en la reparación y mantenimiento de las aeronaves que están en poder del Estado.

Recordó que en Bolivia quedaron 11 helicópteros del modelo UH-1H luego de la salida de la USAID, pero hasta el momento se desconoce cuántas naves están en tierra y cuántos están en uso.

Una de las exautoridades de Estado dijo que los helicópteros estadounidenses ya habían pasado su tiempo de vida útil y que cada vez era más difícil el mantenimiento. Hasta el momento no se sabe cuántas de esas aeronaves presta servicio y cuando el Gobierno invita a los medios de comunicación a algún operativo en Chapare, se pueden observar tres de ellos que sobrevuelan en el aeropuerto de Chimoré para los distintos operativos.

La cooperación

Según fuentes del Gobierno, la auditoría a Uelicn fue solicitada por causa de la cooperación internacional que recibe Bolivia en la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con el último discurso del embajador de la Unión Europea (UE) en Bolivia, León De la Torre, este bloque aportó con 50 millones de euros en el periodo 2016-2019 y conservan esa ayuda. Los recursos están dirigidos a la lucha contra el narcotráfico, específicamente, y el 18 de enero de este año fueron entregados 30 vehículos en la localidad de Chimoré.

Según el Presupuesto General del Estado (PGE) 2019, la Uelicn tenía un presupuesto asignado de Bs 148.191.346 que es el cuarto monto más alto que recibe una oficina del Ministerio de Gobierno. Para este año había contratado el servicio de la empresa Aeroend, por la suma de Bs 521.431; cuando se produjo la intervención, el viernes, todos los contratos fueron paralizados hasta nuevo aviso.

En el Viceministerio de Defensa Social, que es la responsable de la lucha contra el narcotráfico informaron que la Uelicn es una oficina dependiente del Ministerio de Gobierno y, por tanto, es la instancia que debe emitir opinión sobre el caso.

La duda

El trabajo que realiza Horizontal de Aviación Bolivia SRL y su representante en Bolivia, Nilo Honor, sigue siendo la principal duda porque él es representante legal no solo de esta empresa sino también de Línea Central de Aviación Srl; Aeroend Srl; y Centerline Services. Todas ligadas a la primera empresa que es de origen colombiano.

Además, hay otra empresa, AM&M Bolivia SRL, que pertenece a la hija de Nilo Honor, también dedicada al mismo rubro. La diputada Sandoval dijo que es increíble que las autoridades no se hayan fijado que era el mismo representante de todas las empresas y que en otro caso era la hija del principal denunciado.

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