Aprueban juicio contra exministros Gonzalo Méndez e Isaac Maydana
Las dos exautoridades son procesadas por contratos lesivos al Estado. Un tercer informe recomendó que no se debe procesar al exministro de Trabajo Oscar Zamora
La Asamblea Legislativa autorizó este martes el inicio de juicios de responsabilidades contra los exministros Gonzalo Méndez (Defensa) e Isaac Maydana (Educación); y el no procesamiento de los exministros Oscar Zamora (Trabajo) y Donato Ayma (Educación), este último por haber fallecido el pasado año.
Los tres informes corresponden a solicitudes planteadas por el fiscal general del Estado, en pedido a autorización para llevar adelante los juzgamientos. Un informe de la comisión mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal realizó las recomendaciones.
El primero, corresponde a la solicitud de inicio de juicio de responsabilidades al exministro Méndez, por el uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en la adquisición de un sistema de radar de la empresa Orbisat, para el levantamiento de datos geográficos en la frontera conformada entre Bolivia, Brasil y Perú.
Respecto al segundo informe, autoriza el inicio de un juicio de responsabilidades al exministro Maydana, por la comisión del delito de contratos lesivos al Estado, a causa de la contratación de servicios de consultaría para la implementación de la Reforma Educativa, cuando existía el personal técnico necesario en el Ministerio de Educación para llevar adelante la menciona implementación.
En el mismo caso, la comisión recomendó la no autorización del juicio de responsabilidades contra el exministro de Educación Ayma, porque falleció el 24 de noviembre de 2016.
Finalmente, se aprobó el no enjuiciamiento del exministro Zamora, por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por la emisión de resoluciones ministeriales que dispusieron el pago de beneficios sociales a dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de Aasana, pero después de un análisis jurídico se determinó la falta de fundamentación penal.
