Anuncian juicio e indagación sobre las estatizaciones

“Queda clara la farsa, el engaño y la mentira. No hablo del proceso contra Melgarejo, que es solo un antecedente que desvela y que desnuda la gran mentira del Gobierno nacional que ha venido diciéndole al país y eso es la nacionalización”, dijo Tomás Monasterio, diputado de Unidad Demócrata, que siguió esta denuncia por uso indebido de bienes del Estado. Ahora, anuncia que presentará una proposición acusatoria contra el presidente Evo Morales y sus ministros por supuesto incumplimiento de deberes y daño económico al Estado, al haber incumplido el Decreto Supremo 111/09, al no haber concretado en nueve años el traspaso de acciones.

“La nacionalización es la gran bandera política partidaria y el señor presidente, a sabiendas que estas empresas no estaban inscritas a favor del Estado, le ha venido mintiendo al pueblo boliviano”, dice Monasterio.

Añadió que pedirá una investigación minuciosa para detectar si las empresas del resto de las nacionalizadas han sido inscritas a nombre del Estado boliviano

Consultado sobre en qué basará su proposición acusatoria contra el presidente Morales y sus ministros, Monasterio señala que el DS 111 establece las diferentes carteras que están obligadas a hacer cumplir la nacionalización en un plazo de cuatro meses o 120 días.

Consultado sobre si había algún tipo penal derivado de la falta de transferencia de las acciones de Air BP a favor del Estado, Menacho aseguró que no era así. Pese a que el decreto supremo nombra a los ministros de Hidrocarburos, Obras Públicas, Gobierno y Defensa como los responsables de hacer cumplir la medida y “se instruye al presidente ejecutivo de YPFB a pagar un precio por el total del paquete accionario, cuyo valor será establecido como resultado de un proceso de evaluación, que deberá realizarse en el plazo de 120 días hábiles”, Menacho aclara que no es el pago ni la transferencia la que se debe efectuar en este plazo, sino la evaluación del precio. El procurador asegura que este proceso se hizo en plazo, pero que no se llegó a un acuerdo sobre el mismo con British Petroleum, que anunció que abriría un arbitraje internacional, cosa que no ha hecho hasta la fecha.

“Lo anotamos todos los años en nuestra rendición de cuentas”, dijo Menacho.