POLÍTICA

Abogados desconfían de elección de fiscal


Ayer se abrió el libro de registro de candidatos y estará así hasta el 26. Hay problemas en las universidades


Los presidentes de las comisiones de Justicia Plural están a cargo de todo el proceso de selección
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08/08/2018

Los dos tercios del MAS en la Asamblea y la presunción de que no es posible efectuar una elección transparente del fiscal general son los dos principales temas que preocupan a una decena de abogados consultados por EL DEBER. Algunos vinculados al Gobierno, otros enfrentados a él. A ninguno de ellos parece interesarle la candidatura de la Fiscalía General.

Ayer se consultó a una decena de profesionales en Derecho para conseguir opiniones sobre la elección y su disponibilidad de presentarse. Las abogadas Paola Barriga, Rosario Canedo y Teresa Montaño descartaron cualquier posibilidad de postularse.

Paola Barriga, que fue apoderada legal del Ministerio de Gobierno por más de cuatro meses, ayer dijo que se presentó como candidata a defensora del pueblo esperando ser seleccionada; sin embargo, según ella, comprobó que el criterio político se impuso para elegir a otra persona y que no se tomó en cuenta el recorrido y la meritocracia de un profesional y por eso no se presentaría.

La exministra de la Corte Suprema de Justicia Rosario Canedo también dijo que ella no se presentaría a postular porque los dos tercios que tiene el MAS hacen que cualquiera que pretenda aspirar al cargo debe tener el aval político del partido. Canedo fue la abogada de Evo Morales cuando este fue acusado por la muerte de los esposos Andrade en septiembre de 2000.

Canedo recordó que, en el pasado, los partidos políticos “concertaban” las designaciones y, por tanto, no existía el favoritismo político de un solo partido como ocurre en la actualidad donde el MAS tiene todo el poder.

La abogada Teresa Montaño, connotada abogada, también negó su postulación y dijo que la injerencia política no tiene límites y dejó en la indefensión a varios ciudadanos con el sistema de justicia que se aplica desde el estamento político.

Los abogados

Los profesionales del derecho José Luis Paredes, Eduardo León, Raúl Jiménez y Williams Dávila también negaron su concurso por las mismas razones, salvo los casos de los dos últimos. El abogado José Luis Paredes, quien fue abogado de Santos Ramírez, dijo que no le atrae ninguna función pública y que es más útil en el ejercicio de la profesión libre como otros colegas suyos.

Afirmó que el cargo de fiscal general no es de alta complejidad casuística, dado que ellos no resuelven casos concretos; por el contrario, su misión más importante es determinar la política criminal del país.

El que fue abogado de Gabriela Zapata, Eduardo León, lanzó duras críticas al proceso y dijo que el Gobierno no va a entender que, a esta altura de la crisis que vive el país, lo que se necesita es una persona de alta solvencia moral y no un militante de un partido, en clara alusión al actual fiscal, Ramiro Guerrero. Afirmó que él no tiene el título profesional que le fue arrebatado por el Gobierno desde hace dos años y le dijeron que desde entonces sus documentos están perdidos.

Raúl Jiménez, expresidente del Colegio de Abogados de La Paz y que en determinado momento apoyó la repostulación de Evo Morales, dijo que si no se tiene el apoyo del partido difícilmente puede ser designado, aunque fue el primero en abrir esa posibilidad para más adelante.

Williams Dávila, exfiscal de Distrito de La Paz y exjuez de Instrucción, refirió que él personalmente planteó la elección del fiscal general por cuanto es el único cargo de representación de la sociedad y por eso debía ser elección y no designación, pero que su propuesta nunca fue escuchada por el Legislativo.

Dávila fue el juez de instrucción que envió con detención preventiva al exprefecto Leopoldo Fernández, en 2008.

Frente a esas afirmaciones, el delegado de Transparencia en Cochabamba, Ever Veizaga, dijo que la convocatoria a fiscal que realizó el Gobierno está enmarcada en la Constitución y que la aspiración de todo profesional es ocupar un cargo de autoridad.

El proceso

Ayer, la Comisión Mixta de Constitución abrió los libros de registro de candidatos, el mismo que se prolongará hasta el 26 de agosto; el acto contó con la presencia de una notaria de fe pública que estará en todos los actos públicos que realice esta instancia legislativa. Hasta las 19:00, hora de cierre de las oficinas, no se había presentado ningún candidato.

Mientras, en las universidades se generó confusión porque los rectores de las universidades de La Paz y de Cochabamba dijeron que debe ser la conferencia de universidades la que autorice la presencia de todo el sistema y no los miembros del presídium. El rector Waldo Albarracín dijo que envió una nota a su colega de Potosí por la firma del convenio con el Senado y que las universidades deben realizar los consejos universitarios antes.