POLÍTICA

76 postulantes de 105 laboran en el Estado


La senadora Salvatierra acusa a la oposición de hacer una crítica inmoral

La diputada Eliane Capobianco denuncia a una funcionaria masista

29/07/2017

De los 105 aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional  para las elecciones judiciales, 76 son funcionarios públicos. Así se puede verificar a través de sus reportes de declaraciones juradas en la Contraloría General revisadas ayer por EL DEBER. 

La comisión mixta de Constitución y los representantes de las universidades verificaron los antecedentes de los 105 postulantes y esperaban ayer la información del Tribunal Supremo Electoral y de la Contraloría, para definir quiénes pasarán a las siguientes instancias, que son de evaluación de méritos y luego, de examen escrito.

La diputada demócrata Eliane Capobianco denunció ayer que Mayerling Castedo, secretaria de la Gobernación de Beni (MAS), postula al Supremo de Justicia, algo que para ella prueba que la elección será contaminada por colores políticos. Para la presidenta de la comisión Mixta de Constitución, Adriana Salvatierra, la crítica de la oposición es “inmoral” y le falta fundamento.  

Para el Tribunal Constitucional, 36 de 53 postulantes son funcionarios. Nueve de ellos trabajan en instituciones como el INRA, el Servicio Agropecuario, los ministerios de Salud, Minería, Culturas, Desarrollo Productivo y Justicia, YPFB y uno en Covipol (vivienda policial).
Otros 13 son funcionarios en la administración judicial (tribunales departamentales, Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, Consejo de la Magistratura, Órgano Judicial y Fiscalía), mientras que los 14 restantes, trabajan en gobernaciones, alcaldías, la Cámara de Senadores y uno de ellos en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

De hecho, Julio Veizaga Ovando, que es docente de esa universidad cochabambina, es el aspirante que reportó mayor patrimonio neto, con Bs 5.649.120.
De los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia, 40 de 52 son funcionarios. 22 trabajan en el Supremo de Justicia, tribunales departamentales, Consejo de la Magistratura y de la Judicatura. Diez en fiscalías, Derechos Reales, Ministerio de Trabajo, Impuestos, entre otros. 



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