AMLO: qué es el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado que instauró el presidente de México
Autos de lujo, residencias y joyas incautados a criminales serán puestas a subasta pública en México para obtener al menos US$62 millones. Los recursos serán manejados por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, un organismo tachado de "populista" por sus críticos.
La imagen de la gran pila de dólares, euros y pesos mexicanos en efectivo guardados en una residencia de Ciudad de México fue escandalosa.
Los billetes hacían un total de US$205 millones que el gobierno de México incautó en 2007 en uno de los golpes más grandes al crimen organizado de ese entonces.
El dueño de la residencia era el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, quien fue detenido y luego procesado por narcotráfico y lavado de dinero tanto en tribunales de México como de Estados Unidos.
El episodio fue sacado a relucir la semana pasada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al anunciar la creación de un organismo federal de nombre peculiar: el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indepuro).
"Así se va a llamar", reiteró el mandatario, conocido como AMLO, ante las miradas de extrañeza de los periodistas en la conferencia de prensa en que hizo el anuncio.
"Imagínense si hubiese existido este instituto cuando decomisaron los dólares al ciudadano chino mexicano (Zhenli), hubiese alcanzado para muchas cosas", dijo.
Y es que el presidente considera que en los sexenios presidenciales anteriores nunca se dio cuenta de cuál fue el destino final de bienes y efectivo decomisados a los criminales.
El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que inició la guerra contra las drogas, indicó que el dinero del caso Zhenli Ye Gon sería empleado para la rehabilitación de personas con problemas de drogadicción.
Pero el nuevo titular del Indepuro, Ricardo Rodríguez, considera que las pasadas administraciones no tuvieron transparencia ni rendición de cuentas, algo que promete tener como principio con el nuevo organismo.
"El objetivo es que los bienes que se incautan por diversos motivos, por causa penal, ahora sí tengan un destino transparente, claro, expedito", dice Rodríguez a BBC Mundo.
"Sobre todo a programas sociales y obras de alto impacto en zonas marginadas", añade.
Críticos de esta nueva política gubernamental han tildado la creación del Indepuro de "populista" y apuntan a que es discrecional el cómo se determinará a quién le devuelven lo robado.
Lamborghini Murciélago a subasta
La nueva estrategia de incautación de bienes y recursos se basa en una reforma de ley de Extinción de Dominio, la cual permite a las autoridades declarar la posesión de un bien -mueble o inmueble- mediante órdenes judiciales.
El Congreso discutirá la ampliación de delitos que cubre dicha ley, con lo que el Indepuro espera poder acceder a bienes de políticos implicados en casos de corrupción, o hasta por el robo de combustibles (huachicoleo, como se conoce en México).
La puesta en subasta de bienes confiscados será la vía para financiar programas sociales y obras públicas en el país.
Este 26 de mayo se llevará a cabo la primera venta al mejor postor en Ciudad de México de 83 vehículos, muchos de ellos autos deportivos o camionetas blindadas.
El más costoso es un Lamborghini Murciélago que tendrá un precio de salida de 1,47 millones de pesos, alrededor de US$76.000 (el precio del vehículo nuevo es superior a los US$300.000).
Pero también habrá una camioneta Ford Shelby cuya puja iniciará en los US$63.000, además de dos Porsche, dos Corvette, un Mini Cooper, un Ford Mustang convertible, entre otros.
En total, las autoridades esperan que de esta subasta abierta al público en general se obtengan como mínimo alrededor de US$1,45 millones -Rodríguez confía que sea el doble-.
¿A dónde irá el dinero?
En México ya existe desde hace años un organismo que se encarga de subastar bienes confiscados por el gobierno, y de hecho Ricardo Rodríguez es su titular: el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Es por ello que algunos analistas vieron el cambio de nombre al SAE y su nuevo enfoque como "populismo".
Sin embargo, Rodríguez defiende la reforma al SAE, pues advierte que hasta ahora había "discrecionalidad" de los gobernantes sobre qué uso darle a vehículos, inmuebles y demás posesiones incautadas.
"A la ciudadanía le va a quedar muy en claro hacia dónde se va a destinar el producto de la venta de dichos bienes: programas sociales y apoyo a comunidades con alta marginación", responde Rodríguez a los críticos.
"Sí hay una transformación profunda, por el destino de los bienes y la administración de ellos. Actualmente el SAE tiene muy pocos, casos contados, de bienes por corrupción. Después de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio se esperan muchos bienes", añade.
López Obrador eligió dos municipios en el estado de Oaxaca, Santo Reyes Yucuná y Santa María Sanir, como beneficiarios de la subasta del 26 de mayo ya que están entre los más pobres del país.
Aunque todavía no hay un plan específico de qué se hará en esos lugares, Rodríguez espera que el dinero sirva para invertirlo en obras, caminos, hospitales o escuelas "que sean de alto impacto para el beneficio de las zonas más marginadas del país".
El gobierno federal espera obtener este año unos US$62,5 millones (1.200 millones de pesos) luego de las subastas que se realicen a lo largo de 2019.
Una segunda venta cuya fecha está por anunciarse será de residencias que han estado posesión del gobierno y cuyo uso ha estado a discreción del gobierno, según el presidente López Obrador.
Y una tercera pondrá a subasta los lotes de joyas decomisadas que desde hace años están almacenadas en bodegas restaurdadas por el gobierno federal.
¿Quién elige a los beneficiarios?
El cómo se eligen a quién devolverle lo robado también ha sido objeto de críticas, pues en el caso de las comunidades de Oaxaca y la segunda subasta de residencias que beneficiará al estado de Guerrero se dieron por elección presidencial.
El presidente del opositor Partido Acción Nacional, Marko Cortés, ha calificado este tipo de programas como esfuerzos "clientelares" con fines electorales.
El nuevo director del Indepuro asegura que la elección de los beneficiarios se hará de manera "colegiada" en un "gabinete del bienestar" conformado por el presidente, secretarios de Estado y él mismo.
"Será la decisión de todos", afirma sobre la elección de comunidades y el tipo de beneficios que recibirán, pero enfatiza que serán las que tengan problemas de carencias y marginación.
Y afirma que hay mecanismos en el sistema electoral mexicano para evitar el uso de programas sociales en tiempos de elecciones.
"Anteriormente se daba el Robin Hood al revés: le quitabas a los pobres para darle a los corruptos. Lo principal es devolverle al pueblo lo que es de ellos. Es una restitución social", defiende Rodríguez.
"Hoy en día hay discrecionalidad, hay bienes que no está claro cómo se administran, pero eso ya no seguirá".
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