Protestas en Nicaragua: los duros señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de Daniel Ortega por "graves violaciones de derechos humanos"
La investigación del organismo concluyó que el "uso desproporcionado de la fuerza", además de provocar 76 muertos y 868 heridos, conllevó a "detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa; y otras forma de amedrentamiento".
"Graves violaciones de derechos humanos", "torturas", "agresiones de estudiantes", "ejecuciones extrajudiciales"…
Los duros señalamientos contra el gobierno de Daniel Ortega se suman un otras otro en el informe publicado este lunes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las protestas que han estremecido Nicaragua desde abril.
De acuerdo con el documento, la investigación del organismo concluyó que "hubo graves violaciones de derechos humanos durante un mes de represión de protestas en Nicaragua, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y el uso de la violencia por parte de terceros armados".
La CIDH documentó 76 muertos y 868 heridos, y registró numerosas denuncias de "detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa; y otras forma de amedrentamiento".
Tras conocerse el informe, los participantes en la mesa del Diálogo Nacional formada por estudiantes, empresarios, sociedad civil y gobierno votaron a favor de que el ejecutivo cumpla las recomendaciones formuladas por la CIDH.
El gobierno de Nicaragua ha negado anteriormente su responsabilidad en los hechos violentos y lo atribuye a la acción de grupos y "vándalos de derecha".
Pero la versión de la CIDH ofrecida este lunes fue muy diferente.
Otras denuncias
La CIDH concluyó "que la Policía Nacional y las fuerzas antimotines utilizaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógeno en forma indiscriminada para disolver protestas y manifestaciones", y comentó que "varios testimonios hablan del uso de francotiradores".
"Estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales", aseguró durante la presentación del informe la comisionada Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua.
Ortega ha negado que la policía haya usado la fuerza de forma desproporcionada o que tengan órdenes de disparar contra los manifestantes, y afirma que solo buscan garantizar el orden público y evitar actos vandálicos.
Urrejola, por su parte, señaló además que el equipo de la CIDH comprobó falta de "estándares forenses" en los hospitales y el Instituto de Medicina Legal para esclarecer los casos de muertos y heridos.
También identificaron, como patrón, que no se documentaron fehacientemente las circunstancias de los fallecimientos y agresiones contra los manifestantes.
"En algunos casos se le requirió a los familiares firmar un texto en el que solicitaban la entrega del cuerpo sin realizar estas diligencias indispensables para alcanzar justicia", afirmó la comisionada.
Otra de sus denuncias fue el "ambiente de intimidación" contra los opositores, las "amenazas de muerte", la "vigilancia" y el "hostigamiento en redes sociales".
A partir de las denuncias recabadas, la CIDH consideró que se habría negado también atención médica de urgencia a heridos en las manifestaciones.
El gobierno de Nicaragua ha negado con anterioridad que existan presos políticos o desaparecidos tras las protestas, que se iniciaron por la aprobación de un nuevo plan de pensiones que incluía reducir las prestaciones y aumentar los aportes al seguro social de los empleados.
Aunque el gobierno suspendió la medida, las manifestaciones continuaron como protesta por la violencia ejercida por las autoridades para reprimir las manifestaciones y sus reclamos llegaron al punto de pedir la dimisión de Ortega.
La semana pasada, el mandatario inició un diálogo con los estudiantes y con la Iglesia católica, una de cuyas bases fue permitir la entrada de la CIDH para que evaluara los hechos violentos registrados.
Recomendaciones
Finalmente, la CIDH instó al gobierno a implementar un total de 15 recomendaciones, que van desde el "cese inmediato de la represión" y "el respeto y la garantía al derecho a la protesta y a la libertad de expresión" hasta "la creación de un mecanismo de investigación internacional" sobre los hechos de violencia ocurridos.
La CIDH instó, además, a investigar juzgar y sancionar a los presuntos responsables de la violencia solicitó el desmantelamiento de "grupos parapoliciales", el fin de la censura y la exhortación a las autoridades de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a los manifestantes.
Reclamó también "la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional" y "un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones" mediante un calendario de nuevas visitas.
Tras conocer el informe, la mesa del Diálogo Nacional comunicó que "hace suyas las recomendaciones" y solicitó al gobierno que se comprometa a establecer este mecanismo de seguimiento de las mismas.
Análisis de Arturo Wallace, enviado especial de BBC Mundo a Nicaragua
El informe preliminar de la CIDH no será lectura fácil para el gobierno de Nicaragua.
Los hallazgos de la Comisión cuestionan seria y directamente el actuar de numerosas instituciones gubernamentales.
Y varios de ellos equivalen a un tajante desmentido de lo afirmado por el presidente Daniel Ortega durante la instalación del Diálogo Nacional, la semana pasada.
Ortega negó que las fuerzas de seguridad tuvieran órdenes de disparar, pero según el reporte se pudo concluir que habían utilizado armas de fuego "en forma indiscriminada".
De hecho, la CIDH mencionó incluso "la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales".
Y en sus recomendaciones también llamó al gobierno a "desmantelar los grupos paramilitares", atribuyéndole así responsabilidad sobre los mismos.
El informe habla también de torturas, detenciones ilegales y arbitrarias y censura, y termina haciendo un llamado al "cese de la represión".
Y todo eso sugiere que en la guerra de versiones de la realidad que actualmente también tiene lugar en Nicaragua la CIDH parece inclinarse claramente por la denunciada por los manifestantes.
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