Santa Cruz y la Constituyente

A través de su Comité Cívico y Brigada Parlamentaria, respecto a la cuestión de los escaños, Santa Cruz dio muestras que la racionalidad y sensatez conforman elementos esencialmente constitutivos de la personalidad regional. A fin de evitarle mayores tropiezos a las elecciones presidenciales, consecuentes con el anhelo nacional de que nada ni nadie impida esta justa democrática, aceptó el Decreto Supremo por el cual el Presidente de la República, Eduardo Rodríguez, postula la solución que el Parlamento fue incapaz de concertar. La aceptó a pesar de que se le resta uno de los cuatro diputados más a que tiene derecho en aplicación estricta del parámetro demográfico que establece la Constitución Política del Estado y la ley electoral.
Pero se deja bien en claro que tal desprendimiento no significa renunciación alguna en torno al mencionado principio, el cual debe ser de aplicación estricta en el futuro inmediato. Sobre todo, en lo que hace a la Constituyente, para la cual debe regir la fórmula de “un ciudadano, un voto”. Es lo democrático. A regiones de mayor población corresponde mayor número de asambleístas. Santa Cruz advierte que respecto a este asunto ni negociará ni transigirá con nadie, lo cual nos parece razonable y legítimo, porque igual que ahora , buscará que mañana, respecto a la Constituyente, las definiciones en cuanto respecta a la forma de elección de sus miembros no contradiga sino se ajuste a los principios democráticos en materia de representación popular, sea ésta ordinaria o ‘constitutiva’. En esta última, igual que en la primera, las mayorías y minorías asumen la estatura cuantitativa que les acredita el voto popular en las urnas, sin distorsiones de ninguna clase.
Contradice totalmente lo anterior la propuesta corporativista que sobre el modo de elección de los asambleístas parte de sectores obviamente minoritarios y manifiestamente interesados en ser más de lo que realmente son, desde el punto de vista demográfico, en la Constituyente. Lo curioso es que se den estas pretensiones a la sombra de recurrentes alegatos alusivos a una aplastante mayoría de lo indígena en la estructura demográfica del país. Entonces, ¿por qué la resistencia al principio de “un ciudadano, un voto”? Simple y llanamente, por llegar a ser lo que no se puede alcanzar a través del voto popular en las urnas, toda vez que Bolivia es mayoritariamente un país mestizo y urbano, por mucho que una errática pregunta en el Censo Nacional de 2001 sugiera lo contrario.
Consecuentemente, en vez de “un ciudadano, un voto”, quieren “una etnia, tantos votos”. De esta manera, buscan para la Constituyente la preeminencia cuantitativa que no les pueden garantizar las urnas, pero que la conseguirían tras juntar a los “étnico-constituyentes” con los del MAS y de otras opciones neopopulistas. Todo esto, en desmedro de Santa Cruz y otras regiones que por ser más pobladas, en la Constituyente tienen que asumir el tamaño cuantitativo que establece su cuota aparte en la demografía nacional.
Sensata y responsable la actitud cruceña respecto al último conflicto. Cede para no perjudicar los comicios presidenciales. Pero tras su desprendimiento hay una advertencia que algunos sectores de occidente no pueden pasar por alto.

Triste: impunidad garantizada
Dominicus

Es lamentable comprobar que en Santa Cruz de la Sierra reina una impunidad casi absoluta. Es más, pese a que nuestra ciudad se ha convertido en un lugar peligroso para vivir, deberíamos –paradójicamente– ‘congratularnos’ con la amarga satisfacción de que la situación podría ser peor, mucho peor. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que no hay autoridad que imponga sanciones ejemplarizadoras. En consecuencia, todos se creen impunes, esto es, libres de castigo alguno; hacen lo que les viene en gana.
Desde el conductor que olímpicamente ignora señales de tránsito, hasta el que bota basura, hace ruidos infernales durante la noche sin importarle un bledo sus vecinos y terminando con el tremendo auge delincuencial, todos pueden hacer lo que quieran. Total, están en la capital oriental, sede de la impunidad para quien quiera violar la ley, no respetar al prójimo, ensuciar calles, etc. Es algo horrible pero real. Nos vemos forzados a convivir con este ‘despiporre’.
Como ya lo expresé alguna vez, ninguna agrupación humana funciona sin que existan dos mecanismos esenciales que son la ecuación básica de la Ciencia Política: un aparato de sanciones para quienes no cumplen las normas establecidas y un mecanismo generador de obediencia voluntaria. Esta última se crea mediante costumbres, educación y tradiciones, pero también se la puede mejorar notablemente cuando la capacidad de las autoridades de imponer sanciones ante la desobediencia es fuerte. Si un cretino que se pasa imprudentemente el semáforo con luz roja (sin preocuparse por si lo matan o mata a alguien), es multado ‘ipso facto’ con una fuerte suma de dinero o enviado –como se hace en Alemania– a la cárcel, probablemente nunca más lo vuelva a hacer. Otros lo pensarán dos veces antes de cometer esa misma infracción. De la misma manera y para todo, es dable establecer sanciones drásticas y fuertes hasta que el pueblo aprenda y obedezca.
Lamentablemente, en Santa Cruz de la Sierra y por debajo de la tibia formalidad de autoridades constituidas, prima un alarmante vacío de poder tanto en las esferas policiales como legales, municipales y de gobierno en general. No hay quién establezca sanciones, no hay quién haga respetar la ley con firmeza y consecuencia. De vez en cuando se hace algo, pero es por pocos días y con efímeros resultados. La gente tampoco reclama mucho y, con tal motivo, poco y nada se hace.
Sí, hay impunidad y eso no es bueno. Parte del progreso de una comunidad es el camino hacia el orden. Ese camino tenemos que construirlo pronto aquí. No puede ser que la principal ciudad boliviana, la capital económica e internacional del país, sea poco menos que una tierra de nadie.