Los dos ex tenientes coroneles, Julio Cesar Galindo y
Julio Herrera Pedraza, además de los dirigentes sindicales acusados de
sedición y otros delitos fueron absueltos del caso, luego que el Ministerio
Público determinará cerrar el proceso de investigación por la falta de pruebas
de la parte demandante.
El fiscal adscrito al caso, Alberto Villegas informó que
el Ministerio Público emitió una resolución en el que se rechaza la demanda
presentada por el ex ministro de Gobierno, Saúl Lara, quien acusó a los ex
militares y dirigentes de pretender desestabilizar a la gestión del entonces
presidente Carlos Mesa.
"En cuando se refiere a los dos ex militares y los
dirigentes Jaime Solares y Edgar Patana, entre otros, se ha emitido una
resolución de rechazo, pues no he tenido las pruebas ni los testigos para
continuar la investigación", apuntó el fiscal.
Asimismo, justificó su determinación al señalar que ni
las ex autoridades que debían ratificarse en las denuncias ni tampoco los
empresarios privados que anunciaron procesos contra los dirigentes, así como
testigos, se presentaron para aportar en la investigación
."Tenia muy pocos elementos, no se presentaron ninguna de
las partes afectadas ni tampoco los empresarios ni mucho menos testigos. En
esas condiciones no se pudo realizar un juicio oral y se aplicó la ley",
precisó el fiscal.
La investigación de este caso se centró sobre la base de la denuncia
presentada contra los ex tenientes coroneles, Julio Cesar Galindo y Julio
Herrera Pedraza, quienes fueron acusados del delito de sedición y otros junto
con los dirigentes de la COB, Jaime Solares y el concejal alteño, Roberto de
la Cruz y cuatro dirigentes de la COR de El Alto.
Lara fue convocado por el Ministerio Público para que se
ratifique en las declaraciones, pero no fue habido en su domicilio para ser
notificado y no pudo declarar sobre la denuncia que presentó cuando cumplía
funciones en el Ejecutivo.
En esa oportunidad, Lara sostuvo en su demanda ante el
Ministerio Público, que las marchas de protesta violentas que cercaron la
plaza Murillo y amenazaron con ser más radicales puso en peligro la vida del
entonces presidente, Carlos Mesa, los miembros del gabinete ministerial,
legisladores y demás funcionarios públicos, pero esta denuncia no fue
ratificada.
ANF