Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Jueves 27, Octubre de 2005
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Ex militares y dirigentes acusados de sedición fueron absueltos
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Los dos ex tenientes coroneles, Julio Cesar Galindo y Julio Herrera Pedraza, además de los dirigentes sindicales acusados de sedición y otros delitos fueron absueltos del caso, luego que el Ministerio Público determinará cerrar el proceso de investigación por la falta de pruebas de la parte demandante.

El fiscal adscrito al caso, Alberto Villegas informó que el Ministerio Público emitió una resolución en el que se rechaza la demanda presentada por el ex ministro de Gobierno, Saúl Lara, quien acusó a los ex militares y dirigentes de pretender desestabilizar a la gestión del entonces presidente Carlos Mesa.

"En cuando se refiere a los dos ex militares y los dirigentes Jaime Solares y Edgar Patana, entre otros, se ha emitido una resolución de rechazo, pues no he tenido las pruebas ni los testigos para continuar la investigación", apuntó el fiscal.

Asimismo, justificó su determinación al señalar que ni las ex autoridades que debían ratificarse en las denuncias ni tampoco los empresarios privados que anunciaron procesos contra los dirigentes, así como testigos, se presentaron para aportar en la investigación

."Tenia muy pocos elementos, no se presentaron ninguna de las partes afectadas ni tampoco los empresarios ni mucho menos testigos. En esas condiciones no se pudo realizar un juicio oral y se aplicó la ley", precisó el fiscal.
La investigación de este caso se centró sobre la base de la denuncia presentada contra los ex tenientes coroneles, Julio Cesar Galindo y Julio Herrera Pedraza, quienes fueron acusados del delito de sedición y otros junto con los dirigentes de la COB, Jaime Solares y el concejal alteño, Roberto de la Cruz y cuatro dirigentes de la COR de El Alto.

Lara fue convocado por el Ministerio Público para que se ratifique en las declaraciones, pero no fue habido en su domicilio para ser notificado y no pudo declarar sobre la denuncia que presentó cuando cumplía funciones en el Ejecutivo.

En esa oportunidad, Lara sostuvo en su demanda ante el Ministerio Público, que las marchas de protesta violentas que cercaron la plaza Murillo y amenazaron con ser más radicales puso en peligro la vida del entonces presidente, Carlos Mesa, los miembros del gabinete ministerial, legisladores y demás funcionarios públicos, pero esta denuncia no fue ratificada.

 

ANF