“Si se hubiese desatado un enfrentamiento fratricida en junio pasado, las Fuerzas Armadas hubieran tomado el poder”. La afirmación corresponde al general retirado Lucio Áñez, y hay motivos para creerle. Y es que se escuchan ruidos de pasos fuera de los cuarteles y declaraciones poco claras en el interior. El primero en salir a dar el aviso fue David Aramayo, comandante de la Policía. Dijo que le habían golpeado la puerta para iniciar un motín durante junio. El martes, casi con las mismas palabras, el turno fue del general de Ejército Marcelo Antezana. Ambos aseguran que ‘no escuchan los golpes’ (en las puertas).
Fernando Mayorga desconfía de cualquier teoría de conspiración en el interior o afuera de las FFAA, pero sí ve una posibilidad real de que exista un golpe de Estado. Observa que antes que la institucionalidad democrática, los grupos castrenses priorizarán la unidad del país, algo que se ha puesto en duda “con la fuerte polarización de enero y la posibilidad de enfrentamientos fratricidas que se dio en junio”, dijo.
El sociólogo Juan Ramón Quintana se pregunta qué hacen los comandantes de la Policía y el Ejército dando declaraciones de ese tipo y por qué no lo hacen a través de sus entes colegiados, que son los comandos generales de la Policía y las FFAA. Para Quintana, esto deteriora la autoridad del presidente: “La devalúa porque no pone límites a esta práctica discursiva y no democrática. El Comandante de la Policía da tantas declaraciones que hasta parece que no hay ministro de Gobierno. Eso confunde, genera graves distorsiones y sentimientos de poder político en esas instituciones”. Las posibilidades de una guerra civil o enfrentamiento fratricida vienen de la mano de la polarización que ha experimentado el país en los últimos meses. Para el analista político Andrés Soliz Rada, ésta es culpa de los malos manejos del Estado durante todo el periodo democrático. “La destrucción nacional ha exacerbado los regionalismos. Como no pueden resolver sus problemas dentro del Estado, tratan de solucionarlos en sus regiones o a través de sus identidades de aymara, quechua, guaraní o chapaco, y no como ciudadanos”, explicó.
La falta de inclusión, en opinión del comunicólogo Rafael Archondo, provoca que el Estado sea percibido como algo ajeno, como un adversario. “Es fundamental que después de la Constituyente, la población sienta que el Estado es suyo, que comparta responsabilidades, que sienta que no es un padrastro al que se le exige todo, pero no se le cree nada”, dijo.
Sin embargo, el economista Javier Gómez advierte de que no hay que apostar todas las fichas a la Asamblea Constituyente, porque será un escenario en el que los ganadores confeccionen una nueva Constitución. Allí ve uno de los principales riesgos para la democracia. Luego de la capitalización, los cuestionamientos y desencantos sobre ésta a partir de 1999, existe una suerte sentimiento derrotista entre los bolivianos, que piensan que los únicos ganadores están lejos de Bolivia. Para él, la salida posible es que el próximo Gobierno sea coherente con su masa electoral, por más que eso signifique pelearse con quien no lo eligió. “Mesa intentó estar bien con Dios y con el Diablo y al final todos se vinieron contra él. Lo mismo puede pasar en 2006. El próximo presidente puede ser echado del poder por la misma gente que lo eligió. La movilización social ha reemplazado al voto, por la lejanía de los partidos políticos a las demandas de la sociedad. Ya no son mediadores”, explicó.
Para Mayorga, lo más importante es crear un clima de consenso, para que nadie se sienta ganador ni perdedor en la Constituyente. Advierte de que para ello es necesaria una enorme capacidad política y predisposición al diálogo. “Cuando tienes una sociedad que está en proceso de cambio y conciliación de intereses, y los actores son, en términos generales, débiles y no pueden imponer su hegemonía, el diálogo es la única salida”, dijo. Sin embargo se muestra optimista porque pese a que el país experimentó varias fracturas en la continuidad democrática, el proceso permanece de pie.

Tras un lustro, la economía es saludable

Desde los últimos días del Gobierno de Víctor Paz Estenssoro, Bolivia no tenía un déficit fiscal del 3,5%. La semana pasada, el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, hizo el anuncio con bombos y platillos de lo que parece ser la mejor noticia en muchos años para la economía boliviana. El déficit en el Tesoro General de Bolivia alcanzó el 8% en 2003 y Gonzalo Sánchez de Lozada trató de bajarlo con el impuesto al salario. Así desató la crisis de febrero negro y el resto fue caída libre.
Pese a los dos años de convulsión social que ha vivido el país, el Estado ha logrado descontar casi cinco puntos del déficit, pero eso no significa que se haya achicado o hecho ahorros. La respuesta al éxito está en una conquista de octubre: la nueva Ley de Hidrocarburos.
Según explica Javier Gómez, economista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, la suerte de los políticos es que los indicadores económicos actuales les han dado mucho aire.
“Estamos con un crecimiento de exportaciones muy fuertes, y con una reducción del déficit fiscal muy grande gracias a la nueva Ley de Hidrocarburos. Ésta le ha dado la oportunidad al Estado Boliviano de aliviar su peso a través del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, el Impuesto Específico a los Hidrocarburos y el crecimiento de los precios del petróleo en el mercado internacional. Estamos con indicadores económicos mucho mejores que en el año 2002”, dijo, y añadió que lo más paradójico es que esta bonanza es fruto de las movilizaciones.

Sus enemigos

Desigualdad. La tesis neoliberal de que creando ricos se iba a producir un derrame que beneficiaría a toda la población no ha funcionado en Bolivia. Los índices de pobreza se mantienen por encima del 60% y la concentración de la riqueza, en menos del 5% de la población.

Exclusión. Los bolivianos ven que hay ciudadanos de primera y de segunda, gente que tiene acceso a todos los beneficios del Estado y personas que no pueden educar a sus hijos, ni tener acceso a la salud y los recursos naturales.

Conflictos entre regiones. La crisis económica y los problemas entre clases sociales han desarrollado un conflicto de intereses entre el oriente y el occidente del país. Mientras la región andina busca nacionalización de hidrocarburos y Asamblea Constituyente, el oriente cifra sus esperanzas en las autonomías departamentales. Se entiende el país como dos Bolivias, una productiva y otra bloqueadora, una beneficiada y otra excluida. El proceso es de ida y vuelta. El último ‘round’ de esta disputa se pelea en el Congreso, con el intento de interpretación del fallo del Tribunal Constitucional sobre redistribución de escaños.

Impunidad. Ni en los hechos de corrupción, ni en los abusos de la fuerza en los periodos constitucionales no han sido sancionado los culpables. Eso causa un descreimiento en el sistema de gobierno.

Política erosionada. La falta de solución de los problemas esenciales de la sociedad provoca que al ciudadano común no le importe quién arregle sus carencias. Es por eso que en la encuesta del Latinobarómetro Bolivia figura con más del 60% de aceptación un régimen militar, si éste les resuelve los problemas económicos