De cara a la autonomía

No se puede precisar aún el tiempo que demandará la implementación del régimen autonómico en Bolivia. Debido a adversos factores de diverso tipo, casi siempre ligados a nuestra condición de país subdesarrollado y deficientemente consolidado, el rediseño del sistema institucional, entre nosotros, transcurre en medio de estruendosos escarceos políticos, sociales, corporativos y regionales que prolongan las respectivas tomas de decisiones.
Un ejemplo conspicuo en el sentido mencionado son las elecciones convocadas para el 4 de diciembre. Si se realizan o no en esta fecha o se postergan para 2006, depende ahora de los fallos del Tribunal Constitucional sobre dos recursos presentados por sectores manifiestamente interesados en sabotear la consulta popular, alegando la inconstitucionalidad de la respectiva convocatoria.
Sin duda que el camino a las urnas será difícil, pero nos asiste la esperanza que de todos modos llegaremos a ellas. El pueblo definirá con su voto en las urnas a quién debe enfrentarse en las elecciones de segundo grado. Es decir, en el Parlamento, que es el que conforme a la Carta Magna corresponde elegir por mayoría absoluta de votos válidos, en votación oral y nominal, a cualquiera de los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de sufragios. Es previsible que estallen rayos y centellas si una coalición polìtico-parlamentaria elige al segundo y no al primero en la votación global, como podría acontecer. Bolivia se caracteriza por ser un país donde gran parte de la población e inclusive algunos que ejercen el liderato de sectores políticos, sociales y corporativos, acusan escasa y casi nula conciencia de legalidad. Sin embargo, nos asiste la certeza de que el entuerto, aunque cuando equivalga a parto doloroso, será superado y que el nuevo Jefe de Estado se instalará sin mayores problemas en el Palacio Quemado de La Paz. Al cabo, más del 80 por ciento del electorado, no quiere caos social y polìtico, sino normalidad política con paz social.
El siguiente tramo, será tan difícil y problemático como el anterior. Nos referimos a la Asamblea Constituyente, instancia en la que debe definirse el tema de las autonomías regionales.
Difícil, porque aún no existe el consenso nacional requerido respecto a una cuestión crucial como es la forma en que deben ser elegidos los constituyentes. Sin embargo, encaramos el asunto con optimismo y creemos que, al final, en el marco de la racionalidad y el buen sentido, pero sobre todo en observancia rigurosa de los principios democráticos a los que debe sujetarse el asunto, tendremos Asamblea Constituyente para que defina, entre otros asuntos, el régimen autonómico.
Es para dicho momento que Santa Cruz parece estar adecuadamente preparada.
Va a la Constituyente con un proyecto de Constitución Autonomista y otro de Estatuto Autonómico totalmente idóneo que, de paso, encaje en las condiciones bolivianas. Sin duda que el primero servirá de orientación a los demás departamentos respecto a los alcances del gobierno regional, tanto en lo que respecta a atribuciones como a la clasificación de recursos, mientras el segundo hará lo propio en cuanto concierne al ejercicio del poder político y administrativo a escala departamental. Importante es que el boceto no omita normativas de control y fiscalización del manejo de los recursos presupuestarios a nivel regional, en términos que garanticen total transparencia, lo cual exige vigilancia rigurosa , a través de mecanismos adecuados, del movimiento de fondos coetáneos al gasto, que es lo que falla en el actual sistema de control y fiscalización a escala nacional.
Estamos de cara a una autonomía que no sabemos aún cuando podremos alcanzar, pero ambas iniciativas cruceñas ayudan a acelerar el paso, a nivel nacional, hacia tan importante objetivo.

El menoscabado principio de autoridad
Raspapinchete

Aprender a reconocer y respetar el principio de autoridad es asignatura pendiente en nuestra comunidad, si bien es cierto que para recordar y contabilizar a aquellas autoridades que dejaron huella en el cumplimiento de sus deberes, podría hacerse necesario un esfuerzo mental y sobrar los dedos de una mano. Con certeza no han sido muchas las que actuando en consecuencia y nada más que aplicando la ley consiguieron meter en cintura a sus transgresores.
Lamentablemente, en la mayoría de los casos se deja sentir un inquietante vacío de autoridad en Santa Cruz de la Sierra. Unas veces porque le queda grande el cargo a quien debe ejercerlo y otras porque, amén de las improvisaciones que también se dan en las designaciones, suele encontrarse en la escasez de recursos el expediente fácil para la excusa del incumplimiento de las tareas encomendadas.
Pero no es menos cierto que en nuestro medio se ha desarrollado y estimulado, de un largo tiempo a esta parte, una actitud ciudadana de desconocimiento e irrespeto al tan mentado ‘principio de autoridad’. ¿Acaso no se ha visto hace poco a marchistas ‘universitarios’, a conductores iracundos y a jóvenes ebrios (mujeres incluidas) insultando, agrediendo y ‘zamarroneando’ a su regalado gusto a uniformados de la Policía?
Mientras tanto, algunos medios de comunicación dedican casi a diario todo un repertorio de insultos (incapaz, estúpido, ignorante, bruto y otras lindezas) para descalificar y hacer ‘bolsa’ a la autoridad sin el más mínimo respeto y, menos aún, sin concederle el derecho al pataleo.
Planteadas así las cosas, hasta resulta contradictorio que nos quejemos por la ‘falta del principio de autoridad’ cuando intentamos hallar, al menos en parte, una explicación al desbarajuste ciudadano que se viene dando sin suerte de solución en nuestra urbe ñuflense. Y es que entre otras cosas se mantiene bien arraigada y se fomenta desembozadamente aquella actitud que tiende a desconocer olímpicamente aquel ‘principio’, a pesar de que su observancia por los ciudadanos contribuye a una civilizada convivencia. Aquí y en cualquier parte.