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Aquí no hay dónde perderse. Si se aplica la ley, se debería desalojar a los terceros de Guarayos. En 1996 ahí no había nadie”, dijo Francisco Kempff, superintendente forestal. La autoridad nacional asegura que, desde 1998, ha cursado una serie de oficios al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para hacerle conocer los desmontes ilegales para que éstos no sean tomados en cuenta a la hora de probar el cumplimiento de la Función Económica y Social que da paso a la consolidación de predios y la titulación de la tierra. “Eso sería premiar la ilegalidad. La Superintendencia Forestal le ha pedido al INRA que el primer filtro para el saneamiento de tierras sea la imagen satelital, que es una fotografía, con fecha y hora, de cómo estaba la zona en 1996, cuando se aprobó la ley INRA”, señaló.
Roberto Tórrez Valdez, nuevo director nacional del INRA, que estuvo en Santa Cruz de la Sierra el martes pasado, evitó referirse al tema y aseguró que ya se le ha cursado un informe técnico-jurídico sobre la TCO Guarayos al Presidente y él lo remitirá al Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín. Este organismo gubernamental envió el 18 de agosto una carta para Rodríguez Veltzé para pedirle una auditoría en todo el saneamiento de Guarayos.
Pero Kempff va más allá. Explica que, basado en imágenes satelitales, pasará a los municipios de Guarayos la base de datos de todos los desmontes ilegales en su jurisdicción, para que ellos los crucen con los datos del saneamiento del INRA.
“Cuando se aprobaron las concesiones forestales, todas las resoluciones fueron enviadas al INRA. En esas tierras no había propiedades agropecuarias porque cuando se hace un plan de manejo es requisito que no se incluyan propiedades ni comunidades campesinas. Ahora, el INRA nos ha comunicado el saneamiento en la zona y debemos hacer recortes de áreas de concesiones porque han aparecido propiedades privadas de la noche a la mañana y están con saneamiento”, sentenció, y luego añadió: “Habría que revisar todo el proceso de saneamiento”.
En el caso de la TCO Guarayos, la frase más repetida por todos los actores es “que se cumpla la ley”. Lo piden la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el Estado y los municipios de esta zona.
José Abiyuna, presidente de la Copnag, explicó que ahora su atención está centrada en la Exposición Pública de Resultados de los trabajos realizados en el polígono 4, que actualemente se desarrolla en Ascensión. “Hay más de 400 terceros en ese polígono y la mayoría de los problemas son por superposiciones entre ellos”, señaló.
Jorge Acuña, abogado de la Copnag, apoyó las afirmaciones de Kempff. Pone como ejemplo las propiedades agrícolas que el INRA ha titulado sobre tres de los seis planes de manejo forestal que tiene el pueblo guarayo. “Uno de esos casos está en la comunidad Yotaú, donde una propiedad ha afectado con 3.000 hectáreas al plan de manejo forestal de la zona. Allí han hecho potreros”, dijo.
Denunció además que existen muchas propiedades reconocidas por el INRA que se encuentran dentro de concesiones forestales. “Ahora en Guarayos hay mucha producción de arroz e incluso se ha abierto un ingenio arrocero, cuando la tierra es de uso mayor forestal. Si se emplearan imágenes satelitales, se darían cuenta que los asentamientos son nuevos. Esto le daría un rumbo distinto al saneamiento”, dijo.
Mauricio Roca, vicepresidente de la CAO, explica que el gremio está comprometido con el estricto cumplimiento de la ley y que mucha gente está tratando de hacer política con el saneamiento en Guarayos. “Queremos seguridad jurídica para poder producir, que los terceros que asistan a la Exposición Pública de Resultados sin que los amedrenten. Lo primero que tiene que hacer Francisco Kempff es asistir a las reuniones donde se discute el tema de la tierra de Guarayos”, dijo.
Para Luis Baldomar, asesor jurídico de la CAO, hay dos actores dentro de Guarayos: los originarios y los propietarios de predios. En su opinión, la única representación del pueblo guarayo es la Copnag, pero en el último tiempo “muchos aparecen hablando en nombre de ellos”. Explica que la mayoría de los terceros (propietarios de predios que deben demostrar que sus tierras cumplen la FES, y que estaban trabajando en la zona antes de 1996), no está afiliado a ningún gremio. “El único instrumento gremial en guarayos es la Asociación de Ganaderos de Guarayos, pero en el último tiempo existe una profusa cantidad de organizaciones de todo tipo, la mayoría de ellas con una dudosa legitimidad”, señaló Baldomar.
Roca añade que Guarayos se constituye en la nueva frontera agrícola que se está desarrollando y que, además de tener una inmensa riqueza forestal, posee un gran potencial agropecuario. “Ambos deben coexistir respetando el uso mayor del suelo. Lo que se debe tener es una presencia sólida del Estado que garantice un proceso ordenado para desarrollar las potencialidades de la zona. Eso llevaría bienestar a sus pobladores, porque uno de los factores importantes de desarrollo es la agricultura”, dijo.
El año pasado, el ex ministro de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza, presentó una denuncia de tráfico de tierras en la zona. En su opinión, Guarayos resume todo el mapa de la problemática nacional de la tierra.
Ricardo Saucedo, director departamental de Medio Ambiente, opina que el problema de Guarayos emerge del auge de precios de la soya y el sorgo. Explica que es una zona privilegiada por el hecho de estar en medio de dos cuencas, lo que le da humedad permanente. Es una de las pocas áreas del país, si no la única, en la que se pueden sacar dos cosechas al año. Este es un problema meramente económico y en algún momento Santa Cruz debe detenerse y decidir si será agropecuario o forestal turístico. Lo que estamos haciendo hasta ahora es responder, si se quiere hasta hormonalmente, en plazos súpercortos a lo que el mercado demanda”, dijo. La autoridad prefectural, abogado especializado en medio ambiente, opina que todo esto pone de manifiesto la debilidad institucional del Estado. “Éstos son procesos económicos muy fuertes y no se trata de la excepción que rompe la regla. No es la regla que el sector agropecuario esté respetando el uso de suelo y las autoridades estén fallando en aquellas excepciones en las que entran en sectores que no les corresponden. Aquí la mayoría del sector agropecuario está rompiendo la regla. Frente a ese desconocimiento generalizado, el Estado ha quedado en incapacidad de poder detenerlo”, dijo.
La CAO propone el uso del Plan de Ordenamiento Predial para hacer las modificaciones propiedad por propiedad, de acuerdo con el uso mayor del suelo. “Creo que la actividad agropecuaria no se antepone a la forestal. Ambas deben respetarse. No es bueno que se invadan zonas de aprovechamiento forestal para transformarlas en agrarias porque es un mal negocio”, dijo Roca.
Explicó además que la CAO tiene algunos estudios sobre Guarayos y que maneja datos de las experiencias que se están realizando en la zona. “Existen zonas con buenas perspectivas para desarrollar actividades de cría, recría y engorde de ganado, así como hay otras con potencial interesante: en las tierras bajas se puede cultivar arroz y en las altas soya y maíz. Existe la posibilidad de realizar la siembra de invierno, lo cual le daría sostenibilidad en el manejo de suelos”, señaló el empresario.
Actualmente, Guarayos alberga a originarios, productores tradicionales, empresarios nacionales, colonos y agricultores menonitas, brasileños, argentinos y rusos. El saneamiento es el que deberá decir quién está asentado legalmente.

En 12 meses se deforestaron 47.000 hectáreas

Entre junio de 2004 y junio del presente año, se realizaron más de 470 deforestaciones ilegales en Guarayos. Los desmontes variaron en superficies de entre 25 y 3.500 hectáreas y no respetaron ni concesiones forestales ni la Reserva Forestal Guarayos, un área que abarca la mayor parte de la provincia y que tiene el mismo tratamiento legal que un parque nacional.
Estos datos fueron corroborados por el equipo de sistemas de información geográfica de la Superintendencia Forestal. El técnico Rolf Wachholtz explica que ninguno de estos chaqueos tiene planes de desmonte. “En las concesiones Guillet y Frerking hay deforestación ilegal. En las próximas semanas, entregaremos toda la información a los municipios, lo que les permitirá actuar. Por cada hectárea deforestada deberán pagar $us 30”, señaló.
Explicó además que anualmente se deforestan más de 300.000 hectáreas en el departamento de Santa Cruz. De ellas, sólo 50.000 tienen permiso de la superintendencia; el resto son ilegales. Según los estudios de la Superintendencia Forestal, la mayor parte de estos desmontes se producen en las provincias Guarayos, Velasco y Germán Busch.
Es por eso que la institución ha invertido en la creación de un sistema informático que le permitirá informar cada 15 días sobre el avance de la deforestación y a diario sobre los focos de incendio en todo el país. La intención es que sea utilizado por los municipios para ejercer un mejor control en su zona. El sistema, que trabaja a base de fotografías satelitales, abarcará primero los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz. En 45 días más podrá ser consultado por cualquier persona a través de Internet.
Wilfredo Oreyai, vicepresidente de la Copnag, explica que en los polígonos 2 y 3 hay concesiones forestales que se están convirtiendo en propiedades agrarias. “¿Se ha cambiado la ley? Si ellos están vendiendo, nosotros tenemos derecho a entrar y tomar esas tierras. Son propiedades de 17.000 y 23.000 hectáreas que se venden a rusos, menonitas y brasileños. Estamos tropezando con ellos y el INRA no está haciendo nada”, dijo.
Aseguró que lo mismo sucede en el polígono 4, en el que el 70% de la tierra está en manos de terceros, mientras que el pueblo Guarayo debe conformarse con el 30% restante. En la Superintendencia Forestal se ha comprobado que hay predios que incluso han drenado curichis para convertirlos en sembradíos de arroz.

Los términos

Polígono: División imaginaria de un territorio para realizar su saneamiento
FES. Función económica y social es la comprobación de que la tierra titulada está en producción.
Pericias de campo. Relevamiento de datos in situ realizado por los técnicos del INRA para comprobar si cumple o no con la FES.
EPR. La Exposición Pública de Resultados es la instancia en la que el INRA informa a los interesados sobre los resultados de las pericias de campo. Allí pueden recibir las objeciones de los actores.
ETJ. Es el instrumento que reúne los datos de las pericias de campo, la documentación legal y las observaciones para los predios.
Plan de Manejo. Forma en la que se explotará una concesión maderera.
Concesión forestal. Es un determinado territorio que el Estado entrega a una persona, empresa o comunidad para su aprovechamiento únicamente forestal.
PLUS. El Plan de Uso de Suelo es una categorización de las aptitudes de los territorios para su aprovechamiento económico.
POP. El Plan de Ordenamiento Predial es un ‘zoom’ del PLUS sobre cada uno de los predios.