¿Una ley prohibiendo bloquear?

Ciertamente son muchos los problemas pendientes de solución en Bolivia, que tienen que ver con temas vinculados a las necesidades vitales del pueblo, a la pobreza y al subdesarrollo que infelizmente son nuestras características principales. Un ligero recuento lo puede confirmar y nos apresuramos a realizarlo, por si hay dudas con respecto a esos asuntos sin resolver porque el Estado jamás dispone de recursos económicos para encararlos con la prontitud que las circunstancias exigen.
Por ejemplo tenemos carencias alarmantes en cuanto a personal, infraestructura y medicamentos en el campo de la salud, como las hay en educación donde asimismo falta personal e infraestructura, además de material escolar. Increíble que a estas alturas de la civilización nos estén faltando cosas elementales en esos básicos servicios, como es poco verosímil que también andemos en pañales en otros capítulos fundamentales como el suministro de agua potable, electricidad, alcantarillado y pavimentación, sobre todo en las provincias. La cruda realidad, habrá que reiterarlo, señala que se avanza poco y nada en la provisión de ésos y otros importantes servicios porque el Tesoro General de la Nación vive al día, peor aún, en el peso y los cuatro reales.
Sin embargo hay otros problemas para cuya solución no se precisa que el país esté boyante ni mucho menos, sino que requieren un poquito de sentido común, un mínimo de comprensión y tolerancia, y básicamente el cumplimiento de la ley. Uno de ellos, que por lo demás atenta contra los derechos y que se confronta con lo que cabalmente más buscamos -salir de la pobreza-, es el bloqueo de calles, avenidas, caminos, puentes y pueblos. Se ha entronizado de tal forma entre los sectores que integran la sociedad nacional esta torpe y malsana costumbre, que no debe haber un día del calendario boliviano que no registre siquiera un bloqueo. Tan perniciosa actitud, con su añadido de pertinacia, proliferó en el interior del país y, desde esta columna, la condenamos más de una vez en tono severo, exigiendo la intervención de las autoridades y de las entidades respectivas para que no toleren su repetición.
¿Qué tal que ahora los bloqueos han tomado carta de ciudadanía cruceña alentados por colonos, “sin tierra”, juntas vecinales, cívicos, comerciantes informales, transportistas y cuanto gremio considere postergados o dañados sus intereses y aspiraciones? Tamaño abuso se está perpetrando esta vez en la provincia Guarayos por un conflicto de tierras, y por el mismo motivo, no muy lejos de allí, al aparecer estas líneas podría haber otro cerco por derechos sobre la propiedad Paila, sin que sirva de nada un dictamen de autoridad competente: los intrusos deben salir porque están avasallando un fundo que produce y con dueños legítimos.
Ya corrió sangre, como antes, y puede seguir corriendo porque no quieren atenerse a las leyes, principalmente la que señala que nadie está facultado a impedir el libre tránsito por el territorio nacional. Incluso en esta capital cualquier momento puede producirse una gresca con resultados trágicos, porque mientras en un lado unos universitarios trancan las vías para un festejo, en otro decenas de vecinos hacen lo propio porque no les pavimentan su barrio.
Definitivamente es imposible el desarrollo si los trabajadores, los funcionarios, los profesionales y la ciudadanía no pueden llegar a sus destinos a cumplir sus actividades porque los bloqueos están a la orden del día. De ahí la pregunta del título: ¿Tendrán los poderes Ejecutivo y Legislativo de la nación que aprobar una ley prohibitoria de los bloqueos bajo sanciones drásticas a los que la incumplan?
Normas hay para todos los gustos en este original país pero nos parece que una específica como la que insinuamos no existe. No vendría mal, de repente Dios obra el milagro de que sea acatada.

Desastroso y peligroso parque vehicular
Dominicus

Si alguien hiciera –de verdad y bajo patrones de accionar homologados internacionalmente– un riguroso control de los vehículos que circulan en Santa Cruz de la Sierra y alrededores, creo sin temor a equivocarme que por lo menos el 75% del parque automotor debería ser retirado inmediatamente de circulación, por ser muy peligroso que transite calles, avenidas y rutas.
Como nada de eso acontece en una urbe caracterizada por el descontrol, la anarquía, el ‘no me importismo’ y el descuido olímpico de las autoridades, es visión frecuente ver taxis y micros destartalados, con pésimas llantas, sin paragolpes ni buenos frenos, quemando aceite, etc. Esto sucede a la vista y conformismo de todos, sin que nadie mueva un pelo para remediar esta situación.
Lo peor no es solamente lo estético, sino las condiciones de extrema inseguridad que vehículos mal acondicionados generan en su derrotero. Los conductores de esos ‘cacharros’ saben perfectamente que están en pésimas condiciones, pero aún así transportan gente y –como si fueran descerebrados– a sabiendas del potencial desastre impulsan a sus maltrechas movilidades a grandes velocidades, velocidades que cada tanto cobran cuantiosas e inocentes víctimas, como sucedió hace poco con un taxi que circulaba por la carretera a Warnes y mató a varias mujeres humildes que trabajaban en las jardineras que dividen los carriles de circulación.
No sé de quién depende –¿Dirección de Tránsito?, ¿municipalidad?, ¿Ministerio de Transportes?– el tema del control vehicular. Lo único que sé es que periódicamente se procede con avisos pomposos de ‘inspección’ y se colocan ‘rosetas’ en los parabrisas con un no menos pomposo sello de ‘aprobado’. Esto se realiza usualmente sin ninguna inspección y simplemente pagando unos pesos. Fíjense que, no en vano y mientras más mala la situación del automotor, mayor cantidad de rosetas tiene... Por supuesto, para esta anomalía tampoco hay control de ninguna naturaleza.
Aunque se perjudiquen algunos intereses, debe encararse con firmeza el control de los vehículos en mal estado y retirarlos de circulación hasta que pasen un verdadero y objetivo examen. La seguridad de la gente –el interés colectivo– está en juego, sobre todo por pertenecer la gran mayoría de esos destartalados automóviles y micros al servicio público de transporte.