Somos un depósito de desechos

Un hecho lamentable ocurrió en horas recientes en un taller, cuando dos trabajadores manipulaban un extintor de incendios y éste explotó provocándoles heridas de consideración, al extremo que uno murió y el otro quedó herido. Las averiguaciones policiales y periodísticas -sustentadas en la opinión de un experto en seguridad- señalan que los aparatos entraron al mercado nacional sin los estándares de calidad requeridos y con su período de vida útil vencido. Por obsoletos, apuntó el experto, fueron subastados en Argentina -quizá para darle otra aplicación al material de que están fabricados-, pero alrededor de 150 de esos extintores ingresaron a Bolivia (dicho sin rodeos a nuestra ciudad), para ser comercializados como tales, sin ningún control de sus bondades.
Es una de las deplorables características del país y más concretamente de Santa Cruz, convertirse en el depósito de cosas que en otras naciones son descartadas por vetustas y dañosas y por tener fecha de expiración pasada, constituyendo todo ello un peligro para la integridad física y la salud de las personas. Son los desechos que de allende las fronteras acostumbran empaquetarnos para que sigamos dándoles uso así esté en riesgo la vida, incluso la de los “cráneos” que pasan a ser importadores y comercializadores porque, aunque tomen precauciones, no están tan libres de una tragedia.
A los extintores puede sumarse una larga lista de objetos de la más diversa naturaleza, tal el caso de los vehículos “transformers” de origen japonés. Cientos y miles de ellos están circulando por calles, avenidas y caminos en forma peligrosa y es lógico que así sea porque han sido usados -¡Dios sabrá cómo!- hasta dejarlos cacharros y encima con la dirección y otros componentes de su comando invertidos, de ahí que no ofrezcan las garantías imprescindibles para su manejo. Pues bien, los “transformers” no sólo tienen vía libre para ingresar a territorio nacional sino que quienes los internan cuentan con un régimen impositivo especial que les permite pagar una bicoca. En los últimos tiempos junto a los “transformers” están llegando automotores estadounidenses, modelos viejos y asimismo desgastados, de bajo costo que están causando “furor” en las autoventas y “playas”. De paso, en ambos casos, duro golpe a las empresas importadoras legalmente establecidas.
Qué decir de la ropa usada, que es con lo que más se especula sacando provecho de la situación de pobreza en la que se debate el pueblo. Otro golpe a la industria textil nacional que le es imposible competir con prendas que cuestan cinco, diez, a lo sumo veinte bolivianos y que es con lo que se están vistiendo millones de compatriotas sin que importe si esa indumentaria está o no libre de elementos contaminantes, a su vez portadores de graves males. Si hasta la “alta costura” sufre sus embates puesto que se sabe que muchas prendas casi flamantes y totalmente relucientes son requeridas por elegantes personajes de la farándula.
El rubro de los pesticidas empleados en la agropecuaria igualmente es propicio para que los vendedores inescrupulosos -de dentro y fuera del país- hagan su agosto. El expendio de varios de esos plaguicidas en las naciones donde fueron fabricados está prohibido tras comprobarse cuán nocivos son. ¿Por qué los siguen produciendo? Simple, en Bolivia -y seguro que en varios otros países de extrema pobreza-, se pueden colocar por baratos, aunque después muera gente intoxicada o nazcan criaturas con malformaciones.
En fin, son numerosos los productos u objetos que no deberían tener mercado en Santa Cruz y en Bolivia toda, pero en el exterior piensan tal cual dice el título de este comentario: somos un depósito de desechos. Lo trágico es que nosotros mismos -desde los gobernantes hasta el último ciudadano- les damos motivos para que razonen así y actúen en consecuencia.

Hechos los opas no aplican la ley
Raspapinchete

Se dice que por leyes no nos aplazamos en el país. Que las tenemos de toda clase y calibre siendo de lo más precisas y estrictas, de modo tal que si fueran aplicadas oportunamente y al pie de la letra, metería en cintura ‘ipso facto’ al bípedo implume que se atreviera a sacar los pies del plato.
Cierto. Si por algo se caracteriza la normatividad legal en Bolivia es por ser abundante y variada. Tenemos pues de todo en la materia, como en botica.
Entre tantas otras no podíamos dejar de tener una ley del medio ambiente. Al fin y al cabo, se requiere cuidar y preservar celosamente las riquezas que como extraordinario don nos ha concedido la madre naturaleza.
El referido instrumento legal se identifica como la Ley 1.333 y está considerada entre las más drásticas. Se recomienda, en consecuencia, conocerla al dedillo para evitar multas económicas y privación de libertad.
Pero si no se aplica ni ejecuta porque las autoridades encargadas de hacerlo, o son incompetentes o se hacen las del otro viernes,-no obstante que delante de sus propias narices se produce su sistemática violación- entonces dicha ley no sirve para nada por muy buena que sea y apenas es... un saludo a la bandera.
Quemar campos de labranza o pastoreo, talar bosques sin autorización, envenenar, contaminar o adulterar aguas destinadas al consumo público, al uso industrial, agropecuario o piscícola son delitos contra el medio ambiente. Lo son también verter o arrojar aguas residuales no tratadas, líquidos químicos o bioquímicos, objetos o desechos de cualquier naturaleza en los cauces de aguas, en las riberas, acuíferos, cuencas, ríos, lagos, lagunas, estanques, etcétera.
La misma ley prevé para esos casos la pena de privación de libertad de uno a diez años, además de fuertes multas al infractor.
Este periódico se ha ocupado en los últimos días, como antes también lo ha hecho, de cuando menos dos casos de supuestos atentados y delitos contra el medio ambiente en Santa Cruz (contaminación del río Chané y en los alrededores de la localidad de Montero Hoyos).
Pero tras la divulgación de ambos casos y en vez de una acción inmediata y eficaz de las autoridades competentes, tanto de la Prefectura como de la Alcaldía Municipal, éstas no han hecho hasta ahora otra cosa que emborrachar la perdiz o levantar cortinas de humo, a tono con las que resultan de la quema descontrolada de bosques en varias partes de la región y que han vuelto insalubre el aire que se respira.
Así, la Ley 1.333 del Medio Ambiente es más útil para abanicarse que para sancionar a cuantos la violan impunemente con la venia de quienes tendrían que aplicarla con todo el rigor posible.