En medio de pugnas y presiones, un grupo de pobladores de Yapacaní desbloqueó la principal ruta que une a Santa Cruz con Cochabamba, ante la inminente intervención policial que se cernía sobre los actores de la sublevación por la detención de cuatro supuestos instigadores del lichamiento de dos personas acusadas del robo de motocicletas.
En la tarde, una comisión de Yapacaní, entre ellos el subprefecto de la provincia Ichilo, Remberto Vásquez Arandia, se reunió con los fiscales Ever Vargas y Willan Tórrez y llegaron al acuerdo. La suspensión del bloqueo quedó condicionada al cumplimiento de varios puntos, entre ellos la liberación con medidas sustitutivas, a más tardar hasta el miércoles, de los acusados Pedro Rocha Vargas, Primo Rojas Martínez, Eulogio Galarza Álvarez y Marcelo Coronado Cora.
Además, los dirigentes otorgaron al Ministerio Público un plazo de 20 días para que la comisión de fiscales investigue con celeridad los más de 25 hechos delictivos denunciados y que están impunes desde el año 2002.
Respecto a las exigencias, los fiscales manifestaron que la liberación de los sospechosos dependerá de que en la audiencia de apelación sus abogados presenten la respectiva documentación que garantice la permanencia de sus clientes en el proceso. También explicaron que requerirán las denuncias sobre los hechos anteriores antes del plazo dado por los vecinos.
El bloqueo fue levantado alrededor de las 20:00, luego de una larga explicación que realizó un grupo de autoridades, dirigentes cívicos y transportistas ante una gran concentración de vecinos que no estaban dispuestos a suspender la medida.
Mientras tanto, desde Santa Cruz de la Sierra, el comandante de la Policía, Federico González, al mando de unos 300 efectivos se dirigía a Yapacaní para desbloquear la carretera si la negociación no prosperaba. El contingente policial se instaló en el ingreso a Santa Rosa a la espera de los resultados del diálogo. Al final, no fue necesario el uso de la fuerza, por lo que se dispuso el repliegue de las huestes policiales a la capital cruceña.
En horas de la mañana, pese al aislamiento y al estado de emergencia, se llevó a cabo el desfile cívico estudiantil en honor a las fiestas patrias, en el cual participó el alcalde, Juan Siancas y los concejales.
El desfile escolar en Yapacaní fue uno de los más concurridos en los últimos años, pues tuvo como espectadores a más de un centenar de pasajeros y conductores que quedaron varados por el cierre de la carretera.
El jueves por la noche, luego de la audiencia cautelar en la que el juez de Instrucción de Buenavista, Juan Balderrama, ordenó la detención preventiva de los presuntos autores del doble linchamiento, dirigentes de organizaciones y sus autoridades habían decidido continuar con el bloqueo de la vía y exigir la instauración de un juicio por negligencia y retardación de justicia al ex fiscal de la provincia Luis Alberto Urgel, según el diputado Eusebio Carrasco.
Otra de las determinaciones adoptadas en dicha asamblea, fue no participar del desfile patrio hoy, 6 de agosto. Sin embargo, con la suspensión del bloqueo y la tregua concedida por 20 días en Yapacaní, se llevarán a cabo los actos en homenaje al 180 aniversario de la fundación de la República de Bolivia, de acuerdo a lo anunciado por las autoridades.

Dos grupos disputan las instituciones

Es un secreto a voces. Dos sectores se disputan el control de las instituciones y organizaciones de Yapacaní, uno liderado por el dirigente colonizador Cimar Victoria, junto al alcalde, Juan Siancas, y el otro que agrupa a gran parte de las autoridades y dirigentes de esa población. Entre las cabezas más visibles se encuentran Carlos Rojas, presidente del Concejo Municipal; el diputado Eusebio Carrasco, dirigente del MBL; Orlando Borja, del Comité Cívico; Óscar Enriquez Rodríguez, directivo de las juntas vecinales y los representantes de los cuatro gremios del transporte sindicalizado.
El dirigente del transporte, Cástulo Ávalos, a tiempo de admitir que existe pugnas y división en Yapacaní, dijo que buscarán la unidad de las instituciones y la población. Cuestionó al alcalde por no apoyar las demandas de los mototaxistas. A su vez, el burgomaestre afirmó que no estuvo de acuerdo con el bloqueo de la carretera porque impide el desarrollo del municipio. “El problema de fondo en Yapacaní es la pobreza, el desempleo y la ausencia de justicia”, precisó Siancas. De igual manera, el concejal del MAS, Ramiro Fernández, aseguró que Yapacaní parece tierra de nadie, a consecuencia del abandono de las autoridades departamentales. “Existen casos de asesinatos, atracos y robos impunes, que no fueron investigados por el ex fiscal”, enfatizó.