- ¿Cuál es su visión respecto al sistema judicial actual en Bolivia? ¿Percibe usted algún retroceso tras el paquete de leyes que se lanzaron en su gestión?
- Muchos de los mecanismos que se desarrollaron en mi gestión, hace 10 años, están dando sus frutos, particularmente el Tribunal Constitucional. Ha sido un logro de los bolivianos y está funcionando muy bien. He leído algunos de los fallos y son de gran alcance, tanto en lo doctrinal como en su visión. El código de Procedimiento Penal también está funcionando, aunque hay algunas falencias que son más atribuibles a la falta de medios y de atención del Estado a una prioridad como es la seguridad del ciudadano. Si bien es garantista, da los mecanismos para una adecuada investigación y sanción de los delitos.
- ¿En qué aspectos puntuales nota usted fallas que provienen del Estado?
- Cuando dejamos el Ministerio de Justicia teníamos un índice de presos sin condena de cerca de un 50 por ciento, ahora es de un 90 por ciento, o sea, estamos como antes de la fianza juratoria, que fue el mecanismo para arreglar esto. Las cárceles están abarrotadas, los procesos duran bastante. Pasó mucho tiempo para que se apliquen algunos mecanismos que tenían que implantarse en ese momento, paralelamente al Código de Procedimiento Penal, como son los casos de una Escuela Judicial, y el Instituto de Medicina Forense. Recién ahora se está poniendo en marcha la Escuela Judicial y el Instituto de Medicina Forense no cuenta con el apoyo que debería tener.
- ¿Estas falencias obedecen a la carencia de recursos económicos, desatención o a la falta de una política de Estado en el ámbito judicial?
- Hace años en el país tenemos falta de brújula y eso repercute en todas las instituciones. Hemos entrado en un proceso de desinstitucionalización de todos los organismos.
- ¿Se ha agravado el problema de retardación de la justicia?
- Hemos entrado en una fase que va en esa dirección, pero veo que hay esfuerzos también en una dirección determinada. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional es un niño que está empezando a abrir sus ojos y endurecer las piernas. Si algo no está bien, hay que apoyarlo, no darle golpes. Tenemos que valorar nuestras instituciones, las características de nuestras regiones y enderezar el proceso.
Tengo la impresión que las preguntas que se están haciendo ahora son las mismas que me hacían hace diez años, pero el mundo va evolucionando. También las leyes no son inamovibles, se adaptan a la sociedad.
- ¿Cuáles leyes cree que deberían modificarse?
- El Código de Procedimiento Penal fue la ley más consultada, analizada y discutida desde la fundación de la República. Refleja el sentir de un momento determinado, si hay que hacer ajustes hay que hacerlos, pero que no sean para retroceder. El sistema de procedimiento penal de Bolivia está en todo el mundo y nosotros no somos extraterrestes que necesitamos volver 20 años atrás. Se ha avanzado mucho y en un momento Bolivia asumió un liderazgo regional en reformas, pero lo hemos perdido, ya no existe. Me parece bien que el Presidente haya convocado a un grupo de expertos y ojalá que los cambios no se hagan al calor del entusiasmo político.
-¿Por qué cree que ha sido tan difícil aplicar el Código de Procedimiento Penal?
- Hubo un momento en que se le dio prioridad al Código de Procedimiento Penal como política de Estado y después desapareció. Una prueba concreta se refleja en lo que pasó con la defensa pública, que en el área rural y urbana era un modelo para Sudamérica. ¿Se politizó? Volvimos a los mecanismos que hemos tenido a lo largo de la historia, de dar posiciones a los allegados políticos. Hay códigos modernos, pero existe una falta de atención y creo que es porque ya no hay impulsores del cambio. En el campo penal jamás se ha aplicado el artículo concreto del Código, que dice que el juez que incurra en retardo judicial tendrá cárcel. El cambio necesita gestores, fuerza y poder. Si no hay, existe el riesgo de volver a fojas cero.
- ¿Por qué no avanza la modernización o reforma de la Policía?
- La prioridad de hace doce años fue la reforma de la Policía y hasta ahora no se ha hecho. Es una prioridad y debía haber acompañado al proceso de Reforma del Código de Procedimiento Penal, era el elemento adicional.
- ¿No hay voluntad política de la Policía para encarar los cambios?
- Hay algo que veo con preocupación. En Guatemala fue un problema que el ejército haya desarrollado funciones propias de la Policía. No se hace un favor a ninguna de las dos instituciones, lo correcto sería fortalecer institucionalmente a la Policía.
- ¿Cómo ve la demanda permanente que hay en Bolivia de incorporación de las FFAA a la seguridad ciudadana?
- La experiencia que se ha tenido en América Latina en su conjunto no ha sido buena. Ha dañado a ambas instituciones. Ha debilitado a una y a puesto mal a otra. Las Fuerzas Armadas deben cumplir un rol claro en un Estado democrático, la Policía también. Estamos empezando a mezclar funciones. Se tuvo luego que hacer grandes esfuerzos para tratar de fortalecer en Centroamérica a la Policía como institución y para que el Ejército cumpla su rol.
- Usted plantea el potenciamiento de la Policía para viabilizar el Código. ¿Cómo se debe dar ese potenciamiento?
- Soy un convencido de que necesitamos instituciones fuertes. He percibido que nuevas tandas de la Policía tienen ya otras bases, están familiarizadas con los mecanismos del Código, pero creo que la implantación de programas de cooperación y los aumentos en los presupuestos pueden hacer que comience a cumplir su rol. Sin embargo, veo que la tendencia más bien es a debilitarla.
- En definitiva, ¿se necesita más presupuesto para la Policía?
- Se requiere que encauzar el presupuesto que tiene, que realmente vaya a la Policía, es decir, más racionalización de los recursos y mayor atención general. Si no tenemos instituciones fuertes entramos en un proceso de desintegración.
- ¿Por qué se ha agravado el problema de la inseguridad?
- Porque el país se ha empobrecido, porque las instituciones se han debilitado y el Estado hace mucho tiempo que no ha respondido a las necesidades básicas de los ciudadanos. Habrá siempre más delincuencia cuando haya más pobreza y desatención. Si no existe progreso económico y fortalecimiento de las instituciones, aumentará la delincuencia.
- ¿Tiene la inseguridad una causa esencialmente económica?
-Una parte. No se olvide que nosotros somos uno de los países más pobres del mundo, entonces hay menos control y respeto a las autoridades. Es una mezcla de todo, el crimen se ha internacionalizado, cuanto más débil es un estado más fuerte es la injerencia del crimen.