|
Desde esta misma columna editorial más de una vez hicimos observaciones con
respecto a la abusiva ocupación de los espacios públicos con diversos fines,
principalmente el de ganarse el pan de cada día y progresar en lo económico,
derechos que nadie en su sano juicio puede discutir y menos negar pero que debe
usárselos con prudencia y sobre todo respetando a las personas y a la ciudad, de
lo contrario se incomoda, se molesta, se originan situaciones peligrosas, surge
la beligerancia, se daña el ornato, en pocas palabras sobreviene el caos total.
Esto es lo que ha venido ocurriendo en Santa Cruz de la Sierra desde hace más de
cuatro décadas, cuando empezó a poblarse y a crecer de manera desordenada y sin
regirse a ningún plan, sin que aparezca una autoridad que ponga las cosas en su
lugar -salvada alguna que otra excepción-, más bien con la anuencia de ellas
después de un “arreglo” conveniente -la corrupción en escena-, circunstancia
aprovechada por los nuevos vecinos para avasallar y hacer sus caprichos. Por eso
surgieron y siguen surgiendo millares de los llamados gremiales que no han
dudado en copar calles, aceras, avenidas, plazas y parques, además de los
mercados, donde se acomodan como mejor les parece y sin respetar las normas,
construyendo centros comerciales similares donde les viene en gana, sin que
tampoco haya poder humano que lo impida, de ahí que la capital cruceña está
convertida en un inmenso mercado persa.
Por eso brotaron como hongos las urbanizaciones que hacen crecer la urbe a lo
ancho y a lo largo -no para arriba como en otras naciones porque es más rentable
la venta de lotes y de viviendas que apenas disponen de un cuarto-, llegando al
extremo de ofrecer planes habitacionales en cercanías del vertedero, para que de
inmediato surja otro problema por la contaminación y las enfermedades que
padecen los habitantes en semejante lugar.
Y por eso -es decir porque cada quien hace lo que le da la santa gana y no hay
autoridad que imponga criterios técnicos y humanos-, ahora el de por sí
complicado servicio de transporte público continúa a toda mecha su marcha hacia
las situaciones conflictivas, para hacer más caótico el tráfico de motorizados,
creando a gusto y sabor más líneas que cubrirán determinados trayectos, sin
excluir los que conectan con poblaciones provinciales.
En ciudades de naciones vecinas y lejanas las reparticiones municipales disponen
de oficinas cuyos expertos en urbanismo y transporte están estudiando
minuciosamente las vías para una más fluida circulación, las horas de carga y
descarga de mercaderías, los sitios de parada de microbuses, etcétera. Deciden y
comunican y todos obedecen, no hay lugar a reuniones para “consensuar”, ni
siquiera reclamos. Sencillamente se impone la racionalidad, por eso el tráfico
vehicular es llevadero, no insufrible como acontece en la capital del oriente
boliviano y en sus alrededores.
Con lo dicho no insinuamos que se ignore -lo remarcamos- el derecho al trabajo,
y tampoco olvidamos que el monopolio está prohibido por ley, en consecuencia un
ciudadano podrá “plantar” una tienda de ropa junto a otra igual, una persona
podrá establecer su restaurante al lado de un similar, un industrial hará cosa
parecida y así sucesivamente, en locales propios o alquilados que no se
convierten en molestias para el público, que no afean la urbe, al contrario, que
contribuyen al ornato. Pero copar espacios públicos, invadir la propiedad
privada, saturar las calles, avenidas y carreteras, crear líneas y establecer
recorridos con o sin aprobación de la Alcaldía es, lisa y llanamente, darle alas
a la idea de que en esta colectividad todo es posible, donde cada cual hace lo
que le place porque aún estamos regidos por la ley de la selva. Ya está de buen
tamaño este extremo, las autoridades competentes tienen que actuar sin más
trámites.
|
