En la anterior entrega de esta columna se comparó la regulación del comportamiento de los medios de comunicación de Bolivia por el Estado mediante normas jurídicas con la autorregulación que realizan los periodistas mediante normas éticas. En esta entrega se describirá un tercer mecanismo para influir en la conducta de los medios de comunicación: presión por parte de la sociedad mediante la “veeduría”. Y se indicará lo que se ha comenzado a hacer para establecerla en Bolivia.
Por veeduría de comunicación puede entenderse una agrupación de diversas instituciones sociales que fiscaliza sistemáticamente la conducta de los medios – en sentido cívico y cultural en general y en sentido ético y de responsabilidad social en particular – mediante su evaluación periódica a fin de promover cambios en esa conducta por debate ciudadano, por regulación y por autorregulación.
Este mecanismo cooperativo de investigación, reflexión y acción se asienta en la convicción de que, puesto que el pueblo tiene hoy derecho a la información, está facultado para participar de la orientación y del desempeño de los medios de comunicación mediante sus organizaciones sociales.
La experiencia precursora y sobresaliente en la región es la de la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social del Perú. Inspirada e impulsada por la Asociación de Comunicadores Calandria, ella reúne a cuatro agrupaciones profesionales de comunicadores con la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Consumidores, el Instituto de Defensa Legal, la Asociación Civil Transparencia y el Foro Educativo.
Estos son sus objetivos: (1) vigilar el comportamiento de los medios en cuanto a su aporte a la democratización del país, al desarrollo de la sociedad y al ejercicio de la libertad de expresión para todos; (2) propiciar la participación de los ciudadanos en la reflexión crítica sobre la conducta de los medios, así como educarlos para el ejercicio de sus derechos a la información y a la comunicación; (3) colocar en la agenda pública el tema de los medios fomentando el debate ciudadano sobre los papeles que cumplen en la sociedad; y (4) proponer sistemas democráticos eficaces de regulación y de autorregulación.
Los métodos de la operación de la veeduría peruana son diversos y creativos. Por ejemplo, para hacer la vigilancia de la televisión graba periódicamente una muestra representativa de los programas informativos de los principales canales, los analiza críticamente y divulga los resultados y sus conclusiones y recomendaciones.
O, para estimular al pueblo a que participe del debate sobre los medios, hace campañas dialógicas cortas pero intensas. Una es la “caravana ciudadana” que lleva a cabo en plazas mayores de sitios públicos clave para informar a la gente y recoger sus opiniones. Ella hace la consulta ciudadana mediante cabinas de grabación callejeras, murales con una pregunta en grandes letras y amplio espacio en blanco para que los transeuntes la puedan contestar, “macroánforas” para recoger propuestas escritas y “video-conversa” en público con auxilio de pantalla gigante.
Por supuesto, la veeduría también hace esa consulta por medio de encuestas de opinión pública. Por otra parte, para lograr cambios en la regulación estatal a beneficio de las mayorías, ella plantea propuestas como la que presentó al Parlamento para una nueva Ley de Telecomunicaciones que mejore la conducta de la radio y la televisión, privada y pública. Y, para intercambiar ideas con líderes del país, recurre a conversatorios individuales y con grupos.
Ejemplos como el de esa experiencia peruana y los resultados de una investigación propia sobre los medios de comunicación de Bolivia que hiciera a principios del 2004 llevaron al Centro para Programas de Comunicación a sugerir el establecimiento de una veeduría de la sociedad civil. A partir de abril de ese año invitó para tal fin a dirigentes de algunas instituciones sociales y a personas interesadas en el asunto a explorar conjuntamente la posibilidad.
Los diez encuentros que irían a realizarse con participación de cerca de veinte instituciones a lo largo de cuatro meses registraron consenso sobre la conveniencia de constituir en el país tal veeduría.
Esto se basó principalmente en las siguientes percepciones de la situación. Que los medios siguen tomando a la libertad de información como equivalente a la libertad de empresa y no reconocen el derecho a la información que hoy tienen los ciudadanos. Que aquellos están desacreditándose por su manejo poco ético y poco responsable de la información. Que, además, constituyen clave de legitimación del poder de los políticos y de deslegitimación del poder de los ciudadanos, lo cual no guarda afinidad con el ideal democrático.
Y que, siendo ése el caso, cabía dudar de la eficacia de la autorregulación – gremial o empresarial – para lograr por sí sola los importantes cambios de conducta deseables. En consecuencia, cuajó la convicción, había que dar la palabra al pueblo en la materia por medio de la veeduría.
Pero el paso de la convicción a la acción no parece hasta la fecha haber sido muy productivo. Se logró delinear las bases de organización trazando los objetivos y previendo los procedimientos y se alcanzó a compartir la inquietud con más instituciones sociales. Pero no se pudo conformar ni una pequeña planta ejecutiva para llevar adelante el proyecto.
Esto principalmente porque no pareció darse la forma de financiarla. Y, quizás, ello ocurrió porque no surgió en la escena una entidad central que se comprometiera a asumir el liderazgo del ejercicio buscando fondos para ello. Algunos, sin embargo, no descartan la posibilidad de reactivar el empeño cuando la convivencia social haya vuelto a la normalidad en Bolivia.