Pruebas. La directora regional del Senasir, Karina Chávez, asegura tener evidencias claras de los cobros irregulares

Hilton Heredia García

La institución detectó más de 39 mil casos de fraude en el país

Una nueva denuncia de red de corrupción, acompañada de amenazas de muerte contra la actual administradora pone en el ojo de la tormenta el accionar de ejecutivos y funcionarios del Servicio Nacional de Sistema de Reparto (Senasir) con la complicidad de altas autoridades nacionales, departamentales y trabajadores de una empresa de seguro.
Esta vez la denuncia corresponde a la administradora regional del Senasir, Karina Chávez Suárez, que fue invitada por el ex interventor de esa institución, Alberto Bonadona hace tres meses y que después de sendas investigaciones de observar el manejo del Senasir en Santa Cruz, detectó que suman los casos de pagos irregulares y de la cual supuestamente estaría a la cabeza de la red, la ex administradora Carola Torres.
El monto de las boletas cobradas irregularmente por la red alcanza a los Bs 1.200.000 mensualmente. Además se estima que existen 800 boletas cobradas indebidamente, información que actualmente es de conocimiento del ministro de Hacienda, del viceministro de Pensiones y del director ejecutivo del Senasir.
“Había una red de corrupción organizada desde el despacho de la señora Carola Torres con la complicidad de empleados y otras personas involucradas. Estamos siguiendo aún las investigaciones y hemos dado a conocer esta situación hace tiempo a las autoridades sin que hasta la fecha se haga algo al respecto”, afirmó Chávez.
Ante esa situación, la ejecutiva decidió enviar una carta al ministro de Hacienda, Luis Carlos Jemio, y a la Cámara de Diputados para que investiguen estos actos de corrupción y se sancione a los responsables.
A ello se suma el inicio de un proceso administrativo contra Torres; sin embargo, apenas avanza porque no hay interés de las autoridades locales en investigar el caso.
Según la documentación enviada a La Paz, en estos hechos irregulares estarían involucrados funcionarios de una empresa de seguridad, funcionarios del Senasir, un dirigente fabril, un funcionario de Control Social de la Prefectura e inclusive un dirigente de los prejubilados, los que tienen un control absoluto de las oficinas del Senasir, haciendo cobros indebidos de boletas, manejo de poderes y expedientes falsos como también imparten órdenes a todo el personal de esa institución.
Asimismo señala que algunas asociaciones que brindan apoyo a Torres se debe a que la mencionada funcionaria les entrega boletas de personas fallecidas para su respectivo cobro.
Otra de las irregularidades apunta a la convocatoria a concurso de méritos en la regional Santa Cruz lanzada recientemente sin haberse institucionalizado el Senasir. El proceso indica que primero debería realizarse la institucionalización a nivel nacional.
Por todo este motivo, la actual administradora Karina Chávez, tuvo que viajar a la sede de Gobierno en dos oportunidades sin habérsele reconocido pasajes ni viáticos hasta la fecha.
Al respecto, la ex interventora denunciada, Carola Torres, negó tales actos de corrupción y se limitó a advertir que “más vale que se tengan pruebas de las denuncias, caso contrario iniciaré acciones legales”.
Por su lado, los diputados Daniel Valverde, y Guido Áñez, indicaron que harán todo lo posible para transparentar el tema de pensiones, ya que existen miles de personas que hacen cobros ilegales.
“Este tema data del año 2004 y vamos a tratar de acelerar las investigaciones contra las personas denunciadas. Voy a promover una fiscalización de esa institución y analizaremos si se puede dar una interpelación al ministro del área que corresponda. Sin embargo, le aseguro que como vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Humano voy a tomar cartas en el asunto. Aquí vamos a encontrar a los culpables”, sostuvo.
El director nacional del Senasir, Wálter Castillo, no pudo ser contactado durante toda la jornada de ayer y tenía apagado su celular.
El prefecto del departamento, Jaime Eduardo Paz, no descartó tomar cartas en el asunto e indicó que hoy analizará el tema.
Consultado el ex interventor nacional del Senasir, Alberto Bonadona, confirmó que estas denuncias datan desde enero y es una prueba de que la red de corrupción continúa en todo el país. “No quiero pensar que me despidieron por luchar contra la corrupción, pero lo que sí puedo asegurar es que en el 2005 íbamos a recuperar para el Estado más de Bs 500 millones de rentas a jubilados y beneméritos. Aquí hay una olla de corruptos demasiado grande que pretenden tapar las autoridades”, dijo.
En el Senasir se viene denunciando actos de corrupción desde 2004. Políticos, ex funcionarios de YPFB, del sector público, viudas, derechohabientes (familiares), entre otros, que han cobrado rentas sin cumplir los requisitos o violando normas.
Se estima que producto de estos hechos, la estafa al Estado Nacional supera los Bs 340 millones, en los últimos diez años. Estos hechos de corrupción se dan principalmente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.