Mario Rueda Peña

Desde aquel famoso ‘octubre negro’ pasamos de un laberinto a otro. Aún no salimos de los vericuetos a los cuales nos metió el referéndum sobre la cuestión del gas. Tuvo efecto de dominó la agenda adoptada por Carlos Mesa frente a quienes, desde El Alto, obligaron a escapar del Palacio de Gobierno a Gonzalo Sánchez de Lozada. A la ‘agenda de Santa Cruz’, injustamente asociada con objetivos separatistas por algunos, una tercera emergente del ‘Gran Acuerdo Nacional’, que ahora quiere Carlos, podría sumarse a la ya larga e intrincada maraña que inmoviliza totalmente al país respecto a políticas de Estado que, desde el frente de la economía, la producción, la infraestructura y la competitividad, permitan a Bolivia acelerar el paso hacia un desarrollo con sentido de integración nacional y equidad social.
Imposible que ciertos sectores radicalizados se avengan en un acuerdo nacional respecto a la Ley de Hidrocarburos. Evo Morales y sus aliados no transigirán en nada. Irán nuevamente a los bloqueos si el Senado, primero, y el Congreso, después, no hacen lo que ellos quieren. Se opondrán a muerte a que se elimine del texto el artículo que otorga a dirigentes de comunidades originarias (que son los que mandan) facultades definitorias en cuanto hace a concesiones de áreas para la explotación de hidrocarburos. Tampoco cederán jamás posiciones en lo que concierne al número y modalidades de elección de los miembros de la Asamblea Constituyente. Y así por el estilo en cuanto hace a los demás temas para el consenso que se busca.
Ni el líder cocalero ni Quispe ni Olivera ni Solares ni Juan de la Cruz ni Véliz, en conjunto, representan a más del 20% del pueblo político que vota. Hay un 80% que está contra ellos, condenando sus métodos autoritarios de lucha, que tanto agravian los derechos de los demás y perjudican económicamente a muchos sectores de la sociedad. Pero igual se envalentonan, y con razón, puesto que nadie les aplica la ley. Más bien el fiscal general los exculpa, afirmando que cuanto hacen no es delito, sino un legítimo derecho ciudadano a la protesta, mientras el Gobierno no se atreve ni siquiera a formular la respectiva denuncia contra ellos para que se les lleve a juicio penal.
Claro, el ‘Gran Acuerdo Nacional’ es posible entre los partidos políticos actualmente representados en el Parlamento. Igualmente podrían sumarse al consenso las organizaciones empresariales y cívicas del país. Pero ni esto ni aquello determinarían un alto saludable en el recorrido laberíntico que le imponen al país minorías autoritarias que no aceptan la convivencia democrática.
Seguiremos de laberinto en laberinto a menos que, naturalmente, el ‘Acuerdo Nacional’, acatando la voluntad de la mayoría silenciosa del país, defina que se gobierne en nombre de ella y en la línea que aconseja la racionalidad y la prudencia, respecto al presente y futuro nacionales, y no de las antonimias que caracterizan a minorías que ni remotamente perciben que encontrarán su tumba política definitiva en el caos político y social que actualmente promueven.