Edson Teófilo / Representante del Banco del Nordeste de Brasil «Brasil revirtió grandes latifundios»

Han pasado ocho años desde que comenzó el proceso de saneamiento, pero la tierra sigue concentrada en pocas manos en Bolivia. Esta situación no sólo irrita a todos los sectores sociales que tienen que ver con la temática sino que los enfrenta, y ahonda los problemas sociales en el país.
Bolivia tiene 109,8 millones de hectáreas de tierras, de las cuales 107,2 millones deben ser saneadan para regular técnica y jurídicamente el derecho propietario. Este trabajo permitirá identificar las tierras fiscales libres y las privadas improductivas para revertirlas y entregarlas a los sectores que demandan dotaciones de este recurso. Sin embargo, en ocho años el avance del proceso ha sido mínimo (sólo el 13% ha sido saneado y el 35% está encausado).
En este momento no existe un catastro actualizado sobre la tierra. Pero publicaciones internacionales dan cuenta de que la estructura de la tenencia de la tierra en Bolivia es una de las más concentradas de la región. “Las mayores inequidades se encuentran en las tierras bajas del país, donde 76.000 empresarios concentran 22 millones de hectáreas, en tanto que 78.000 pequeños propietarios detentan tres millones de hectáreas”, señala el libro El mundo indígena 2004 (Iwgia, Copenhague).
En el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) informaron que hasta 1993 el Estado distribuyó aproximadamente 26 millones de hectáreas de tierras fiscales a propietarios individuales en tierras bajas del país, de las cuales 22,8 millones (88%) fueron dotadas a 78.000 propietarios medianos y grandes; y 3,2 millones de hectáreas (12%) fueron adjudicadas 76.000 pequeños productores asentados en las áreas de colonización (citan a Pablo Pacheco como autor de estos datos).
EL DEBER solicitó al Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra) cifras actualizadas acerca de la distribución de la tierra en el país y no logró respuesta.
“La tierra sigue en pocas manos, de gente que no la trabaja”, sentenció Bienvenido Zacu, enlace departamental del Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios.
¿Es correcta la forma en que está distribuida la tierra en Bolivia?, le preguntamos a personeros de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), entidad que aglutina a grandes y medianos productores. “El proceso de saneamiento es el que tiene que indicar si realmente es correcta o no la distribución”, respondió el vicepresidente de la CAO, Mauricio Roca.
Los campesinos también cuestionan la ineficiencia que hay en el proceso de saneamiento de la tierra “Han pasado años desde la implementación de la Ley INRA y ¿qué resultado nos ha dado?”, preguntó Humberto Choque, representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) en 2001, cuando se realizó el Encuentro Nacional de la Tierra en Bolivia. “Para conseguir un pedazo de tierra tenemos que hacernos matar. Pero millones de hectáreas están en manos de latifundistas y terratenientes, incluso de grandes autoridades del gobierno”, acotó el campesino en su alocución frente a autoridades, indígenas, religiosos e incluso grandes propietarios de tierras.
El presidente de la Fundación Tierra, Miguel Urioste, cree que para Bolivia este es el momento más difícil en el tema de las tierras. “Estamos llegando a un punto en que vamos a tener que sentarnos en una mesa de nuevo, en lugar de agarrarnos a tiros y agredirnos mediante la prensa, lo que tenemos que hacer es conversar entre los actores involucrados directamente”, precisó.
El director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Carlos Romero, coincide en la apreciación de la coyuntura. Afirma que si el tema no se resuelve podrían surgir grupos guerrilleros, paramilitares, etc.

Sólo 6,5 millones de ha tituladas

La legalidad en el derecho propietario es la mayor demanda en el país. La requieren los poseedores de grandes extensiones que aseguran que cumplen la Función Económica Social (FES); los pueblos indígenas que intentan preservar sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO); así como los campesinos y colonizadores que también tienen predios en menor escala. Sin embargo, el proceso de saneamiento ha sido tan lento, que en ocho años apenas se entregaron títulos de propiedad a 22.000 personas dueñas de 6,5 millones de hectáreas en todo el país, de 107,2 millones de hectáreas que deberían haberse saneado.
Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra), también se han dotado certificados de propiedad a más de 4.000 personas por más de medio millón de hectáreas de tierras.
En el Inra se aclara que más del 50% de estos documentos (títulos y certificados de propiedad) han sido entregados en la gestión del presidente Carlos Mesa. El resto fue concedido en los gobiernos de Hugo Banzer, Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada.
“Nosotros no queremos más tierras. Pero, pedimos que se nos dé toda la legalidad y seguridad jurídica a la propiedad que ya tenemos”, aseguró Mauricio Roca, vicepresidente de la CAO.
Miguel Urioste, de la Fundación Tierra, cree que el proceso de saneamiento de la tierra implementado en 1997 no debe ser modificado pese a las falencias. “Son corregibles, sobre todo si hay voluntad de las partes para ser respetuosos de los derechos de los otros y si hay un Estado capaz de hacer cumplir la ley”, argumentó.
El término “reversión” parece ser una mala palabra para los empresarios del sector productivo. En 2001, durante la Cumbre de la Tierra en Bolivia, Juan Armando Antelo, que era presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional, dijo: “Que quede muy claro: aquel que tiene 500 hectáreas no desea tener 600. Pero sobre esta misma línea, no estamos dispuestos a permitir que mediante procedimientos jurídicos amañados y sesgados, esa propiedad disminuya ni un solo centímetro de tamaño”.
El actual vicepresidente de la CAO, Mauricio Roca, tiene una visión más amplia respecto a la reversión: “Con quienes no están cumpliendo con la FES, el Estado tiene que proceder de acuerdo a ley, en un proceso transparente, legal y sostenible”, respondió.
Según Urioste, en ocho años de saneamiento no se ha revertido ni una sola propiedad latifundista. Las extensiones de tierras que el Estado ha entregado a organizaciones campesinas y colonizadoras ha sido de predios fiscales que estaban desocupados.
El foco del conflicto por la tierra está concentrado en las tierras bajas, área que significa el 70% del territorio nacional y que abarca el Oriente, el Chaco y la Amazonia.
La Reforma Agraria de los años 50, al mismo tiempo que permitió la distribución de tierras de ex haciendas a los comunitarios del altiplano y valles, también promovió el surgimiento de latifundios en el oriente boliviano, según la publicación 50 años de la Reforma Agraria. Con el argumento de que las haciendas podían tener hasta un máximo de 50.000 hectáreas, la reforma permitió que se otorguen millones de hectáreas en dotaciones gratuitas en favor de dirigentes políticos, grupos de poder y cooperativas fantasmas, según el mismo documento.

Iglesia: la inequidad genera violencia

La Carta Pastoral de los obispos de Bolivia, denominada Tierra, madre fecunda para todos, afirma: “En el Oriente y Chaco las tierras fueron entregadas sin sentido de equidad, de modo que los sectores influyentes en el poder se apoderaron de las tierras más ricas, superando incluso los límites legales permitidos, y en algunos casos (esperamos sean los menos) la titulación fraudulenta en complicidad de políticos y gobiernos de facto”.
La Iglesia católica considera en ese documento que la injusta distribución de la tierra, cada vez más, separa la brecha entre pobres y ricos, que genera opresión, radicalización de posiciones, enfrentamientos violentos y muerte.
A finales del siglo pasado, la Iglesia planteó la necesidad de la reversión de las tierras improductivas. La Carta Pastoral advirtió sobre la urgencia de revertir tierras de los latifundios que no producen y de contemplar la posibilidad de expropiar otras propiedades que no cumplan su función social. “De lo contrario los pequeños productores no tendrán posibilidad de acceder a nuevas tierras; o movidos por la necesidad, seguirán asentándose de forma espontánea donde encuentren tierras, incluso en propiedades abandonadas, territorios indígenas, áreas protegidas y reservas forestales, y en regiones que no tienen capacidad de uso agrícola”, dice el pronunciamiento de la Iglesia que data de varios años.

Eulogio Núñez Aramayo / Técnico de CIPCA

Estado debe revertir los latifundios

Tanto la Constitución Política del Estado, la Ley Inra y sus reglamentos expresan, de manera clara y explícita, que las tierras que no estuvieran cumpliendo la Función Económica y Social (FES) son sujetas de expropiación y/o reversión al dominio del Estado para su posterior redistribución.
También, desde el punto de vista jurídico y legal, en nuestro país no se reconoce el latifundio y por lo tanto no debería existir.
Sin embargo, en tres ecorregiones de Bolivia (Chaco, Oriente y Amazonia), que abarcan los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, y parte de Chuquisaca y Tarija, aún persisten estas formas de ocupación ilegal de la tierra. Uno se pregunta: ¿Por qué siguen existiendo, si nuestra legislación no las reconoce?
La respuesta es que muchos operadores políticos en función de gobierno, simplemente no cumplen ni hacen cumplir nuestras leyes; Algunos son latifundistas y sus intereses están ligados al acceso y control de las tierras productivas.
Lo paradójico es que cuando los campesinos, indígenas y colonizadores piden al Estado que se expropie y/o revierta dichos latifundios, tal como mandan las leyes, inmediatamente estos latifundistas salen a la palestra pública para advertir que se está afectando la "seguridad jurídica" o a la "propiedad privada" y que inclusive estarían dispuestos a defender con sus propias manos, en caso de que se les toque un milímetro de su "patrimonio" que "laboriosamente" les ha costado adquirir.