Creían que el boleto para dejar de ser ilegales lo podían adquirir en la única calle de tierra que existe en la zona central de Madrid, donde funciona el Consulado de Bolivia en una pequeño cuarto que le prestó una institución benéfica.
Desde las cinco de la mañana, con la escarcha pegada al cuerpo, los bolivianos hacen una fila chueca y miran de reojo la hora mientras esperan temblando que sean las ocho. Están ahí porque precisan iniciar el trámite para conseguir el permiso de residencia que se inició el 7 de febrero y que concluirá el 7 de mayo a las siete de la tarde.
Cada día que pasa, los bolivianos sienten que se mueren porque los tres funcionarios que trabajan en un cuartito estrecho no pueden satisfacer a las 400 personas que llegan al Consulado cada día y que les exigen a gritos nuevos pasaportes y ayuda para conseguir de Bolivia el certificado de antecedentes penales, documentos que pide el Gobierno español para emitir los permisos de trabajo a todos los migrantes que llegaron al país ibérico hasta agosto del año pasado.
La noticia de que España se solidarizó con los llamados ‘sin papeles’ corre sin freno en los barrios latinos, en los metros y en todo lugar donde viven. Dicen que con el documento que les dé el Gobierno español van a conseguir mejor trato y trabajo.
El delegado consular de Bolivia en Madrid, Julio Aliaga, teme que con el paso de los días la avalancha de solicitudes no pueda ser controlada, puesto que apenas existen 4.600 bolivianos registrados legalmente frente a los más de 100.000 bolivianos que, por no tener papeles, sufren atropellos laborales, no sólo de españoles, sino también de los latinos que llegaron antes y que consiguieron estabilizarse económicamente.
Pero hay un gran problema, revela una alta fuente de la embajada que opera en otro sitio, en la calle Velásquez y Goya. Dice que los ‘pobres bolivianos’ están esperando en vano porque en el consulado no hay la cantidad de pasaportes que se necesitan. Hasta antes de que empiece el proceso de legalización había un pedido de 3.000 pasaportes y sólo existían 87 documentos para entregar cada mes. A ese ritmo, continúa la fuente, se tardarían 4 años en cumplir con las demandas. Resumiendo, el Consulado de Bolivia en Madrid está igual que los migrantes: viven como pueden.
La Cancillería trató de calmar a los desesperados bolivianos prometiéndoles que enviaría 500 pasaportes, pero hasta ahora no llegaron a Madrid.
Salomé Vargas espera que le entreguen su documento personal desde hace un año y cuatro meses; si hasta antes de mayo no lo consigue, no entrará al proceso de legalización que tanto esperaba.

Sólo el 0,5% tiene esperanzas

Las trabas que pone el Gobierno boliviana a los compatriotas que cuentan con una nueva oportunidad para tener permiso de trabajo en España, ya arrojó el primer efecto negativo.
De los casi 50.000 inmigrantes ilegales latinoamericanos que solicitaron el permiso de residencia y trabajo en España, sólo 477 son bolivianos, una cifra muy baja, tomando en cuenta que, según datos extraoficiales de la propia embajada, hay cerca de 100.000 hombres y mujeres que salieron de Bolivia rumbo a las ciudades y pueblos españoles.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de José Luis Zapatero, Jesús Caldera, dio la noticia de que los ecuatorianos son los que más están aprovechando la política de regularización que concluye el 7 de mayo. Por el contrario, los datos proporcionados por la autoridad revelaron que Bolivia y China son los países que están dejando pasar esta oportunidad.
El único beneficiado con la burocracia boliviana es Ramón Ortega, un beniano que aprovecha la multitud que se concentra en el consulado de Madrid. Es el hombre más esperado porque a las seis de la mañana llega con salteñas que las vende a dos euros. “Pariente, ya me cansé de ser camba de los españoles, prefiero congelarme vendiendo algo rico a los compatriotas”, dijo.

España necesita inmigrantes

Viejos. Si no llega una fuerte ola de migrantes, el año 2050 España será uno de los países con población más vieja del mundo, con un promedio de edad de 57 años por cada habitante.
Consecuencia. El Gobierno español y los estadistas saben que si no traen en los próximos 10 años un millón de extranjeros por año, ‘la cosa se va al garete’, es decir, sin gente joven el sistema de pensiones colapsaría puesto que no habría un fuerte aparato productivo capaz de soportar las exigencias de los pobladores viejos.
Resultado. De no haberse producido el flujo migratorio, la población española a principios de 2004 hubiera sido de 40,5 millones en lugar de 43,2 millones de personas.
Beneficio. Un informe publicado por el Banco de España destaca que en ‘términos netos’ las consecuencias de la llegada de trabajadores inmigrantes son positivas para la economía.