Una vez al mes y de manera infalible, cuatro bolivianos que escaparon de las garras del desempleo cargan una cruz negra de hierro y cinco velas blancas hasta la estación ferroviaria de un pequeño pueblo español, donde llegaron cansados y con mucha hambre.
Nunca habían escuchado hablar de Hellín. No sabían que el 10% de los más de 26.000 habitantes eran bolivianos ni que la ciudad está situada al sureste de la provincia de Albacete.
Otros bolivianos que llegaron antes, también con mucha hambre, sólo les habían dicho que mantengan la calma porque Hellín es un pueblo donde, por suerte, la Policía no tiene la maldita costumbre de ‘cazar’ extranjeros que trabajan sin papeles.
Desde el siete de mayo del año pasado, a Héctor Parada, Ronald Roca, Paola Peralta y a Darwin Balcázar les quema el alma cada vez que cruzan el paso a nivel de la estación ferroviaria. Fue ahí donde sus familiares, los cinco bolivianos que viajaban en el automóvil Opel Kadett rojo fueron arrollados por el tren bien temprano mientras el sol primaveral se abría paso en el cielo español y los relojes del pueblo marcaban las 7:35.
A las víctimas de aquel accidente los esperaban a las 8:00 en una hacienda ubicada a 30 kilómetros de Hellín para deflorar plantas de melocotones. “Pero el maldito tren les pasó por encima y les arrancó la vida y un montón de sueños”, dice con ira uno de los dolientes.
A un costado de los rieles, donde Mariela Salvatierra (27), Alberto Escalante (35), Eldy Guzmán Teco (28), Jesús Subirales (30) y Adriana Pérez Ruiz (32), no pudieron ganarle al tren que les robó la vida, queda un pedazo del maletero y la placa completa del auto. También hay velas derretidas y un pequeño hueco donde los familiares de los muertos intentaron colocar la cruz de hierro. Pero el Ayuntamiento les negó la posibilidad de dejarla parada como símbolo del duelo boliviano. Por eso, religiosamente cargan la cruz una vez al mes, encienden velas al lado del pedazo de chatarra que aún queda cerca de los rieles y oran en memoria de esos cinco compatriotas que jugaban su última carta de sobrevivencia en un país lejano y ajeno.
Mariela Salvatierra de Montaño vivía en la calle Paso a Nivel, a tres cuadras de donde el destino le tejió su muerte. Paola Peralda (18), prima de la desaparecida, sentada en el único restaurante de Hellín donde se vende sopa de maní y picante de gallina a la boliviana, recuerda que una semana antes de la tragedia, Mariela subió con un ramo de flores hasta la gruta de la virgen María para agradecerle por el empleo que consiguió después de tres meses de incesante búsqueda.
Siguiendo el ejemplo de sus compatriotas, Mariela también pensaba enviar dinero a Bolivia para que su madre evite que le rematen su casita y para la educación y alimentación de sus dos hijos que desde Santa Cruz reclamaban su cálido regazo.
Rutty Pérez, la hermana de Adriana, otra de las víctimas de la tragedia, no piensa dejar Hellín hasta que las autoridades le entreguen una indemnización y dijo que está decidida a luchar para que a los familiares de los muertos les otorguen el permiso de residencia para que puedan trabajar sin ser perseguidos como delincuentes. Este último anhelo está por convertirse en una realidad con la política de amnistía que está aplicando el Gobierno español.
A las tres de la tarde del miércoles 26 de enero pasado, por las calles casi desiertas de Hellín, Héctor Parada, tío de Alberto Escalante, que también murió atrapado entre los hierros, caminaba con la cara descubierta, soportando estoicamente el frío que se metía por los poros de su cuerpo, hacia la calle Paso a Nivel, donde vive, y de donde el auto rojo recogió a Mariela Salvatierra el 7 de mayo a las 7:30. “Aquí vivía, apunta el edificio de dos pisos. Mariela era la quinta ocupante del vehículo. Yo me bajé cinco minutos después de que lo hizo ella y me fui en otro automóvil. Pasé por la estación, pero jamás pensé que serían los bolivianos los accidentados”, cuenta casi sin aliento porque el frío le endurecía sus labios partidos. Del edificio sale otro boliviano, Héctor Escalante lo presenta como Darwin Balcázar: “Cómo estás pariente. ¿Sos de Bolivia? ¿Del periódico EL DEBER? ¿Estás haciendo un reportaje? Quiero pedirte que escribas que necesitamos que las autoridades de Hellín nos convaliden la licencia de conducir que trajimos de Bolivia. Eso no más sería. No me preguntes de mi familiar muerta por el tren. Ya no quiero seguir recordando...” Todos quedamos en silencio.

36 bolivianos marcados por las bombas del 11-M

Cuando explotó la segunda bomba, de las diez que sacudieron tres estaciones de trenes de Madrid el 11 de marzo de 2004, la humanidad del boliviano Tito Robles Vargas se transformó en una masa de sangre que milagrosamente empezó a gatear en el vagón del tren hasta que logró llegar a la calle Téllez y ser divisado por tres hombres.
Sufrió la pérdida de una parte de su dentadura, y su rostro y su cabeza quedaron dañados seriamente, al igual que sus hombros y sus piernas. Dice que murió por un instante y que mágicamente volvió a la vida.
Además de Tito Robles, otros 35 bolivianos fueron sacudidos por las bombas que, según dicen las autoridades españolas, fueron puestas por la gente de Al Qaida.
Para curar las pesadillas que se les prendieron en el alma aquella mala mañana de marzo, los 16 compatriotas se reúnen cada dos meses, cuentan sus pesadillas y aunque parezca detestable, buscan la forma de ver el lado positivo a tremenda desgracia, como por ejemplo, dejaron de ser ilegales y, por si fuera poco, recibieron la promesa de una indemnización económica. “Pero las secuelas siempre estarán con nosotros. Nos queda vivir con pesadillas”, cuenta otro boliviano afectado que no quieren que revele su nombre hasta que se sane por completo.

Cariñoso. Sus familiares lo recuerdan como un buen padre y esposo

Arriaza perdió la vida
y el país ganó un héroe

Para sus dos hijitos (7 y 5 años), Max Muth Arriaza siempre fue un héroe, sólo que no lo decían públicamente por temor a que se lo quiten.
Pero el secreto se supo a las 12:20 del pasado miércoles 3 de febrero, cuando el boliviano de 35 años de edad perdió la vida tras salvar a cinco personas en el incendio del restaurante municipal de Cornellá, en un barrio de Barcelona.
El fuego sorprendió al boliviano mientras colocaba una puerta anti incendios en el restaurante que se encuentra en la región de Cataluña.
El 25 de febrero, el pleno del Ayuntamiento de la localidad de Cornellá aprobó una moción que reconoce ‘la actuación humanitaria’ de Max.
Todos los partidos políticos representados en el pleno del Ayuntamiento aprobaron la moción, en la que se hace un reconocimiento público a Arriaza “al favorecer el desalojo del restaurante, evitando que se produjeran más desgracias personales”.
El Ayuntamiento de Cornellá destaca la ‘valentía’ y la decidida intervención que tuvo el ciudadano boliviano.
“Me queda la imagen de que Max fue un buen esposo y un buen padre”, dice la viuda Emilse Suárez Guzmán que se encuentra en el país. Llegó la pasada semana con el cuerpo de su esposo para enterrarlo en el cementerio de San Ramón, población beniana donde éste nació, creció y luego salió a buscar condiciones más dignas de existencia.
La mujer, que ya contaba con permiso de trabajo en España, dijo que el gran sueño de su difunto esposo era conseguir el documento para poder aspirar a mejores empleos.
La pareja boliviana se fue del país el año 2002 para, como lo hacen casi todos, conseguir lo que Bolivia no les da: un empleo.

¡Cuidado!
o te sanas,
o te mueres

En cenizas
El sueño español de Luis Alberto Claros sólo duró nueve meses. Estaba trabajando en una empresa distribuidora de harina, en Lleida, cuando le diagnosticaron un tumor en el cerebro. Postergó el envío de dinero a su esposa y dos hijos que dejó en Santa Cruz porque la enfermedad lo tendió en cama. Murió a comienzos de enero de este año y retornó al país en un frasquito bien cerrado, convertido en cenizas.
Ricardo Segovia, uno de los pocos parientes que veló a Claros, contó que cuesta una fortuna enviar un cuerpo sin vida desde España hasta Bolivia, algo así como 13.000 dólares.

Muerte y amenazas
Carlos Oscar Romero, era un obrero boliviano que trabajaba zigzagueando las leyes migratorias de España. Su nombre empezó a ser leído en algunos periódicos españoles cuando cayó de un andamio de ocho metros de altura hace dos semanas. En el hospital de traumatología de Granada entró en un coma profundo. Murió a la edad de 20 años.
Su hermano Agustín denunció que los empresarios de la compañía constructora Robles y Santiago, se acercaron a él y le dijeron que si hablaba del accidente a cualquier persona no descansarían hasta hacerlo expulsar del país.
Los medios españoles informaron que la Guardia Civil detuvo a los empresarios por los delitos de contratar a un inmigrante irregular, negarle su ayuda tras el siniestro (accidente en la obra) y tratar de esconderlo mediante amenazas.

Despedida trunca
Su último deseo de María Teresa Algarañaz era volver a Bolivia para despedirse de sus hijitos. Hace seis meses fue a buscar Trabajo a Madrid pero un cáncer le quitó primero los sueños de mandar dinero a sus seres queridos, y segundo, la vida. Se murió mientras en Santa Cruz sus tres hijos (dos hombres y una mujer) trataban de juntas mil dólares para los pasajes.