Orden. Debía trabajar en el control y cobro de parqueo en el centro de la ciudad. Además de fijar las multas

Elizabeth La Fuente

El municipio enfrenta un juicio arbitral interpuesto por la empresa Autopark, que exige el pago de $us 8 millones por la ruptura de un contrato que firmó el entonces alcalde Johnny Fernández en noviembre de 1996, pero que no fue homologado por el Concejo. La compañía presentó una oferta de trabajo para asumir el cobro de las multas a los conductores infractores y el control del estacionamiento en las principales calles del centro de la ciudad, situación que provocó conflictos de competencias con la Policía.
Según funcionarios de la Alcaldía, la notificación sobre la demanda llegó al municipio un día antes de que el ex alcalde Rómulo Calvo concluyera su mandato, pero habría firmado la citación y la ocultó. De acuerdo con las fuentes, los representantes de la nueva administración tomaron conocimiento del caso cuando recibieron el aviso del Tribunal Arbitral, conformado por los abogados Alejandro Melgar, Walker San Miguel y Jorge Asbún.
En respuesta a la acusación sobre el ocultamiento de información, el ex oficial mayor de Coordinación, Hugo Siles, dijo que Calvo lo único que hizo fue despachar la acción legal correspondiente al caso. Además, afirmó que todos los procesos y causas fueron informados oportunamente a la nueva administración, por lo que le resulta ‘raro’ que después de tres meses se enteren de los procesos legales que tiene pendiente el municipio.
A su vez, el ex alcalde Rómulo Calvo sostuvo que asistió a una audiencia de conciliación para continuar con el proceso y no pagar la cantidad que demanda la empresa. “Cuando dejé la Alcaldía el juicio arbitral estaba encaminado, por lo que se dejó la información respectiva”, retrucó.
Por su parte, la concejala Desireé Bravo, que también formaba parte del Concejo Municipal en noviembre de 1996 cuando se suscribió el contrato, sostuvo que no recuerda si el convenio se aprobó o no, porque la empresa era de los mismos dueños de Clisa, que tenía problemas con el Ejecutivo. “Si Calvo ocultó la información es un delito, porque una autoridad no puede hacer eso, va en contra del municipio. Se tendría que iniciarle un proceso civil y penal”, manifestó Bravo.
En tanto Reymi Ferreira, que en aquel tiempo era concejal, indicó que Autopark nunca operó porque era “un negocio redondo y una avivada” de una empresa chuta que no tenía capital. “Fue un negociado más de la época de Johnny Fernández, por eso el Concejo no aprobó ni homologó el contrato”, agregó Ferreyra que considera que sería lamentable que por negligencia el municipio perdiera el juicio.
Asimismo, el actual oficial mayor de Desarrollo Humano, Erwin Franco, que fue gerente administrativo de la empresa, manifestó que los propietarios de Autopark no le pagaron su sueldo por lo que se vio obligado a meterlos presos, tras ganarles un juicio.