Mariella Pereyra Ortiz

Durante las últimas semanas, el sistema político boliviano ha sobrellevado durísimas pruebas en un enrarecido escenario político, que ha puesto al descubierto la fragilidad de su institucionalidad democrática.
Si reconocemos que la evolución de una cultura democrática se mide por su grado de respeto a la ley, el margen de seguridad del sistema democrático radica en la presunción de que gobernantes y gobernados se rigen por disposiciones legales de alcance impersonal. Es decir, por preceptos que vinculan a todos, más allá de las relaciones de poder político, sindical, gremial o cívico que, previsiblemente, genera cada coyuntura política.
En la filosofía del liberalismo político, la soberanía supone el cumplimiento ordinario de leyes que han sido sancionadas y promulgadas por autoridades competentes. La voluntad popular se expresa de forma cotidiana en la práctica y el acatamiento del imperio constitucional del ‘Estado de derecho’.
En este contexto, las sociedades más democráticas son aquéllas que tienen mayor sensibilidad jurídica, no subestiman el valor del Derecho y han evolucionado lo suficiente para entender que la democracia no es el acto simbólico de colocar un voto en el ánfora, sino de contar con un marco jurídico que nos preserve del abuso y nos otorgue garantías.
Durante la pasada semana, el Consejo Nacional del Ministerio Público, órgano conformado por los nueve fiscales de distrito del país, rechazó la aplicación de la Resolución Administrativa 008/05, presentada por el Viceministerio de Justicia ante la Fiscalía General el día 9 del mes en curso, para procesar a quienes estaban obstruyendo el libre tránsito en la zona de Chapare.
A su vez, el fiscal general de la República, Pedro Gareca, declaró: “El país se enfrenta a una problemática social con alto contenido político, que no va a ser resuelta con la aplicación de disposiciones legales”.
En un contexto democrático me resulta incomprensible la pertinencia de la Resolución Extraordinaria 001/05 emitida por el Consejo Nacional del Ministerio Público y lo declarado por el fiscal general. Personalmente me pregunto: ¿Quién es el ente que tiene las facultades necesarias para garantizar el cumplimiento del Estado de derecho de los ciudadanos que, cotidianamente, nos vemos afectados por los bloqueos de caminos y otras medidas de presión? ¿Cuál es la entidad jurídica que debe promover la acción penal pública contra las personas que atentan contra los intereses y bienes del Estado, los derechos y garantías de las personas y la propiedad privada?
En todo caso, la coherencia me mueve a remarcar que los tres poderes del Estado, comprometidos en preservar la estabilidad democrática, desde el rol que le toca a cada uno desempeñar, podrían ver lo que pueden hacer antes que lo que la contraparte no hace.
No podemos seguir viviendo en una Bolivia en la cual las ‘burreras’ más notables y los atropellos más execrables encuentran cobijo en veredictos jurídicos y populares. Veredictos que son factores de peligro para la estabilidad democrática de un país que, de un tiempo a esta parte, padece de un exceso de diagnóstico y de una ausencia de terapéutica.