Roque Armando Camacho Negrete (*)

En la discusión de la nueva Ley de Hidrocarburos, el Gobierno, la mayoría parlamentaria y algunos voceros de partidos políticos afirman que el 32% de impuestos más el 18% de regalías suman el 50 por ciento de recursos para el Estado de Bolivia. Sin embargo, esa simple operación aritmética es errada, puesto que los sumandos (32 y 18) no son de la misma calidad y, por lo tanto, no suman 50.
Aquí existe una gran incongruencia o falta de sinceridad por parte de los que están sosteniendo la posición oficial, o, sencillamente, no nos están dando todos los elementos para la formación de un criterio correcto.
De tal manera que debe aclararse lo siguiente:
1. ¿El 32% de impuestos que se le pretende aplicar a las empresas petroleras es ‘descargable’ mediante facturas?
De ser ello evidente, sencillamente no habrá pago real del 32% de los impuestos a las empresas petroleras. Entonces, significa que Bolivia se queda con el 18% de las regalías, y las empresas petroleras se llevan el 82% del precio de los hidrocarburos.
2. ¿Podrán pagar las empresas petroleras el 32 por ciento con bonos u otros certificados emitidos por el Estado?
De ser ello cierto, también no habrá ningún ingreso tributario efectivo al Estado nacional.
3. ¿Se continuará dando el incentivo del 10 por ciento a las exportaciones de las empresas petroleras?
Por eso, las empresas petroleras podrían transar esos certificados de incentivos a las exportaciones en el mercado tributario nacional y obtener ingresos que verdaderamente le reduzcan su carga del 18 a sólo el 8%. En este caso, las petroleras se estarían beneficiando con el 92% del precio de los hidrocarburos y Bolivia, paradójicamente, sólo recibiría el 8%.
Estos aspectos deben ser aclarados urgentemente por los que están manejando ambas opciones, habida cuenta de que a la ciudadanía no se nos está brindando información sobre las cualidades de los impuestos que se pretenden aplicar.
Se teme, en caso de que el Estado no perciba real y efectivamente el 50% de los hidrocarburos en boca de pozo (impuestos y/o regalías), que cualquier otro monto menor no alcanzará para la sobrevivencia de la burocracia estatal ni para generar planes de desarrollo.
El Estado ha percibido aproximadamente 200 millones de dólares de las empresas petroleras por el 18% como carga tributaria el año pasado, y ese monto de recaudación ha motivado la aplicación de más impuestos directos (a las transacciones bancarias) e indirectos (‘dieselazo’), medidas que afectan a los ciudadanos y apenas son un paliativo momentáneo para el Estado.
De recibir el Estado real y efectivamente el 50 por ciento de los hidrocarburos (impuestos y/o regalías), aproximadamente 1.000 millones de dólares se quedarían tanto en el Tesoro General de la Nación como en las regiones.
En este caso, obviamente, no se tendría la necesidad de mendigar dádivas externas para pagar a la burocracia estatal, y habría recursos necesarios para emprender las obras postergadas, que generarían fuentes de trabajo y dinamizarían la economía.
Los voceros del Gobierno deben entender que el desprestigio contra los que se oponen a la fórmula 18 más 32 no es el camino adecuado para llegar a la verdad.
Por último, aclaro que pedir explicaciones sobre el 32% de impuestos surge de una duda razonable compartida por muchas personas.

* Abogado, catedrático de derecho agrario y operador de leyes; racn58@hotmail.com