Mario Rueda Peña

A raíz de los bloqueos que tuvieron semiparalizado al país, Carlos Mesa se vio emplazado a un destino inmediato: el restablecimiento del principio de autoridad. Pero igual que conductor aturdido por contradictorias señalizaciones, fue incapaz de alcanzar tan crucial meta. Mientras por un lado le exigían a gritos ‘¡mano dura!’ (algo así como emplear la fuerza militar y meter bala), por el otro le advertían (nada menos que el ‘Defensor del Pueblo’) que no se podía ‘criminalizar’ la protesta social, en tanto que los fiscales tiraban al canasto la ‘instructiva’ del viceministro de Justicia, con el argumento de que ellos no estaban para reprimir los bloqueos de calles y caminos. Izando la consigna de ‘mano justa’, el chofer del bus estatal tomó entonces el desvío hacia la convocatoria anticipada de elecciones generales para Presidente, vicepresidente y parlamentarios.
De tal modo quería que se levantaran los bloqueos y que el Parlamento le consolidara de forma tácita en el sillón presidencial. Sabía, igualmente, que diputados y senadores harían cualquier cosa, menos aceptar su pedido. Convocar elecciones generales equivalía para éstos a perder sus curules y la jugosa dieta.
Bueno, al final, las cosas se dieron tal y como el conductor las había planificado al tomar el atajo de la convocatoria adelantada de elecciones, sólo que ahora el pasaje del bus estatal, conforme lo acreditan recientes encuestas, más le rechifla que aplaude, a la inversa de lo que ocurría antes. Las diatribas son también para ese ‘bloqueólogo’ de renombre internacional que es ya Evo Morales. En cuanto hace a prestigio y credibilidad, los resultados de aquellos sondeos muestran al líder cocalero como bajando por un tobogán...
De nuevo en la ruta hacia el 2007, Mesa sigue tan desorientado como antes respecto al rumbo hacia el restablecimiento del principio de autoridad, que ahora es la exigencia básica que le hace la mayoría silenciosa del país.
Mesa y su Gobierno no están sólo desorientados, sino también muertos de miedo, incapaces de percibir las señalizaciones concretas hacia el restablecimiento de aquel principio para que haya orden y legalidad en el país. No con balas, que sólo favorecen a los bloqueadores porque les entrega en bandeja de plata los muertos y heridos que buscan, sino con la ley, la cual es la que realmente intimida. Esas señalizaciones no las tiene a los costados, que es adonde mira, aterrado, sino al frente. Fulguran con tonos intensos particularmente en el art. 286 del nuevo Código de Procedimiento Penal (CPP). Éste, respecto a la instigación pública a delinquir (reiniciar los bloqueos tras una pausa) que hacen Evo y sus aliados por todos los canales de TV (delito penado con reclusión por el art. 130), obliga a las autoridades de Gobierno a presentar ante la Fiscalía General de la República la respectiva denuncia criminal, con una relación circunstanciada de los ilícitos, así como de los nombres de los autores. Conforme al art. 289 del CCP, tras recibir la denuncia, el Ministerio Público debe entrar de inmediato en acción, en el marco de las obligaciones que le señalan el art. 70 (“Dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales”).
Si el Gobierno no hace lo anterior incurre en el delito de ‘omisión de deberes’, tipificado por el art. 154 del Código Penal. El fiscal general de la República también debe comparecer ante la diosa Themis si tirando la denuncia al canasto pretende hacerle creer al país que bloquear caminos no es delinquir, sino ejercitar un derecho irreprochable. Conste que hay delitos anteriores que aún no han sido ni siquiera investigados (los cometidos en el Chapare y otros lugares del país). La excepción honrosa en la línea del cumplimiento del deber, naturalmente, es la de Santa Cruz, donde fiscales que han leído y asimilado muy bien la Carta Magna, el Código Penal y su procedimiento apuntan ya al tristemente célebre líder campesino de los bloqueos de Yapacaní. No con armas, sino con los procedimientos preparatorios del respectivo juicio penal.
Lo peor que puede hacer Mesa es ignorar las señalizaciones del ordenamiento jurídico-legal del país. Si no se atiene a las mismas, corre el riesgo de rodar al abismo...