Encuentro. El presidente Mesa inauguró ayer la Segunda Sesión de la Asamblea de miembros de la Coalición. Hay el compromiso de mejorar las políticas

Hilton Heredia García

Santa Cruz representa el eje del problema y de la solución del tema tierra en el país. Sin embargo, por la coyuntura que se vive, se torna difícil atender las demandas de los dos grupos radicalizados (campesinos y empresarios) que pugnan por el derecho propietario de las mismas. El tema enojó a los productores agropecuarios.
La afirmación la hizo el presidente Carlos Mesa durante la inauguración de la Conferencia Internacional sobre acceso a la tierra que se lleva a cabo en la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana (AECI) y que concluye mañana. En el evento insistió en la necesidad de buscar soluciones en paz y diálogo al problema estructural de la tierra y planteó complementar la labor del gran productor con la del mediano y pequeño para generar mayores beneficios al sector.
El mandatario explicó que la temática tierra es difícil y compleja por los sectores que involucra, particularmente los más pobres.
“Uno de los temas más complejos que tiene que enfrentar nuestro Gobierno es el de los grupos radicalizados de campesinos e indígenas que creen que deben tener un acceso inmediato a la tierra y que, de hecho, están interviniendo en tierras productivas, frente a propietarios que están en el ámbito agroindustrial y que le exigen al Gobierno el reconocimiento de la seguridad jurídica, el derecho sobre la tierra y la garantía de que los aparatos productivos puedan llevarse adelante sin este tipo de acciones”, dijo.
Al respecto el presidente a.i. de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mauricio Roca, anunció que alista un juicio contra el primer mandatario por la falta de seguridad jurídica en el país.
Según la CAO, en este momento hay una decena de propiedades avasalladas, entre ellas El Paila, Claudia, entre otras.
“El acceso a la tierra debe ser de una forma democrática y legal. Donde haya tomas, necesariamente debe haber desalojos. Es más, debe ponerse en su sitio a cada una de las ONG porque son ellas las que promueven el desorden en el área rural”, sostuvo.
Carlos Rojas, presidente de Anapo, y George Prestel, de Fegasacruz, comparten el criterio de Roca y aseguran que fueron discriminados en el discurso del Presidente y que hay un intento de dividir al sector productivo.
Según la CAO, los pequeños, medianos y grandes productores coexisten pacíficamente en el departamento y no hay necesidad de enfrentarlos, sino que debe solucionarse el tema por la vía legal y con el accionar del INRA.
El ministro de Desarrollo Sostenible, Erwin Aguilera, dijo que la política de tierras debe orientarse principalmente al mayor uso forestal y al manejo sostenible de los recursos.
Según datos del INRA, de la superficie total de Bolivia, que asciende a 107 millones de hectáreas, la superficie saneada llega a 14 millones, representando el 13%; por sanear quedan 56 millones y las que están en superficie de proceso son 37 millones.
El director de la Coalición, Bruce H. Moore, sin ingresar en la polémica, dijo que en Bolivia, así como en los países que participan de la Asamblea, existe una búsqueda para apoyar los procesos de transformación de las políticas de tenencia de tierras, resolver conflictos, y construir sistemas de administración de tierras, mediante procesos participativos democráticos.
El experto agrega que aun en los países comprometidos a mejorar el acceso a la tierra y a la seguridad de tenencia la implementación es lenta, está retrasada o ha sido manipulada por intereses poderosos. “La paradoja es que si bien el objetivo de los procesos de reforma es promover cambios para ayudar a los más pobres, las instituciones, incluyendo al Estado, tienden a ser controladas por los ricos y poderosos”, complementó.