Conflicto. El Gobierno de Mesa no ha querido emplear la fuerza para desbloquear. La gente pide la intervención militar

Alicia Bress Perrogón

Una intervención militar para levantar los bloqueos de caminos es bien visto por el 62,6% de los ciudadanos que fueron encuestados entre los días miércoles y viernes de la semana pasada en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Sin embargo, el mismo porcentaje desaprueba un golpe de Estado.
Según un estudio elaborado por la empresa Captura Consulting para EL DEBER, la intervención militar donde más apoyo recibe es en las ciudades de La Paz (70%), Cochabamba (65,5%) y Santa Cruz (66,1), ya que son las más afectadas por los bloqueos y las movilizaciones de los diferentes sectores sociales. Sin embargo, en El Alto, la mayoría (51,3%), está en desacuerdo con que las Fuerzas Armadas participen en los desbloqueos.
No obstante, el apoyo a la intervención militar no significa que los bolivianos quieran que las Fuerzas Armadas tomen el poder, ya que el 62,6% está en desacuerdo con un golpe de Estado. Pero al analista político Carlos Valverde, le parece muy elevado el porcentaje de personas encuestadas (36%) que apoya un gobierno de facto.
Sin embargo, para la politóloga María Teresa Zegada, el índice de los que están de acuerdo con un golpe de Estado está un poco bajo, ya que en los procesos de crisis política es cuando más aparece un apego de los ciudadanos a que se ponga orden.
“Esto refleja el desencanto de la gente hacia los líderes políticos, aunque no creo que sea un porcentaje muy importante. El boliviano ha establecido una separación entre el sistema democrático y los actores que lo administran. Somos una sociedad básicamente democrática y tenemos, tal vez, el recuerdo de lo poco efectivos que han sido los golpes de Estado, que siempre estuvieron marcados por la excesiva corrupción”, expresó.
Similar es el criterio del analista político Álvaro García Linera, que manifestó que la encuesta muestra una creciente inclinación de la sociedad al empleo de la coerción legítima que dispone todo Estado para resolver conflictos, pero a la vez esto no significa que exista un apego a un gobierno autoritario.
“Hay un fuerte sentimiento de las personas de que el Estado ha perdido autoridad y hay un reclamo para que lo recupere, pero a la vez existe un rechazo hacia un golpe de Estado, porque se trata de un regreso a la autoridad, pero dentro del estado de derecho. La demanda de autoridad y de firmeza, no es una demanda de autoritarismo. La gente tiene la conciencia de no hipotecar, no embargar ni abandonar la democracia”, expresó el politólogo.
Sin embargo, dijo no estar seguro de que a estas alturas el ejercicio de la coerción legítima del estado de derecho democrático, sea suficiente para resolver los problemas, ya que el país no se arreglará ejerciendo la fuerza, puesto que nos encontramos en un grado de crisis estatal donde aún la coerción legítima es insostenible, si previamente no se hace una serie de cambios a la estructura del poder político y económico en Bolivia.
A su vez, el politólogo Carlos Cordero dijo que el resultado de la encuesta no debe llevar a pensar de que hay una mentalidad autoritaria de la ciudadanía. Agregó que lo que se debe analizar es que la gente está agotada y cansada de que la protesta social perjudique al país en términos económicos.
“El hecho de que los consultados apoyen una intervención militar en los bloqueos, no debe ser utilizado por los gobernantes para emplear la violencia legítima del Estado. Se tiene que buscar la solución a través del diálogo y los acuerdos políticos”, remarcó.
Zegada insistió en que la intervención militar es un recurso que puede emplearse en democracia, (estado de sitio o a la fuerza para desbloquear), tomando en cuenta que el cierre de carreteras es un acto delincuencial y que está reñido con las leyes del país, más aún cuando en estos últimos cuatro años el bloqueo se ha convertido en una práctica cotidiana como acción social.
La analista añadió que la gente está cansada porque los bloqueos han significado muchas pérdidas económicas no sólo para el país sino también para los diferentes sectores.
Luego de la renuncia del presidente Carlos Mesa, el pasado 7 de marzo, la empresa Captura Consulting realizó una encuesta en la que se incluía la pregunta de si las Fuerzas Armadas deberían actuar para acabar con las movilizaciones. En esa oportunidad, el 54,7% de los consultados respondió que no, mientras que el 45% opinaba que sí debería hacerlo.