Susana Seleme Antelo

Ésta es una de las frases más lúcidas del famoso ‘Manifiesto’, escrito hace casi 170 años, cuando Carlos Marx se refería a que todo lo estancado se esfuma y que lo nuevo se hace añejo antes de haberse consolidado.
Esta metáfora me ha interpelado los últimos días casi hora a hora, pero está presente desde octubre de 2003. Durante este tiempo se ha ido desvaneciendo la solidez de la institucionalidad estatal, que venía construyéndose desde 1982. Además de asistir a esta decadencia institucional, la incertidumbre nos ha cortado el aliento: ¿renuncia el Presidente, la acepta el Congreso?, ¿se aprueba la Ley de Hidrocarburos con 18% de regalías y 32% de impuestos?, ¿lloverán las demandas de las empresas?, ¿habrá elecciones anticipadas para renovar la representación política en el Congreso como quiere el Presidente?, ¿aprobarán la propuesta los parlamentarios? La irresponsabilidad, la demagogia y el cálculo político de unos y otros han sido exasperantes. La ciudadanía no se merecía ni merece ese tratamiento, venga del Ejecutivo, del Legislativo o de cualquier otro poder. ¡Ha sido patético!
El Presidente quiso modificar la correlación de fuerzas políticas en el Congreso, que de octubre de 2003 a hoy ya no responde a aquélla que le dio origen el 2002. Es obvio que los actuales parlamentarios no querían irse. Pero, ¿cree el primer mandatario que una nueva correlación política, con elecciones anticipadas y ‘a la rápida’, generará nuevas realidades que solucionen la crisis del país?
La que estalló en octubre de 2003 no se saldó con la sucesión constitucional que recayó en el actual Presidente. El problema es que la crisis era y es orgánica, de larga incubación: abarca no sólo la credibilidad y la legitimidad del sistema político, y de los aparatos del Estado, sino también la inercia gubernamental. Apunta a la crisis de los contratos sociales entre la sociedad y el Estado. Ha perforado los imaginarios colectivos de mejores condiciones de vida, de progreso, de empleo, de oportunidades materiales concretas, sin atisbos de realización, hoy por hoy.
El Gobierno en 17 meses de ejercicio parece añejo, estancado, entre encuentros y desencuentros con las fuerzas políticas del Congreso. El Gobierno del presidente Carlos Mesa se ha caracterizado por una inercia perversa: quiso gobernar sólo con la legitimidad de su popularidad. Pero gobernar exige más que la adhesión de las masas; exige aplicar la ecuación hegemonía más coerción, sin la cual el Estado anda cojo.
En octubre de 2003 las fuerzas en conflicto podían haber tenido una salida ‘cesarista’, en palabras de Gramsci, mediante el liderazgo carismático de un proyecto que pudo encarnar el presidente Mesa, por encima de los conflictos y las demandas sociales que originaron ese octubre y lo llevaron a la presidencia. ¿No pudo, no quiso, no lo dejaron?
Imposible negar la naturaleza encarnizadamente política de la crisis, pero en el fondo está la disputa velada por los excedentes que generará la nueva Ley de Hidrocarburos, su uso y destino. Hoy podemos arriesgarnos a decir que la riqueza gasífera del país es tal, que al parecer las empresa extranjeras no se irán y si se quedan, podemos pensar que no demandarán al Estado. Sin necesidad de exportar gas a Estados Unidos por Chile, origen de la revuelta popular de octubre de 2003, Bolivia tiene el mercado asegurado, con demanda en expansión en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, por interpósito en el país. Bolivia puede convertirse en el centro de distribución energética del cono sur. Entonces, ¡bienvenido el 18 más 32!
Ahora que sabemos que el Presidente no renuncia, que tampoco habrá elecciones adelantadas, pero que se ha roto el acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, ¿qué nos espera? Menos mal que el gas no es sólido, pero igual puede desvanecerse porque la crisis no es efímera. Enfrentarla exige un acuerdo político nacional. Bolivia se lo merece.