Willi Noack

Nuestro Estado democrático y de derecho está en peligro.
En los últimos 17 meses se ha incrementado la agresividad de una minoría que pretende instalar un Estado socialista-comunista.
Las pasadas semanas sirven de termómetro. Se evidenció la existencia de diferentes conceptos del futuro o de visiones de futuro. O la falta de un ‘proyecto Bolivia’ compartido por todos. ¡Imposible de todos! Pero en el caso de Bolivia, la minoría es irrespetuosa de la opción de la mayoría. Es de temer que esta minoría, luego de haber experimentado durante 17 meses un Estado sumamente débil, aspire ahora a lograr sus objetivos.
Los partidos políticos de la izquierda en su conjunto no ganarían más que un 20% de los votos en los comicios generales (¡realizados sin fraude!), ¡pero no obstante se presentan en la calle como ‘el pueblo’! Son apenas articuladores de grupos indoctrinados y hábiles en captar la atención de los medios masivos de comunicación que les dan cobertura, mostrándose más numerosos y grandes de lo que en realidad son. Escuché que no eran más de 3.000 personas (1.000 en Villa Tunari y 2.000 en ‘Brecha 3’) las que lograron la paralización del país con los bloqueos (2.000 camiones varados), por lo que muchos sienten el caos como la capitulación del Estado ante una minúscula fracción, y de ahí las protestas contra el presidente Mesa que no cumple su deber constitucional. (Las vacilaciones del Presidente no son tema de este artículo).
Se preparan juicios contra el presidente Mesa y procesos penales contra los sindicalistas.
El Estado debe ser fuerte, por supuesto dentro de los márgenes de las leyes. Los diálogos con la sociedad civil producen ‘insumos’, pero nunca se puede negociar las leyes con ellos, y mucho menos la CPE. Los diálogos se han convertido en estos tiempos en ‘dialoguitos’.
En este momento, el ‘pacto antioligárquico’ está preparando nuevas acciones. Hay una pausa, un ‘cuarto intermedio’ que obedece, probablemente, a necesidades logísticas de los bloqueadores (reabastecimiento de víveres, etc.) y a la opinión pública contraria y furiosa por los bloqueos. Sería muy ingenuo suponer que los objetivos alcanzados hasta la fecha por el ‘pacto’ signifiquen el restablecimiento de una paz social duradera. Los objetivos, según las palabras de los integrantes del ‘pacto’, son la nacionalización de los recursos naturales, de la banca y de las industrias, la expropiación de tierras a los terratenientes, etc., pues el objetivo es la constitución de un Estado socialista. La Asamblea Constituyente será instrumentalizada como una ‘AC revolucionaria’ con características de la revolución soviética. Ingenuo el ciudadano que espera que la lucha en las calles ha finalizado, ingenuo el Estado que no se prepara en esta pausa para diseñar acciones que tiendan a garantizar el orden constitucional.
¿Hay alguna solución? La primera sería restablecer, sin tolerancia, un orden constitucional y garantizar los derechos fundamentales constitucionales. Esto incluye el uso de las fuerzas de orden. Si después del cuarto intermedio declarado por el ‘pacto antioligárquico’ volviesen los bloqueos, la situación puede reventar. Es necesario respaldar a los defensores del orden constitucional contra una minoría extremamente agresiva. La segunda: paralelamente se deben implementar políticas concretas que tiendan a achicar la brecha entre los ricos y los indigentes. En concreto: exigir con rigor el pago de impuestos a un universo cada vez mayor, y promover el desarrollo económico local mediante la inversión pública en proyectos de desarrollo económico.

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