Jorge Siles Salinas

Deshumanización es, tal vez, la palabra que mejor cuadra en la acción criminal de Evo Morales y sus secuaces al tener retenidos en la ruta de Chapare a cientos de vehículos de transporte de carga y pasajeros durante días interminables. Las víctimas de esta siniestra maniobra son los conductores, los pasajeros, los productores agropecuarios, reducidos a una situación de hambre y extenuación, de terror y desesperación, en su condición de prisioneros de los forajidos que los han tenido en sus manos.
Chapare, región paradisíaca, dotada admirablemente para la atracción de un turismo masivo, privilegiada también por su inagotable producción de frutas tropicales, se ha convertido ahora en un verdadero espacio de pesadilla para más de un millar de personas sometidas a esta inicua tortura de la amenaza constante y la humillación atentatoria de los más elementales derechos humanos.
La condición propia en que tales personas se encuentran, entre ellas muchos niños y ancianos, es la de rehenes privados de su libertad bajo términos que fija el secuestrador, en situaciones semejantes a las que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial o en los horrores de la reciente contienda balcánica, para obligar al adversario a aceptar exigencias impuestas por voluntad de quien se siente por el momento dueño de sus vidas.
También en ciertos países de nuestra América desgarrada por la violencia, como en Perú, bajo la acción de la guerrilla asesina; o en Colombia, en la fatídica lucha que acongoja a los campesinos de ese país, promovida ciertamente por el narcotráfico, o en Centroamérica, en la época de los atroces enfrentamientos de los años 80, se generaron situaciones parecidas a las que hoy dan el triste espectáculo del trópico cochabambino. Aquí, igualmente, como en Colombia, es el narcotráfico el generador infame de la violencia que sufren tantas vidas inocentes, cuyos padecimientos conmueven el corazón de los bolivianos que no están inficionados por el virus de la demagogia o en situación extrema de demencia.
No se entiende cómo en el largo proceso iniciado en el 2000, en el que el bloqueo de caminos y de calles se ha convertido en práctica habitual del extremismo desenfrenado, no se ha aplicado una sola vez la cláusula del Código Penal (art. 213) que dispone lo siguiente: El que por cualquier modo impidiere, perturbare o pusiere en peligro la seguridad o la regularidad de los transportes públicos, por tierra, aire o agua, será sancionado con reclusión de 2 a 8 años. Es particularmente condenable la resolución de los fiscales reunidos en Cochabamba al declarar que no constituyen un acto delictivo alguno los bloqueos de caminos. El presidente Mesa tiene toda la razón al rechazar esta descomunal torpeza jurídica de los fiscales de la nación.
En el momento de redactar esta nota me llega la noticia de la suspensión del bloqueo de Chapare, mantenido con tanta perfidia y cobardía por el repudiado ‘tiranuelo’ que lo impuso. Pero esto no quita nada al espectáculo abominable que corrió por todo el mundo como demostración de la anarquía a la que se quiere arrastrar al país.
Comparto sin reservas los sentimientos de pesadumbre expresados en la noche del 15 de marzo por el Presidente de la República. Su sacrificada gestión es un ejemplo de dignidad, patriotismo intachable y moralidad a toda prueba que serán, seguramente, apreciados por la historia. Queda todavía la esperanza, por leve que ella sea, de su continuidad en el poder, habida cuenta del respaldo incuestionable de la gran mayoría de los bolivianos.