Instancia. El Senado será el escenario para continuar tratando la nueva ‘ley del gas’ a partir del próximo martes

Gustavo Ondarza

El tratamiento de la nueva Ley de Hidrocarburos que pasó la fase más complicada al ser aprobada por la Cámara Baja, se trasladará al Senado donde el Poder Ejecutivo tratará de modificar su esencia, según comentaron voceros del Legislativo y del Gobierno.
La premisa será cambiar el tenor del polémico artículo 53 referido al sistema porcentual que recibirá el Estado por la producción petrolera, aunque manteniendo la división del 18-32, es decir 18% de regalías y 32% de impuestos.
Lo que pretende el Ejecutivo es que los impuestos que tendrían que pagar las petroleras, sean acreditables para que éstas puedan deducirlos en sus casas matrices.
Actualmente, comentó el diputado Wilman Cardozo, la ley aprobada descarta tal posibilidad. “Queremos que se borre la frase de que los impuestos que pagarán no son acreditables ni deducibles, porque en ese caso las empresas tendrían que tributar alrededor del 85% de lo que produzcan, lo que hace inviable la política hidrocarburífera del país”, agregó.
Fuentes del Ministerio del sector coincidieron en la posición y se supo que el responsable de la repartición, Guillermo Torres, dirige personalmente la coordinación del trabajo del Poder Ejecutivo en el tema, para conseguir que se modifique esa parte de la ley.
Por su lado, las empresas petroleras continuaron en silencio y no hicieron comentario alguno sobre la norma, pero algunos de sus voceros señalaron que se iban a pronunciar a través de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos.
Pese a ello, Torres señaló a la agencia ANF que algunas, como la británica British Gas (BG), había enviado dos cartas en las que hacían saber que estaban tomando en cuenta ‘ciertos aspectos’ que se están modificando en las normas nacionales.
Uno de ellos, era el cambio en el precio del gas natural para el mercado interno (de 86 a 39 centavos de dólar, según la autoridad) en boca de pozo.
BG señala que dado que las normas establecían la libre comercialización y el hecho de que Bolivia imponga precios de esa naturaleza, iba en contra de la seguridad jurídica y lo estaban tomando en cuenta para posibles alegatos que pudieran realizar.
Entretanto, las organizaciones sociales como la Central Obrera Boliviana y la Confederación Única de Campesinos de Bolivia, anunciaron coincidentemente que darán tres semanas de plazo al Senado para que aprueben la ley sin modificarla sustancialmente, porque caso contrario volverán a movilizar a sus bases para protestar en las calles.
Similar el criterio del Movimiento al Socialismo (MAS), que según el parlamentario Santos Ramírez, ‘exigirán’ a través de su bancada de la Cámara Alta que en el caso del artículo 53, se imponga un 50% de regalías para el Estado y no la relación 18/32 explicada líneas arriba.
De no ser así, impedirán que se cambie el tenor original de esta parte en sentido de borrar las palabras no acreditable ni deducible de los impuestos que tendrían que pagar las petroleras.
“Si sacamos esas palabras, no recibiremos ni el 15% de impuestos porque en este país es fácil evadir tributos”, apuntó Ramírez.
Su colega Neptalí Mendoza (MIR), expresó un criterio parecido. “Por la vía de los impuestos es que las petroleras no pagan oportunamente, evaden o lo hacen cuando quieren y cuando pueden, y por último se someten a procesos contenciosos para dilatar o no pagar. Ese es el temor para que se les cobre tributos”, resaltó.
Al margen del punto, se espera hacer cambios a la ley en aspectos como la estructura del nuevo YPFB y la migración de contratos de riesgo compartido que se tiene con las empresas petroleras.