 Fiscal pide notificación de Goni en EEUU
Proceso. La Suprema debe aprobar un exhorto para convocar al ex Presidente y dos de sus ministros
Correo del Sur/EFE. Sucre
La Fiscalía General de la República inició ayer las gestiones para notificar
en Estados Unidos al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos ex ministros
del juicio de responsabilidades iniciado en contra de ellos en el país.
Sánchez de Lozada y los 15 ministros que colaboraban con él en octubre de 2003
son acusados del delito de genocidio por la muerte de 60 personas cuando tropas
del Ejército y de la Policía salieron a reprimir las protestas sociales de
entonces.
El pedido, firmado por el fiscal general Pedro Gareca, fue entregado a la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad de Sucre, donde tiene sede
el Poder Judicial, para su traslado a las autoridades judiciales de Estados
Unidos.
La petición está dirigida a notificar formalmente a Sánchez de Lozada y a los ex
ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Joaquín
Berindoague, los tres residentes en distintas ciudades estadounidenses.
Según datos presentados ante la Fiscalía General, el ex mandatario vive en Chevy
Chase, en el estado de Maryland, el ex titular de Defensa reside en Key Biscayne
(Miami, Florida) y el ex ministro de Hidrocarburos en Alta Mesa (California),
según señalan las autoridades judiciales.
El fiscal Gareca ha solicitado que la Corte Suprema apruebe un exhorto
suplicatorio judicial a las autoridades estadounidenses “para la citación
personal” de los sindicados “con las proposiciones acusatorias y requerimiento
acusatorio” libradas en contra de ellos.
En caso de que la petición sea aprobada, el exhorto será entregado al Ministerio
de Relaciones Exteriores, para que, por intermedio de la embajada boliviana en
Washington, sea trasladada a la Corte Suprema de Estados Unidos.
El juicio de responsabilidades contra las ex autoridades, autorizado por el
Congreso de Bolivia, se encuentra en la etapa previa de investigación, a la que
han comenzado a concurrir los sindicados para prestar su primera declaración.
Por otro lado, ayer se conoció que el Tribunal Constitucional anuló una parte
del trámite del juicio de responsabilidades por los hechos de ‘febrero negro’,
que actualmente se encuentra en el Congreso Nacional, al disponer que se vuelva
a tramitar un recurso de amparo del MAS sobre la resolución de rechazo del caso
que había dispuesto el ex fiscal general, Óscar Crespo Soliz.
Tanto el requerimiento conclusivo del Ministerio Público, como la remisión del
expediente al Congreso por parte de la Corte Suprema quedaron nulos y en los
próximos días se tendrá que llevar adelante la nueva audiencia, pero con la
salvedad que debe notificarse a los sindicados: Gonzalo Sánchez de Lozada,
Carlos Sánchez Berzaín, Freddy Teodovich y Alberto Gasser.
Carlos Mesa responderá a cuestionario
El Ministerio Público envió un cuestionario al presidente Carlos Mesa para
que pueda responder a algunos cuestionamientos sobre los hechos registrados
durante octubre de 2003 que derivó en la salida del ex jefe de Estado Gonzalo
Sánchez de Lozada.
El fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, informó de que se hizo llegar el
cuestionario a la Presidencia y espera que éste sea respondido en un plazo corto
para acelerar las investigaciones que llevan adelante la comisión de fiscales.
Sobre este aspecto, el viceministro de Justicia, Carlos Alarcón indicó que el
documento fue recibido, pero aclaró que no hay un plazo para responderlo, “pero
se le dará la celeridad debida”, dijo.
Por otra parte, Gutiérrez, señaló también que su colega, Mario Uribe, fiscal de
Chuquisaca, llegó a la sede de Gobierno para evaluar el avance de las
investigaciones de la comisión que pretende dar con los autores materiales e
intelectuales de los hechos registrados en octubre de 2003.
La Fiscalía General comenzó a recibir las declaraciones de varias ex autoridades
del gabinete del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en Sucre. Sin embargo,
la comisión que tiene a cargo ‘octubre negro’ aclaró que ello no impide que la
Fiscalía de La Paz convoque, por su lado, a los ex ministros.
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