En el exterior se envidia a Bolivia por el número y diversidad de sus parques forestales. Muchos países quisieran tener lo que nosotros poseemos aún en selva virgen que rebalsa de exótica biodiversidad y riqueza forestal, dentro de un despliegue paisajista que deslumbra a cualquiera. Países que de ninguna manera se igualan a Bolivia en estos atributos, como algunos de Centroamérica y el Caribe, han convertido las pocas junglas que todavía les quedan en centros de atracción turística que les garantizan millonarios ingresos. Imagínese el lector la forma en que repuntaría entre nosotros la industria sin chimeneas si la infraestructura vial se diese la mano con la paz social y la seguridad jurídica a favor del turismo nativo y foráneo en nuestros paradisíacos parques naturales. Tendríamos réditos iguales o quizás superiores a los que actualmente obtenemos por los hidrocarburos y algunos productos de exportación. Esto, sobre todo, si concebimos y ponemos en ejecución políticas de conexión vial de las zonas en que se encuentran nuestros parques naturales con el eje troncal Santa Cruz-Cochabamba-La Paz y las rutas de acceso al Atlántico y Pacífico.
Lamentablemente, ominosos obstáculos salen al paso de tan buenas perspectivas. El principal guarda relación con la crónica incapacidad del aparato estatal para preservar la existencia de nuestros parques forestales. A pesar del marco legal, bastante avanzado e idóneo que nos hemos dado, creando inclusive una Superintendencia Forestal encargada de atender todos los asuntos del problema, la verdad es que solo se perciben avances ciertos en lo que concierne al manejo del bosque en la explotación forestal, cuyas normas son observadas por los empresarios del ramo. En cuanto a la preservación misma de los parques naturales que albergan la riqueza forestal, la situación no podía ser más preocupante, como lo ponen de manifiesto últimas informaciones sobre la tala indiscriminada e ilegal de ricas especies madereras en casi todos los parques naturales del país. Los últimos casos se registraron en las reservas de Choré, en Santa Cruz, y en las del Parque Nacional Madidi, en el norte de La Paz. Hay también precedentes de igual acción depredadora en la región del Amboró. Mientras algunos invaden tierras ajenas, otros se adentran en los parques naturales, motosierra en mano. Están conectados a grupos inescrupulosos de comerciantes que compran la madera para distribuirla a precios inferiores a los vigentes en el mercado entre carpinterías grandes y pequeñas, cuando no para contrabandearlas al exterior.
No hay una auditoría forestal actualizada sobre la extensión de las áreas boscosas depredadas de la forma citada en los diferentes parques, pero es casi seguro que ella ascienda a centenares de miles de hectáreas. Grave, porque si continúa esta progresión, los parques naturales tienen sus días contados. En pocas decenas de años no quedará de ellos sino superficies lisas, incapaces del efecto benéfico que para la biodiversidad y la sostenibilidad del desarrollo agropecuario generan actualmente, garantizando un normal régimen fluvial. Se secarán las fuentes de los ríos de gran riqueza piscícola y biodiversidad animal instalada en sus riberas. Desaparecerán las cascadas que tanto atraen a los turistas en las últimas estribaciones vallunas de la cordillera andina...
El Gobierno no debe cruzarse de brazos ante lo que acontece en los parques forestales, como lamentablemente lo hace en otros frentes de la problemática nacional. Consideramos que su deber inexcusable es tomar definiciones equivalentes a tapón definitivo a la depredación ilegal de la riqueza forestal en todos los parques naturales del país. Urge someter estos espacios a la jurisdicción militar. Que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de las tareas de vigilancia y control de la explotación maderera, a fin de garantizarnos que nadie deprede nada y todos se atengan a las normas de manejo sostenible que prescribe la ley.

Bloqueo a los bloqueadores

Raspapinchete

A ver hasta dónde llega el Ministerio Público que, a través de un proceso, busca sentarles la mano a los instigadores y ejecutores de los bloqueos de caminos que se realizaron en los últimos días en el departamento. Dicho proceso ya fue puesto en marcha con las respectivas citaciones a una media docena de acusados, entre ellos el dirigente Címar Victoria, uno de los que desde hace largo rato lleva la batuta en la zona norte de la región por donde cruza la estratégica carretera Santa Cruz-Cochabamba, que fue tapizada de escombros logrando paralizar completamente el libre tránsito de personas y vehículos consagrado en la Carta Magna del país.
La acusación contra Victoria y sus seguidores se sustenta específicamente en los atentados contra los servicios públicos, sabotaje y daño económico al Estado. Esos cargos tienen prevista para sus responsables una pena de hasta quince años de presidio.
Paralelamente, los empresarios locales también se han sumado a la acción de la Fiscalía del Distrito contra los bloqueadores, en procura de restablecer la seguridad jurídica y el respeto al trabajo.
En contraflecha a esas acciones parece ir nada menos que el Fiscal General de la República para quien los bloqueos de las rutas no son delitos (¿) y soslayando su gravedad, los encasilló en meros recursos de las protestas y movilizaciones sociales. ¿Qué tal?
En tanto, lo único que a estas alturas queda meridianamente claro son los enormes perjuicios y las cuantiosas pérdidas que se calculan en varios millones de dólares que experimentaron productores y empresarios cuyas cargas, por efecto de las salvajes medidas de los bloqueadores, no llegaron a tiempo a destino.
Ni qué decir de los miles de ciudadanos que experimentaron una suerte de calvario, sufriendo de sed, hambre y hasta malos tratos, tras quedar varados durante días en las zonas donde tuvieron lugar los bloqueos.
Es de esperar que a la Fiscalía de Santa Cruz no le tiemble el pulso y avance en su cometido. Que con la misma vara mida absolutamente a todos los que violen los derechos ciudadanos y que, aplicando estrictamente la ley, contribuya a borrar el estigma de 'bloqueadora' aplicado a una región como la nuestra a la que, por valederas razones, no le hace el saco...