 Ayuda internacional seguirá inalterable pese a conflictos
Riesgo. La nueva Ley de Hidrocarburos podría repercutir en las inversiones del sector, pues las petroleras la califican como una norma confiscatoria
Gustavo Ondarza
La ayuda económica internacional al país canalizada por organismos como el
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), no cambiará pese a los conflictos sociales y
económicos que soporta Bolivia, aseguraron en el Ministerio de Hacienda.
Hace dos días, una fuente del Gobierno aseguró que dichos organismos habían
comunicado que estaban evaluando la situación a raíz de la aprobación
legislativa de la nueva Ley de Hidrocarburos, que es resistida por el Poder
Ejecutivo y también por las empresas petroleras.
Se indicó que el asunto podría repercutir en la consolidación del respaldo
económico extranjero.
Según Hacienda, la comunidad internacional tiene comprometido para el país un
apoyo de $us 112 millones para este año, entre créditos y donaciones, que se
están desembolsando, según cronograma establecido.
Consultado sobre el tema, voceros y representantes en Bolivia del FMI, del BM y
del BID coincidieron indistintamente en señalar que no se pronuncian sobre el
manejo socioeconómico y político de cualquier país, y menos en el caso
boliviano.
También confirmaron la versión del Ministerio de Hacienda en sentido de que los
proyectos y planes de ayuda están inalterables.
Uno de ellos es el programa de emergencia respaldado por el FMI denominado stand
by, que está sujeto a la aprobación del directorio de esta entidad financiera.
Se informó de que la misma estaría definida hasta abril, cuando se sabrá a
cuánto ascenderá el apoyo económico.
El sector privado nacional, a través de la Confederación de Empresarios Privados
de Bolivia, también se refirió al tema, indicando que no se puede descartar una
eventual reducción de la ayuda de financiadores extranjeros, si es que se
refrenda una norma confiscatoria para las inversiones en el campo de los
hidrocarburos.
Petroleras no se pronuncian sobre la ley
En el sector petrolero esperan que la nueva Ley de Hidrocarburos aprobada por
el Parlamento sea promulgada por el Poder Ejecutivo para hacer conocer su
posición oficial al respecto.
Ayer se anunció que iban a emitir un comunicado sobre el tema a través de la
Cámara Boliviana de Hidrocarburos, pero al final no fue así.
Aún así, se conoció que la directiva de la entidad está en reunión permanente,
al igual que los departamentos jurídicos de las empresas petroleras, evaluando
en detalle el tenor de la nueva ley.
La futura norma, ya aprobada por la Cámara Baja, gravará con 55 ó 56% la
actividad extractiva, incluyendo regalías, el impuesto directo a los
hidrocarburos (IDH) y el tributo a las utilidades (IU) que no será deducido,
explicó el ministro sectorial, Guillermo Torres.
El IDH de 32% es directo y calculado en el punto de fiscalización, "se aplicará
de manera directa y no progresiva sobre el 100% de los volúmenes de
hidrocarburos medidos en el punto de fiscalización en su primera etapa de
comercialización", señala el artículo 53 aprobado.
Además, "este impuesto se pagará de manera mensual y no admite deducción ni
acreditación alguna", agrega.
Hay apremio contra los bloqueadores
El Ministerio Público a través del fiscal de distrito Jaime Soliz, anunció
que librará mandamiento de apremio en contra de los instigadores y cabecillas de
los bloqueos de caminos que se realizaron en el departamento.
Soliz indicó que en primera instancia se emitieron las citaciones respectivas
contra siete acusados, pero que no se presentaron a declarar para defenderse de
las denuncias en su contra.
Entre los sindicados está el dirigente Címar Victoria, de Yapacaní, a quien se
le abrió un proceso penal por daños y perjuicios.
El caso ya está en manos de un juez cautelar y la investigación la realiza el
fiscal Rolando Caicedo.
Jaime Soliz, señaló que a Victoria y a otros se los acusa por atentado contra
los servicio públicos, sabotaje y daño económico al Estado nacional, entre
algunos, pues, según pruebas, fue el promotor del bloqueo de la carretera en
Yapacaní y el cierre de válvulas de un pozo petrolero .
La denuncia está respaldada por el Comité Cívico de Yapacaní. /GO
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