David Rojas Elbirt

Dejemos de lado los convenios entre los policías y los amos del transporte urbano, así como las amplias prerrogativas selladas en decenas de decretos supremos. Callemos la injusticia cotidiana por la que miles de choferes carecen de derechos laborales y subvencionan con 15 horas de trabajo forzoso a empresarios de la economía informal. Olvidemos, como lo venimos haciendo hasta ahora, las lecciones de urbanidad que micreros y ‘no-micreros’ damos a las nuevas generaciones de ciudadanos de Santa Cruz. Ni mencionemos los casi 100 millones de dólares que las y los pasajeros entregan al año a cambio del favor que nos hacen los micreros al atiborrar nuestras calles de embotellamientos y contaminar el ambiente.
Salvo lo anterior, para un epistemólogo aficionado el rigor científico de los reyes de las calles salta a la vista. Como auténtica comunidad de científicos, los usurpadores de la urbanidad han elaborado su propio ‘programa de investigación’ (término del epistemólogo Lakatos), con un núcleo duro de bienes primarios resguardados por bienes secundarios que forman un cinturón protector. Los corsarios del tráfico mantienen hace más de 20 años un núcleo de ideas básicas que jamás negocian realmente, y utilizan a los más débiles de su rubro como cinturón protector de privilegios. Su racionalidad es simple y elegante como una demostración matemática: las apetitosas rutas en los anillos del centro son protegidas por las famélicas y sensibles rutas de los anillos más alejados.
¿Qué está pasando con el ‘programa de investigación’ de los creadores del Bs 1,80? Su núcleo duro ya no es efectivo para resolver problemas con el Gobierno, con los pasajeros y con sus ‘choferes-esclavos’. Al no generar nuevas ideas han dejado de crecer, han perdido su capacidad de anticipación, desechando así las buenas ideas de programas rivales (Alcaldía, Superintendencia de Transportes, ciudadanos, ONG, universidades, etc.). El núcleo prepotente de los magos de la velocidad, que por tradición han malparido alianzas y han infiltrado a personalidades en todos los gobiernos nacionales y municipales, mantienen una actitud dogmática al aferrarse, como sea, a sus privilegios por encima de la ley y el sentido común. ¿Qué racionalidad prevalecerá?, ¿la de los ciudadanos que están dispuestos a no utilizar los micros y así poder llegar a fin de mes?, ¿la de funcionarios públicos sin preparación para hacer cumplir la ley?, ¿o la racionalidad de los pulpos propietarios que ‘gatillan’ el futuro de las familias de los choferes y los pequeños propietarios que estallan en las calles? ¿Hasta cuándo los bandos utilizarán a los pequeños propietarios de micros? ¿Cuánto tiempo más durarán las condiciones inhumanas en las que trabajan los choferes? ¿Hasta cuándo se mantendrá esta confusa situación en la que nadie rinde cuentas por los millones de dólares que pagamos para viajar en nuestra ciudad? ¿Hasta cuándo?