Gabriela Ichaso Elcuaz

“Cuando la Ley Sirese distorsionó la Ley de Participación Popular puesta en vigencia unos meses antes por el propio presidente Sánchez de Lozada, el centralismo quitó a las autonomías municipales la tuición sobre los servicios públicos como transporte, energía eléctrica y telecomunicaciones. Lo hemos reclamado siempre y de cara a sus autores y promotores. De manera coherente, el Concejo de Santa Cruz de la Sierra ha mantenido de manera unánime su posición de recuperar las competencias cercenadas. Y en cinco años, no ha habido una sola gestión seria o un anteproyecto de ley presentado por el alcalde ante el Congreso de la Nación…” (GIE, EL DEBER, noviembre de 2004)
En diciembre pasado el Concejo aprobó por unanimidad una ordenanza que instruyó al alcalde la licitación inmediata de todas las rutas del transporte público en nuestra ciudad y el rechazo al intento de la Federación de Transportistas de incrementar el costo del pasaje, porque hoy recuperar el transporte público urbano para el ámbito municipal es una cuestión de visión de futuro, de modernidad, de seguridad ciudadana, de economía popular, de inversión para el desarrollo local y de calidad de vida.
Tenemos un sistema de transporte público monopólico, tirano y carísimo. El servicio que presta es inseguro por el estado de los vehículos y por los choferes que no respetan el derecho del usuario, ni de los peatones ni de los demás conductores; tirano y monopólico porque si a ellos les da la gana de bloquear, los ciudadanos estamos paralizados, nuestros derechos violados y, además, obligados a no asistir al trabajo o a hacer nuestras tareas diarias; carísimo porque pagamos un pasaje que no nos garantiza un transporte que use las paradas y no nos abandone o recoja a media calle; los choferes no tienen beneficios sociales, ni horarios ni salario, existen innumerables micros en los mismos recorridos, y Los Pozos, La Ramada, el Abasto y el Mutualista se han convertido en terminales de buses.
La propuesta frente a esta irracionalidad negociada por las autoridades de turno es una ley de la República (planteada por algún parlamentario o, bien, mediante alguna iniciativa legislativa ciudadana) que devuelva la competencia a los gobiernos municipales sobre la planificación, las condiciones técnicas, el diseño, la licitación y la concesión de rutas distritales del servicio de transporte público urbano, así como su control y supervisión en aquéllos con una población mayor a los 50.000 habitantes. El Poder Ejecutivo reglamentará y coordinará el traspaso de dicha competencia a los gobiernos municipales en un período igual o menor a 180 días.
Una licitación internacional pública permitirá que las industrias automotrices del mundo nos ofrezcan los micros que hagan falta, a gas desde la fábrica, con dimensiones para avenidas y radiales, con diseño y comodidad para nuestro subtrópico, con tarjeteros magnéticos y controladores de velocidad incorporados. El gobierno municipal, que consiguió financiamiento de la CAF para la doble vía a la Guardia en un dos por tres, logrará sin duda recursos para apoyar la implementación de un sistema de transporte público, como el que nos merecemos, y en el que los transportistas que se animen no sólo ganen con la tarifa del pasaje, sino siendo creativos, vendiendo publicidad en sus micros, construyendo miniterminales barriales con otros servicios para la población, etc.

(*) Ciudadana en ejercicio. E-mail: cuentoconvos@hotmail.com