Reclamo. El titular de la CEPB Roberto Mustafá, pidió la remoción de fiscales

Agencias. EL DEBER

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) exigió ayer la inmediata renuncia de los fiscales del país, luego que la Fiscalía General de la Nación se opusiera a intervenir de oficio en los bloqueos de carreteras en territorio boliviano.
Mientras tanto, el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Sostuvo que el Ministerio Público mantiene su posición ya que ellos, como le señalaron en el documento enviado al Presidente, no pueden actuar de oficio.
Nosostros dimos nuestra negativa al pedido que nos hizo el viceministro de Justicia, porque no tiene tuición sobre el organismo, señaló Soliz, al agregar que eso lo debió hacer el Presidente o en su caso el ministro de Gobierno,
En su comunicado el titular de la CEPB, Roberto Mustafá, dijo que rechazan absolutamente la carta de la Fiscalía y pide la inmediata renuncia de sus titulares.
Para el sector, los bloqueos son un daño económico y un delito que está consagrado dentro de la Constitución Política del Estado. Y la posición del Ministerio Público estaba en contra de la Carta Magna e interpretada “a su gusto y conveniencia, tratan de adecuarla a sus intereses, omitiendo la poca seguridad jurídica que queda en el país”.
La Fiscalía había aclarado que la preservación del orden público “es tarea del Presidente de la República” y los órganos naturales del Ejecutivo.
La resolución fue asumida por el Consejo Nacional del Ministerio Público, conformado por los fiscales de distrito del país, luego de analizar el pedido del viceministerio en base a los reglamentos internos del Ministerio Público.
La Fiscalía General consideró que “las protestas sociales, exteriorizadas en marchas, huelgas, paros y bloqueos por sí mismas no constituyen acto delictivo alguno”, y recuerda que la propia Constitución “establece el derecho a la huelga como una facultad legal de los trabajadores”.
Sin embargo, la resolución advierte que el Ministerio Público “será implacable al promover la acción penal pública contra todos aquellos que atenten contra los intereses del Estado, así como contra quienes afecten los derechos y garantías de las personas y la propiedad privada”.
Pero a criterio de los empresarios, los fiscales están en contra de la CPE donde expresa el derecho de protestar, pero no de bloquear, porque se quita a la población su libertad de movilizarse por todo el país. “A ver que en lugar de bloquear, nosotros no pagásemos impuestos para protestar”, se preguntaron.