 Transportistas rompen con la Alcaldía y fijan la tarifa en Bs 1,70
Servicio. Las unidades del transporte salieron ayer a las 21:00 a trabajar con la nueva tarifa. Unos la aceptan; otros no
Hilton Heredia García
Se rompió el diálogo. Los transportistas cruceños decidieron ayer volver a
prestar el servicio público con una nueva flexibilización de la tarifa para las
personas mayores. A partir de hoy cobrarán Bs 1,70 pese a la resistencia de los
sectores sociales y de la Alcaldía municipal.
Después de sendas reuniones durante todo el día con el alcalde Percy Fernández y
el presidente del Concejo Municipal, Óscar Vargas, el sector del autotransporte
determinó salir a las calles con la tarifa de Bs 1,70 y advirtió que si los
sectores sociales y la Alcaldía intentan frenarlos, inmediatamente paralizarán
las actividades indefinidamente en todo el país.
Ángel Villacorta, secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de
Bolivia, afirmó que desde hoy se congelan los precios de los pasajes para los
universitarios y escolares, en tanto que la tarifa para adultos se incrementa a
Bs 1,70.
“Pedimos a las autoridades nacionales y departamentales las garantías
correspondientes para poder salir a las calles a cumplir con nuestro trabajo.
Advertimos que en caso de que nuestros compañeros sean hostigados y
amedrentados, el transporte nacional decretará un paro indefinido a partir de la
próxima semana”, enfatizó.
El dirigente lamentó que las autoridades municipales no entiendan al sector,
toda vez que la tarifa para personas mayores también fue flexibilizada.
Por su lado, el secretario general del Sindicato de Micros de Santa Cruz, Hernán
Velásquez, dijo que la Ordenanza Municipal aprobada por la comuna no tiene
validez alguna, pese a ello se comprometió a respetar el transporte libre y dejó
que sea la población la que decida el nuevo precio del pasaje para los adultos.
La reacción, sin embargo, no se dejó esperar por parte de la Federación
Departamental de Juntas Vecinales, que anunció una dura batalla en las calles
para frenar la imposición.
Precisamente hoy a las 10:00, los sectores sociales sostendrán una reunión en el
rectorado para analizar el tema y determinar las medidas a adoptarse en las
próximas horas.
La Alcaldía municipal insistió en la declaratoria de transporte libre para
resolver la emergencia, pero no se pronunció oficialmente sobre el incremento
del precio de los pasajes.
El alcalde Percy Fernández dijo que continuará el diálogo con los diferentes
sectores, con miras a lograr una solución definitiva.
A partir de hoy más de medio millón de personas que diariamente utilizan este
servicio público, podrán elegir entre subir a los micros o si optan por los
camiones, camionetas y taxis.
La dirigencia fue rebasada por las bases
El secretario ejecutivo de la Federación de Transportistas 16 de Noviembre,
Wálter Gómez, negó haber ordenado el bloqueo de las arterias de la ciudad
durante el paro de su sector la anterior semana.
Según el fiscal de Materia, Rubén Ortiz, que le tomó ayer las declaraciones a
Gómez, dijo que el dirigente pidió que no estén los medios de comunicación, pero
informó de que la dirigencia fue rebasada por las bases y por lo tanto no tiene
culpa en los hechos violentos protagonizados por los choferes contra la
población, la Policía y algunos medios de comunicación.
“Vamos a analizar la situación en las próximas horas. Si existen los elementos
suficientes y las pruebas vamos a proceder a imputarlo ante un juez cautelar.
Mientras tanto, vamos a citar a los otros dirigentes, porque hay documentos
donde aparecen sus firmas”, manifestó.
Ortiz agregó que existen cuatro querellas más contra los dirigentes Hernán
Velásquez, Luis Fuentes, entre otros, que serán citados en las próximas horas en
las dependencias de la Policía.
Por su lado, los otros dirigentes señalaron que están dispuestos a brindar las
declaraciones informativas cuando así lo requiera la autoridad competente.
Gómez y el resto de los denunciados serán investigados por los supuestos delitos
de asociación delictuosa, lesiones graves, daños a la propiedad privada y
atentado contra los servicios públicos, cuya pena es de 2 a 6 años de cárcel.
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