 El transporte cede pero el paro indefinido sigue
Ampliado. La dirigencia del autotransporte nacional declaró ayer un nuevo cuarto intermedio en el tema de la tarifa. Hoy podría firmarse un acuerdo final
Hilton Heredia García
El transporte cruceño está dispuesto a flexibilizar más el precio del pasaje
para las personas mayores, pero bajo ciertas condiciones. La nueva tarifa a ser
definitivamente fijada hoy a las 10:00 en el Concejo Municipal será de Bs 1,60 ó
1,70.
Según fuentes a las que tuvo acceso EL DEBER, la dirigencia del autotransporte y
el presidente del Concejo Municipal prácticamente ya oficializaron el acuerdo y
sólo faltaría el aval del ampliado nacional que concluye hoy a las 09:45 en
nuestra ciudad.
Mario Jaldín, presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte (Fedectrans)
y designado ayer como portavoz oficial del sector, dijo que se avecina un
acuerdo con la Alcaldía y se intenta dar un punto de equilibrio o intermedio
para que ninguna de las partes sea afectada.
“Hemos notado mucha predisposición de parte del presidente del Concejo Municipal
en querer dar solución al tema de las tarifas. Dios quiera que saquemos humo
blanco”, dijo Jaldín.
Sin embargo, algunos transportistas hablan de dejar a la libre oferta y demanda
los precios de los pasajes, sea ésta de Bs 1,50 ó 1,80, además de exigir que la
tarifa sea condicionada a que los choferes que se encuentran detenidos sean
liberados en forma inmediata, sólo así firmarán un acuerdo con la Alcaldía.
Luego de cuatro horas y media de reunión, el ampliado nacional efectuado en la
Federación de Transportistas 16 de Noviembre, determinó declarar un cuarto
intermedio con miras a que el alcalde Percy Fernández firme el acuerdo que
permita poner fin al paro que ya lleva ocho días. El documento sería firmado en
las próximas horas en el despacho del presidente del Órgano Deliberante, Óscar
Vargas.
Al respecto, Vargas, manifestó que el problema pasa por el crecimiento de la
ciudad en forma desordenada y que algunos micros recorren entre 35 y 40
kilómetros de punta a punta y sobre calles que han tenido un escaso
mantenimiento.
“Hay micros que cobran Bs 1,50 y trabajan sobre pavimento y otros que lo hacen
de la misma forma y con un recorrido mayor y sobre tierra, eso es algo que hay
que mejorar y poner en orden”, señaló.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Ángel
Villacorta, dijo que están abiertos al diálogo, y hoy seguirán con el ampliado
nacional.
Similar criterio fue vertido por el secretario general del Sindicato de Micros
Santa Cruz, Hernán Velásquez, que anunció que se vislumbra un acuerdo, pero todo
dependerá del ampliado nacional y de la voluntad de las autoridades.
La superintendente de Transporte a.i., Jenny Reyes Leaño, expresó su acuerdo con
el posible convenio, ya que se enmarca en lo establecido por la ley.
Por su lado, la Alcaldía municipal no descartó la propuesta, aunque aclaró que
la libertad de los detenidos está en manos de la justicia y no es problema de la
comuna.
El Ministerio Público prepara el proceso
El Ministerio Público prepara el proceso judicial contra los dirigentes y
choferes que incurrieron en actos de presunto vandalismo la semana pasada, que
durante dos días provocaron conflictos callejeros y se enfrentaron a la Policía
Departamental.
Un total de cuatro querellas criminales fueron interpuestas por la Federación de
la Prensa, la Policía y dos civiles contra los dirigentes del autotransporte y
algunos choferes, dos de los cuáles guardan detención preventiva al haber sido
reconocidos por las víctimas cometiendo supuestos hechos vandálicos.
El fiscal de Tránsito, Rubén Ortiz indicó que tiene seis meses para acumular
todas las pruebas y sustentar la imputación, luego que más de una decena de
transportistas fueron cautelados y la mayoría se encuentra con medidas
sustitutivas.
El secretario general de la Federación de Transportistas “16 de Noviembre”,
Wálter Gómez, no quiso comparecer ayer ante el fiscal en la PTJ para prestar su
declaración informativa, argumentando problemas de salud, situación que fue
demostrada según el representante del Ministerio Público.
"Voy a tomar las medidas necesarias para que el mencionado dirigente declare en
el centro hospitalario donde se encuentre, porque es acusado de instigar a su
sector a cometer desmanes", dijo.
Gómez y el resto de los denunciados, serán investigados por los supuestos
delitos de asociación delictuosa, lesiones graves, daños a la propiedad privada
y atentado contra los servicios públicos, cuya pena es de 2 a 6 años de cárcel.
A ello se suma una denuncia de amenaza de muerte contra un chofer asalariado.
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